Una serie de denuncias se vienen dando por parte de algunos docentes quienes al solicitar sus prestaciones sociales ante el Fondo del Magisterio de la gobernación de Bolívar se encuentran con una serie de supuestos requerimientos ilegales que no son más que presiones para exigir el pago de prebendas económicas de funcionarios de la entidad.

La principal dificultad se presenta cuando los docentes del departamento cumplen su ciclo laboral y solicitan su pensión, la cual según la norma debe ser resuelta en los 45 días siguientes a la solicitud, cumpliendo con todos los requisitos; pero en el Fondo de prestaciones sociales del Magisterio sus funcionarios comenzando por los radicadores de la oficina de atención al ciudadano de la gobernación de Bolívar aducen una serie de impases para obligar al docente a ofrecer dadivas para su diligenciamiento oportuno.

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El Secretario de educación departamental Oscar Marín

Al cumplir otras etapas con funcionarios de otro nivel también se muestran los obstáculos al solicitante y con la desatención presionan al docente hasta llevarlo a la más precaria situación, negándole con el transcurrir del tiempo la asignación de sus derechos adquiridos por la dedicación a la noble causa de educar, por muchos años.

Al consultar al Secretario de educación departamental Oscar Marín, al respecto, la primera respuesta del funcionario fue: “Eso es viejo, pero lo que no tenemos son denuncias concretas”. Denuncias que los docentes afectados no presentan ante las autoridades competentes porque son alertados, que de hacerlo, se verían involucrados en una investigación judicial por los delitos de concusión o cohecho.

Otra grave situación irregular se presenta cuando funcionarios de la gobernación ofrecen en calidad de préstamo a los docentes grandes cantidades de dinero, con usureros intereses, mientras esperan que les salga la pensión y por lo general más del 80% de la liquidación de su pensión queda entre los integrantes de esta red que trafica con las prestaciones sociales de los maestros del departamento y donde supuestamente participan funcionarios de todos los niveles administrativos inclusive de la secretaria de educación departamental.

Con la investigación se persigue identificar a los integrantes de esta Red de traficantes con los dineros que deben recibir los docentes después de trabajar por años educando a los niños y jóvenes del departamento, con su pensión; para que no los sigan esquilmando vilmente y se les castigue con el peso de la ley.

Miembros del Sindicato único de educadores de Bolívar vienen adelantando una campaña de concientización entre sus asociados para que no sean presa de la desesperación económica en la solicitud de sus prestaciones y hagan valer las normas establecidas en el Art 3 de la ley 91 de 1989 y el Art 56 de la ley 962 del 2005 y ante todo se cumpla la obligación de recibir y radicar en estricto orden cronológico las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de prestaciones sociales del magisterio, de acuerdo con los formularios que ha adoptado la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho fondo; que para el departamento de Bolívar es el BBVA, sobre el cual tambien se denuncia del por que estos pagos se hacen en una sola Agencia de la entidad en Cartagena cuando la transferencia debe reflejarse sistemáticamente en cualquier sucursal.

Por: Luis Manuel Madero Marriaga