6.900 guerrilleros de las FARC ya están concentrados en 26 zonas en Colombia… ¿y qué sigue ahora?

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Tras la última marcha de las FARC, empieza en Colombia el largo camino de la implementación para el proceso de paz, un recorrido que no estará exento de riesgos y problemas.

Pasados más días de lo esperado, caminando, viajando en buses, barcos, camiones, pero finalmente llegó este sábado el último grupo de guerrilleros, cerca de 300, al municipio de La Montañita, en el departamento sureño del Caquetá.

Unos 6.900 miembros de la guerrilla (32% mujeres) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ya se encuentran en las 19 zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) y siete puntos transitorios de normalización (PTN, más pequeños) distribuidos en 14 de los 32 departamentos de Colombia.

Se trató de un enorme esfuerzo logístico necesario para que se inicie el proceso de dejación de armas y la posterior reintegración de los guerrilleros a la vida civil.

Ahora comienzan una serie de pasos cruciales, un camino que presenta riesgos de diferente dificultad, en el corto, mediano y largo plazo.

BBC Mundo hace una revisión de lo que viene en lo que resta del camino para llevar a la realidad el acuerdo de paz firmadoen noviembre de 2016, para poner fin a un conflicto de más de medio siglo que ha dejado más de 220.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos y casi 7 millones de desplazados internos.

Corto plazo

En lo inmediato las FARC vienen exigiendo que las ZVTN y los PTN estén en condiciones, con la infraestructura básica y los materiales necesarios para construir las viviendas para los guerrilleros (los “campamentos” en los que deben vivir).

Es algo que se está resolviendo poco a poco, pero ha generado dificultades.

De hecho, en una carta fechada este viernes, que se filtró a los medios, el jefe de la misión de Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, le escribió con preocupación a la comisión de seguimiento de la implementación del proceso de paz, en la que están el gobierno y las FARC (la ONU confirmó la veracidad de la misiva).

Les dice allí: “La mayoría de los campamentos de las FARC-EP (Ejército del Pueblo, FARC-EP es el nombre completo de la organización) ni están listos, de acuerdo a los criterios acordados con el gobierno (…) ni han sido delimitados con precisión”.

Arnault señala que esto puede llevar a incidentes, de diverso tipo.

Uno de los riesgos en este período tiene que ver con las violaciones e incumplimientos al cese el fuego, en el marco del cese el fuego bilateral entre el gobierno y las FARC. Un mecanismo tripartito (Naciones Unidas, gobierno, FARC) lo verifica y monitorea (MMV) y está presente en las zonas y puntos.

De acuerdo con el MMV, se han producido cinco hechos confirmados entre el 31 de diciembre de 2016 y el 24 de enero de 2017, que van desde operaciones militares a una distancia no permitida de las zonas de ubicación de las FARC, hasta enfrentamientos entre miembros de la guerrilla y rebeldes disidentes.

Por otra parte, las FARC deben ahora desmovilizar a los menores, algo a lo que se habían comprometido hace varios meses. Se espera que comiencen la semana entrante.

El alto comisionado para la paz del gobierno, Sergio Jaramillo, dijo acerca de los menores: “Lo que acordamos es que una vez que entren a las zonas y nos entreguen la información al gobierno de cuántos menores de 18 años (…) hay en las FARC, entonces esos menores comenzarán a salir a unos lugares transitorios en cabeceras municipales cercanas, donde serán evaluados”.

Mediano plazo

Según lo pactado, a lo largo de unos seis meses, contados desde el 1 de diciembre pasado (el acuerdo admite extensiones), las FARC deberán dejar en forma progresiva las armas. Durante ese período se mantendrán concentradas.

El acuerdo señala que las armas deben entregarse en tres etapas (1 de marzo, 31 de marzo y 30 de abril) a miembros de una misión de la ONU y se acumularán en contenedores. Al final del proceso se fundirán y convertirán en tres monumentos que se colocarán en Colombia, Cuba y Nueva York.

