Capturados exalcaldesa de Armenia, su esposo y cinco funcionarios mas por la presunta apropiación de $12.000’000.000

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A Luz Piedad Valencia Franco, exalcaldesa de Armenia (Quindío). La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de peculado, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos en calidad de autora.

Por la presunta apropiación de $12.000’000.000 de cobros de valorización y supuestas anomalías en la contratación de obras para la ciudad.

Los implicados fueron detenidos el 6 de abril del presente año, junto a otras seis personas, entre ellas su esposo Francisco Javier Valencia, a quienes la Fiscalía también les formula cargos por diferentes conductas como peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.

Las anomalías detectadas habrían iniciado en 2014, cuando la hoy imputada presentó al Concejo de Armenia un proyecto de acuerdo para que le fuera autorizada la ejecución de obras por valorización por $100.000’000.000.

Los proyectos previstos le fueron confiados en abril y mayo del 2015, a la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia (Edua), para que seleccionara a los contratistas de las obras, los diseñadores e interventores. El 21 de julio de ese mismo año, sin que se hubiera efectuado el recaudo de la valorización, se celebró el primer contrato de obra por $30.000’000.000 para la construcción de cuatro vías. De estas obras a la fecha se han concluido tres.

El 23 de diciembre de 2015, una semana antes de vencerse el período de la administración local, se celebró el segundo contrato por valor de $80.000’000.000 para la construcción de seis obras de infraestructura urbana; de las mismas, se suprimieron tres obras entre 2016-2017 y las tres restantes tienen un porcentaje de ejecución promedio inferior al diez por ciento (10%). Los dineros de este segundo contrato sirvieron, según las evidencias obtenidas por la Fiscalía, para terminar las tres obras del primer contrato.

Igualmente, se pudo detectar que las interventorías y los diseños fueron adjudicados a empresas vinculadas al mismo contratista, el señor Fernando León Diez Cardona. Esos diseños que deberían ser previos, habrían sido contratados con posterioridad y contrario a los parámetros legales.

En el expediente se acredita a través de prueba testimonial y documental que, desde el año 2014, Valencia Salazar —esposo de la excaldesa— y el contratista Diez Cardona supuestamente convinieron la manera de que este último recibiera los contratos de obra pública a cambio del 10% del valor de cada uno de los contratos e interventorías y el 100% de los contratos de consultoría de diseños. Esta presunta conducta delictiva fue reconocida ante la fiscal de conocimiento por el propio contratista en interrogatorios surtidos luego de su captura.

Este acuerdo, sin que aún se hubiesen suscrito los contratos respectivos, fue avalado con la entrega de $300’000.000 iniciales que hizo Diez a Valencia, quien se habría reunido con los secretarios del despacho de la exalcaldesa de Armenia para definir el direccionamiento del proceso contractual a favor del contratista mencionado.

Los secretarios del despacho de la entonces mandataria, presuntamente, aceptaron las condiciones para dicho favorecimiento. Además, en la investigación obra evidencia testimonial y documental que daría cuenta de la entrega en efectivo de las sumas de dinero del acuerdo ilícito en las ciudades de Armenia y Medellín, a los señores Sebastián Congote Posada y Aura María Saldarriaga, que tendrían como destino final la familia Valencia.

Es de recordar que, el 22 de marzo del año en curso, en una primera fase de este proceso fueron detenidas cinco personas en Medellín (Antioquia) y una en Armenia, por los delitos de peculado por apropiación, lavado de activos, falsedad ideológica en documento público y celebración indebida de contratos, entre ellos el contratista Diez Cardona, representante de las uniones temporales Vías de Armenia y Puentes Armenia, que recibieron todas las obras por valor de $110.000’000.000.

A los procesados les fue otorgada medida de aseguramiento en su domicilio en Medellín, a excepción de Andrés Leonardo Lasso Aguirre, quien fue trasladado a Armenia. Él era el representante legal del Consorcio Interventoría Interpuentes Quindío y suplente del Consorcio Interventoría Vías Armenia, que actuaría como interventor de los contratos de construcción mencionados.