Buenaventura: un puerto opulento, una ciudad empobrecida

El paro cívico prosigue porque expresa una historia de exclusión y de ofensiva concentración de la riqueza, que se agravó con el divorcio entre la ciudad y el puerto una vez que su administración se entregó al sector privado.

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Petronio Álvarez, el poeta del Pacífico, nacido el 1 de noviembre de 1914 en el pantano infame de la pobreza en Buenaventura, se dolería hoy del estado de su bello puerto de mar, que no es como su amable, esperanzador y hermoso nombre sugiere: buena ventura.

Entre los 407.539 habitantes del puerto, el 88,5 por ciento son afrodescendientes, con un nivel de pobreza del 81 por ciento, indigencia del 44 por ciento, con más del 60 por ciento de desempleo y 17 por ciento de analfabetismo. El agua llega por horas a los hogares. Y solo el 76 por ciento de la ciudad tiene cobertura de alcantarillado. En la zona rural no hay, prácticamente, ningún tipo de servicio público. No hay hospitales. Para los pobres de Buenaventura el tiempo no pasa.

Además de las carencias y el abandono, la ciudad sufre violencia, despojo y desplazamiento forzado, narcotráfico y micro-tráfico, así como una corrupción rampante (los últimos tres alcaldes acabaron en la cárcel y otro fue asesinado), por cuenta de una clase política cooptada por la dirigencia nacional, que también es responsable del desgreño y de la improvisación.

Este entorno rico en biodiversidad pero débil en sostenibilidad ambiental está amenazado por las economías ilegales que agrietan la paz: las drogas ilícitas, la minería ilegal y los ejércitos privados han azotado al municipio y le niegan la seguridad y la tranquilidad para la vida ciudadana y el clima necesario para la inversión, los negocios y el empleo formal. Nuevas formas de paramilitarismo, menos ideológicas y más mafiosas, se disputan el territorio, urbano y rural, y han llegado a producir fenómenos tan degradantes como las llamadas “casas de pique”.

Por todo eso – y en pleno desarrollo de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC- los habitantes de esta ciudad se han levantado con sobradas y justísimas razones en un paro cívico que ya completa 20 días, buscando la dignidad y la equidad que les han escamoteado durante décadas.

Riqueza de unos pocos

El puerto ha sido olvidado tanto por Bogotá como por Cali, cuyas élites siempre han mirado su destino con desdén, y hoy se rasgan las vestiduras ante la desoladora realidad que han contribuido a crear.

En Buenaventura la riqueza entra o sale, pero nada se queda para mejorar la vida de su gente: la fortuna se esfumó bajo los efectos prestidigitadores de la mano invisible que condujo a la liquidación de Colpuertos en 1993 y acabó en manos de los más vivos.

La política económica del Gobierno central consolidó el divorcio entre sus masas empobrecidas y una élite que funciona alrededor de la Sociedad Portuaria, cuyos socios son el consorcio de origen catalán Tcbuen y el Grupo Portuario, Ciamsa S.A, del cual son parte los doce ingenios azucareros del Valle del Cauca, Harinera del Valle, la cementera Argos (a través de Compas S.A), el puerto Aguadulce, las agencias de aduanas y una veintena de sindicalistas que se enriquecieron con el despojo y propiciaron la privatización que profundizó la brecha entre la nueva Sociedad Portuaria y el resto de Buenaventura, un abismo que ha adquirido dimensiones catastróficas.

El muro que separa la activad portuaria de su entorno urbano es el símbolo evidente de esta situación. De alguna manera, Colpuertos creó un sentido de cohesión social y propiciaba una mejor distribución del ingreso. La corrupción y la ineficiencia- el argumento o el pretexto para liquidar y privatizar esta entidad- no es excusa para haber regalado el monopolio del comercio exterior colombiano a agentes privados. Este monopolio explica la abrumadora realidad de una Buenaventura esquizofrénica: un puerto opulento, una ciudad empobrecida.

Buenaventura, se ha convertido en un puerto sin comunidad. Y lo peor, sin dolientes. El puerto de Buenaventura le reporta a la nación 5,58 billones de pesos anuales por diversos impuestos y le devuelve a la ciudad menos del cinco por ciento de esos ingresos.

Doce empresarios son dueños de las empresas y de la logística portuaria y son usufructuarios exclusivos y excluyentes de un negocio que reporta 2.000 millones de dólares anuales y mueve 600.000 contenedores al año con el 80 por ciento del café que produce el país, el 60 por ciento de las exportaciones y el 35 por ciento de las importaciones. Entre los grandes ganadores en el puerto está Enrique “Rickie” Razon, el tercer hombre más rico de Filipinas y uno de los hombres más ricos del mundo, que no vive allí. Llega en sus aviones privados a las juntas y toma los vuelos de regreso en la tarde, sobrevolando la miseria.