No obstante, la carta de Arnault pregunta si debido a que algunos campamentos posiblemente no estén listos antes de fines de marzo, ni estarían instalados los contenedores para almenar las armas: “¿Estarían de acuerdo las partes con recalendarizar (sic.) el inicio de la recepción escalonada por la misión (de la ONU) hasta esa fecha (31 de marzo)? ¿O estarían dispuestas a considerar otras opciones de entrega gradual?”.

De acceder, seguramente sería un calendario más comprimido, ya que las partes insisten en que no quieren modificar la fecha de cierre de las zonas de transición, que hoy está establecida para el 31 de mayo.

Durante el tiempo que pasen concentrados, los miembros de las FARC recibirán capacitación para salir al mundo laboral, obtendrán cédulas de ciudadanía y serán registrados en el sistema de salud.

Aunque no hay claridad aún en los plazos, es posible que al final de esos seis meses aquellos guerrilleros que no hayan cometido crímenes graves sean amnistiados (la amnistía para los crímenes políticos, de rebelión y conexos es parte del acuerdo).

La falta de claridad respecto a las amnistías sigue siendo un punto de tensión entre las FARC y el gobierno.

De hecho, este viernes el Ejecutivo expidió un decreto que reglamenta las amnistías contempladas en el acuerdo y con el que espera que empiecen a aplicarse sin problemas.

Jorge Restrepo, director del Centro de Estudios para el Análisis de Conflictos (CERAC), cree que en este período un riesgo potencial, aunque no alto, sería una acción contra las FARC, para atacar el proceso.

¿A quién podría interesarle hacer esto? Según le dijo Restrepo a BBC Mundo, al crimen organizado: “Porque el éxito del proceso con las FARC significa que se liberan recursos de seguridad y justicia que se pueden dirigir contra ellos”.

Se espera que en mayo las FARC realicen el congreso para constituir su partido político, que tendrá un número limitado de asientos garantizados en el Congreso durante los dos próximos períodos. Pablo Catatumbo, miembros del secretariado de la guerrilla, le confirmó en entrevista a BBC Mundo que no presentarán candidato propio, sino que darán su apoyo a alguna figura que pueda garantizar la implementación del acuerdo de paz.

En todo caso, el inicio de la participación política por parte de las FARC es un paso crucial del acuerdo. El gran riesgo en este punto tiene que ver con el temor de las FARC de volverse objetivo de ataques, como ocurrió durante la década del 80 con miembros del partido Unión Patriótica (algunos provenientes de esa guerrilla), miles de los cuales fueron asesinados.

Jean Arnault, de la ONU, hizo referencia a esta preocupación en su carta, pero no sólo a esa “Nos parece indispensable que la marcha del proceso de paz hacia la dejación de armas deba acompañarse de avances tangibles en los ámbitos jurídicos, socioeconómicos y de seguridad que alivien las preocupaciones de los miembros de las FARC-EP”.

En este contexto, un punto de preocupación tiene que ver con el asesinato y amenazas a líderes sociales y de derechos humanos en Colombia en el último año. Según el gobierno hubo 64 atentados y homicidios en contra de estas personas, aunque la Fundación Paz y Reconciliación (Parés) estima la cifra de asesinatos en 93 para el año 2016 y diez en lo que va de 2017.

Otro elemento de preocupación, algo que expresan habitantes de las zonas que han ocupado históricamente las FARC, es qué ocurrirá ahora que la guerrilla las ha dejado.

Como señala en un reciente informe de Parés, las FARC han pasado de operar en 242 municipios del país a concentrarse en 26 veredas (la más pequeña unidad geográfica rural), lo que ha dejado libre más del 90% del territorio que ocupaban.

Allí, esa institución ha detectado como riesgos la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN, la segunda guerrilla más importante del país, que está a punto de iniciar su propio proceso de paz con el gobierno), la de bandas criminales (hoy llamadas por el gobierno grupos armados organizados, que en general tienen su origen en la desmovilización de paramilitares de derecha a mediados de los años 2000), el aumento de la delincuencia común y la acción de disidencias de las FARC.

Para evitar que las zonas sean tomadas por otros actores ilegales, el gobierno ha dispuesto un despliegue militar descrito así por el presidente Santos: “68.000 efectivos están dedicados a copar el espacio, atacar los grupos ilegales que pretenden hacer presencia y a garantizar la seguridad de las regiones más afectadas por el conflicto”.

