Bolivia enfrenta su peor sequía en décadas

En las zonas de La Paz más castigadas por la crisis de agua la gente se agolpa tras los camiones cisterna y algunos deben subsistir hasta dos días con 50 litros. El ejército custodia los camiones que hacen suministro para algunas de las más de 340.000 personas afectadas.

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El lecho seco del lago Poopó, cerca de Llapallapani, en Bolivia

Los vehículos más cotizados en los barrios de la ladera este y la zona sur de La Paz no son ni los Mercedes-Benz, ni los Volkswagen último modelo ni los todoterreno. Son los camiones cisterna que se mueven con parsimonia llevando agua por la ciudad.

El suboficial Ramiro Flores, conductor del ejército especializado en transporte pesado, dice que no ha visto nada similar desde que estuvo en Haití con los cascos azules bolivianos, donde repartía agua en los orfanatos. Flores llegó hace poco de la localidad fronteriza de Pisiga, cerca de Chile, para combatir los efectos de la sequía que azota a la región desde hace meses. Maneja un camión cisterna fabricado en 1998 y trabaja casi 24 horas al día, cuenta, con descansos esporádicos entre entrega y entrega de agua.

La emergencia estalló a principios de noviembre, cuando la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) emitió un comunicado que informaba del comienzo de un racionamiento porque las dos represas que suministran agua a más de 340.000 personas en 94 zonas de La Paz estaban a niveles mínimos. Días después, el gobierno ordenó la destitución del gerente de la empresa. El presidente Evo Morales comparó la situación con un terremoto. Epsas endureció los cronogramas de corte: estableció tres horas de agua por sector cada tres días.

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Las denuncias por el incumplimiento de los horarios de distribución se multiplicaron, hubo bloqueos en algunas calles y avenidas principales de La Paz, y también marchas de protesta de los “sin agua” con eslóganes en contra del partido gobernante: “Gota a gota, nuestra paciencia se agota” y “Agua sí. Evo no”, decían algunas de las pancartas.

Poco antes de las diez de la mañana del 25 de noviembre, el suboficial Flores llevaba varios minutos atravesando rectas interminables y curvas cerradas para llegar a los predios de Alalay, una fundación que trabaja con menores de escasos recursos. Su misión era alimentar un depósito subterráneo que utilizan 80 niños. Transportaba alrededor de once mil litros de agua para ellos y una botella grande de soda para calmar la sed dentro del camión cisterna. Dos soldados de pocas palabras custodiaban la carga.

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Sus movimientos respondían a las órdenes del Centro de Operaciones de Emergencia, una especie de Estado Mayor en miniatura donde proliferan los mapas. Es el lugar desde donde se monitorean los camiones cisterna y los volúmenes de agua de los tanques fijos que se han instalado en diferentes puntos de la ciudad para ayudar a los vecinos más desesperados.

Según Mario Peinado, el general a cargo de la logística, hay más de 700 militares movilizados y un centenar de vehículos colaborando en la entrega de agua. Las estadísticas oficiales dicen que entre el 21 de noviembre y el 25 de noviembre se distribuyeron 6.447.400 litros de agua, el equivalente a casi dos piscinas olímpicas y media. Los pronósticos aseguran que no habrá lluvias fuertes hasta mediados de diciembre.

Para Juan José Espada, quien vive en uno de los barrios afectados por la escasez de agua, la primera señal de alarma apareció en el cuarto de baño: una mañana, cuando despertó, el tanque del inodoro seguía vacío. Desde entonces cuenta los días sin servicio de agua potable como si se tratara de un condenado a muerte: nueve, diez, once, doce.

Espada tiene cuatro bidones en los que acopia agua gracias a la colaboración de sus amigos. Usa la descarga del retrete una sola vez al día. Aguanta dos días con solo 50 litros: la mitad del consumo promedio que la Organización Mundial de la Salud considera óptimo para el ser humano. Y emplea un balde naranja para recolectar agua de lluvia para la ducha. Pero hasta el momento, dice, no ha logrado recoger nada.

El paisaje en barrios como el suyo es una sucesión de escenas atípicas: la gente se agolpa tras los camiones cisterna con bañadores, cubos y botellas. Los especuladores venden tachos de colores al doble y triple de lo que valían hace un par de meses.

Hay camiones cisterna privados que cobran más de 150 dólares por el agua que antes vendían a 40 o 50. Algunas cafeterías han cambiado sus cucharillas de metal por otras de plástico y sus tazas por vasos de cartón desechables. Los colegios han adelantado las vacaciones. En los periódicos han empezado a ser noticia las tormentas fugaces.

Eduardo Forno, director de la oficina que la organización Conservación Internacional tiene en La Paz, dice que la escasez de agua está relacionada con varios factores: fenómenos climáticos extremos como El Niño, el aumento de las temperaturas, una reacción tardía de la empresa que gestiona el agua, la lentitud en la construcción de más represas y el rápido crecimiento de dos ciudades: La Paz y El Alto.

Para Forno, la situación actual es un tanto paradójica: “Bolivia está entre los 18 países con más oferta de agua dulce del planeta, pero las precipitaciones no son uniformes —explica—, y dos años seguidos de estrés hídrico en un sistema que no recibe demasiada agua suelen convertirse en un problema serio”.

La sequía, una de las peores de las últimas décadas, también se ha hecho notar en el resto del país. En la ciudad de Cochabamba y en las comunidades del Chaco, la falta de lluvias es casi endémica. El año pasado desapareció el lago Poopó del departamento de Oruro.

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Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, dijo en una entrevista la semana pasada que, a corto plazo, las alternativas para superar la crisis son la perforación de pozos y la canalización de nuevas fuentes de agua. Recomendó a la población “adaptarse” a la contingencia hasta que se intensifiquen las lluvias. Y lamentó la falta de previsión de Epsas, la empresa que administra el agua: “El vicepresidente ha anunciado un proceso penal contra los responsables por incumplimiento de deberes. Porque no hay un delito mayor que dejar a la población sin agua”. La Contraloría General del Estado acaba de iniciar una investigación para establecer posibles irregularidades. La fiscalización podría demorar varios meses.

En el jardín de Ivonne Tejada hay media docena de baldes repletos; uno tiene un pajarito ahogado. Tejada tiene 38 años y dos hijos. Vive en uno de los distritos castigados por el racionamiento y dice que se turna con sus hermanos para preparar el almuerzo, así comen todos en una sola casa y gastan menos agua.

El año pasado, por estas fechas, Ivonne ya había instalado su pesebre, ya había decorado su árbol de Navidad y ya estaba pensando en los regalos para su familia. Este año, sin embargo, no puede dejar de pensar en el agua. “La prioridad ahora es tener agua para beber, para lavar, para cocinar”, enumera.

A unas cuadras de su casa, una señora canosa de 72 años que vive sola trata de cargar dos pequeños bidones con agua de color marrón de una cisterna. No es agua para beber. “Pero al menos servirá para que mi baño no huela”, se alegra.

Por ÁLEX AYALA UGARTE

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