La nueva sociedad portuaria redujo los empleos de 10.000 en 1990 a 4.200 en 1996 y propició una caída de los salarios de 2 millones de pesos mensuales en promedio a menos de 600 mil. No es raro entonces que la pobreza y la indigencia toquen a la puerta de la mayoría de los hogares del puerto.

Ni la Nación, ni el departamento, ni el municipio se ocuparon de prever el enorme impacto de la privatización del puerto sobre la economía de Buenaventura y sobre todos sus pobladores. Con esta decisión se rompió el tejido social configurado alrededor de la actividad portuaria y se han afectado negativamente las formas de cohesión y solidaridad que antes existían.

Los megaproyectos fueron orientados a la eficiencia del puerto y el esfuerzo del gobierno central se concentró en la actividad portuaria, sin mecanismos adecuados para irrigar en el resto de la ciudad los beneficios de la modernización de la infraestructura portuaria.

Reconciliar el puerto con la ciudad

Lo que hoy pasa en Buenaventura es la confirmación de que la viabilidad del puerto, la principal actividad de la ciudad, no puede construirse y desarrollarse de espaldas a las necesidades de sus pobladores. Esta depende, esencialmente, de la recuperación de la ciudad y de la región. No se puede concebir un puerto moderno y eficaz en un contexto de marginalidad y desgarramiento social.

Si la realidad socioeconómica de Buenaventura no sufre un cambio a favor de la inclusión y de la equidad, tendrán que recurrir cada vez más al Esmad, como ha sucedido en el desarrollo del actual paro. Como producto de la protesta, la capacidad del puerto está llegando a su límite y los efectos se sienten en todo el territorio nacional y en todas las actividades económicas, incluso en el litoral pacífico, que se abastece desde Buenaventura.

Ningunos de los documentos Conpes formulados por Planeación Nacional para el desarrollo de Buenaventura y el rescate de la Región Pacífico han cumplido la tarea de rescatarlos de las garras de la pobreza y de la inequidad. Por el contrario, las condiciones de vida, de seguridad y de pobreza han empeorado.

Buenaventura y la Región Pacífico necesitan más Estado y menos mercado y hasta ahora ha regido preponderantemente lo segundo. El gobierno nacional debe invertir mucho más de lo que invierte hoy en Buenaventura. Las sociedades portuarias deben pagar más impuestos. El criterio de la ganancia máxima no opera en una región empobrecida, sin infraestructura, sin ingresos suficientes y sin seguridad.

La aclimatación de la paz le haría mucho bien a la región, pero para lograrlo el Estado tendría que asegurar el monopolio de las armas, que hoy es desafiado por la minería ilegal, el micro y el narcotráfico, las bandas armadas, los frentes disidentes del proceso de paz y el ELN. Por ejemplo, el Pacífico puede ser un laboratorio donde se ensaye la legalización de la coca para quitarles un negocio que produce violencia y jugosas ganancias para los capos viejos y nuevos. Así, la olla de presión que es Buenaventura tendría una válvula de escape.

Las autoridades caleñas pueden propiciar el diseño y desarrollo de una ciudad-región, o la creación de un área metropolitana integrada al mercado global, con Buenaventura como eje articulador, tal como se están concibiendo y reformulando las grandes ciudades del mundo. Debe ser proyectada como una ciudad del siglo XXI y no solamente como un puerto subsidiario, tal y como ha sido hasta ahora, lo que implicará convertirla en la capital económica, social y cultural del pacífico colombiano. Es urgente recuperar el sistema férreo, feriado también en la orgía de las privatizaciones.

Con paz, el Pacífico colombiano puede pasar de la coca al coco, es decir, desarrollar la industria turística cuyos flujos mundiales están buscando nuevos destinos ahora que el terrorismo golpea a Europa y la tecnología deja espacio sobrante en la jornada laboral. En este renglón tan promisorio está todo por hacerse.

Buenaventura, como el Pacífico, no está condenada. Así como Antioquia fue el eje por donde pasaba el desarrollo nacional en el siglo XIX y comienzos del XX, el espacio geográfico de Buenaventura y el Pacífico colombiano está destinado a ser la cuenca por donde pasará el futuro de Colombia en el siglo XXI, con una economía mundial jalonada por China.

Por: Fernando Guerra Rincón
Economista, magíster en Estudios Políticos y Económicos de la Universidad del Norte, profesor universitario y autor de varios libros, entre ellos, La geopolítica del petróleo y el cambio climático, Universidad de Antioquia, 2010.