A esos se suman otros 15.000, dijo el mandatario, cuya misión es mantener el orden alrededor de las zonas en las que están concentradas las FARC.

Otro punto sobre el que no hay total claridad es cuándo exactamente y cómo las FARC entregarán su dinero y sus bienes para reparar a sus víctimas, algo contemplado en el acuerdo. Tampoco hay certeza sobre cuánta riqueza tienen.

Largo plazo

En el largo plazo debe terminar de implementarse el acuerdo de paz y llevarse a cabo los procesos de las justicia pactada, mediante un mecanismo que se crea especialmente para este fin, llamado Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Para que pueda considerarse un éxito, la JEP necesita funcionar con celeridad, transparencia y eficacia. Si se percibe que este mecanismo no funciona de manera correcta podría traer serias críticas sobre el proceso e incluso la intervención -tal vez en años- de instancias judiciales internacionales, como la Corte Penal Internacional.

De acuerdo con el International Crisis Group, que realiza un seguimiento detallado del conflicto colombiano: “El acuerdo carece de la legitimidad política para implementarse en el mediano y largo plazo especialmente si la oposición llega al poder en 2018”. La organización cree probable que quien sea presidente en 2018 rechace al menos una parte del acuerdo.

Ariel Ávila, investigador de Parés, advierte por su lado que existe el riesgo de que el gobierno (el actual o el siguiente) no cumpla con las partes del mismo que tienen que ver con la reforma agraria y la política.

Los puntos de reforma agraria y política son los de más transcendencia del acuerdo en el largo plazo, porque implican transformaciones de la sociedad colombiana, mientras que los otros puntos tienen que ver con la salida de las FARC de la lucha armada y son más coyunturales.

La advertencia de Ávila se vio reflejada en un comentario reciente de Jaramillo, el alto comisionado para la paz: “Mi mayor preocupación es que en Colombia el interés por el poder tienda a derrotar el interés por la paz. Ese es el escenario que enfrentamos ahora. Hay quienes están dispuestos a atacar abiertamente el proceso de paz para conseguir sus fines políticos y hay quienes lo hacen de manera subrepticia o a través de terceros”.

Para garantizar que se realicen las reformas contenidas en el acuerdo, el presidente Santos presentó un “gabinete para el posconflicto”, integrado por ministros y funcionarios del gobierno. Sin embargo, varias de las reformas deberán ser implementadas o continuadas por un próximo presidente.

Existen también riesgos a nivel internacional, especialmente de la mano de la incertidumbre que acompaña al recientemente instalado gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

Por un lado, podría dar marcha atrás en los cerca de US$450 millones comprometidos por ese país para el posconflicto en Colombia en 2017.

Además, EE.UU. podría decidir que la ayuda a la lucha antinarcóticos debería tener un corte más militarista y menos de desarrollo mediante proyectos productivos de sustitución de cultivos, que es a lo que apunta uno de los puntos del acuerdo de La Habana.

Volviendo a Colombia, clave en el largo plazo será el proceso de reintegración de los guerrilleros a la sociedad.

Como dice Jorge Restrepo, de CERAC: “Existe el riesgo de que desmovilizados que lleguen a las ciudades puedan involucrarse en situaciones de crimen o incluso que generen problemas de intolerancia social, de rechazo por parte de los ciudadanos”.

Pero no solo en las ciudades, los guerrilleros rasos especialmente, si no encuentran qué les de sustento, podrían terminar involucrados en organizaciones criminales en cualquier parte del país. BBC Mundo supo de guerrilleros a los que les llegaron este tipo de ofertas en zonas rurales.

Para que el proceso de reintegración funcione, la sociedad deberá estar preparada para aceptar a los guerrilleros en su seno. Será difícil, especialmente teniendo en cuenta que en el referendo de octubre pasado triunfó el “No” al acuerdo de paz, que debió luego ser modificado y refrendado por vía legislativa.

Como le dijo en una entrevista reciente el timorense José Ramos-Horta, premio Nobel de Paz 1996, a BBC Mundo: “No se puede alcanzar la reconciliación por decreto, no se puede legislar”.


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