La iniciativa fue postulada por Katherine Miranda , Representante a la Cámara por el partido verde, en ella se pretende la eliminación gradual entre 2023 y 2026 de dicho impuesto. La propuesta resalta que el gravamen pasaría a 2023 al 3×1000, en 2024 al 2×1000, en 2025 al 1×1000 y a 2026 ya no estaría en circulación.

El vacío fiscal sería rellenado con un impuesto a los ingresos altos, aplicable a personas con ingresos superiores a los 25 millones de pesos mensuales. Además busca derogar los beneficios otorgados a las mega inversiones aprobadas en 2019.

Este impuesto nació en 1998, bajo el decreto 2331 de 1998, producto de la emergencia económica invocada por el gobierno para enfrentar la crisis financiera del momento. A su tiempo fue firmado por figuras ministeriales como; Andrés Pastrana, Ministro de Interior; Néstor Humberto Martínez, como Ministro de Relaciones Exteriores; Fernando Araujo Perdomo, como Ministro de Minas y Energías y Martha Lucia Ramírez, como ministra de Educación Nacional.

El gravamen tenía una vigencia de un año pero en el año 2000 fue convertido de transitorio a permanente, con una contribución del 2×1000 para retiros de cuentas ahorros y corriente, depósitos en Banco de la República y emisión de cheques de gerencia. La tasa incrementó meses después al 3×1000 con la Ley 633 , en la que Juan Manuel Santos fue firmante como Ministro de Hacienda y Crédito territorial y en 2003 aumentó al 4×1000 de forma transitoria hasta 2007 con la Ley 863, cobijada por El entonces presidente Uribe. Lo transicional duró meses, en 2006 se fijó como permanente bajo la Ley 1111, en ella, Uribe firmante como Presidente y el cuestionado Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda y Crédito Público.