El pasado 17 de agosto, se expidió la Ley 1864 “Mediante la cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática”, por lo que a partir de la fecha el que inscriba su cédula de ciudadanía en municipio diferente a aquel donde resida incurrirá en prisión hasta de 9 años.

Esta Ley que busca proteger los mecanismos de participación democrática, en momentos en los que ha comenzado la inscripción de cédulas para quienes deseen elegir congresistas y presidente en el año 2018, la cual debe darse a conocer por el gobierno nacional a través de los medios de comunicación 3 meses antes y hasta que termine el certamen electoral, lo único que hace, en términos generales, es incrementar las penas de los delitos tipificados en el código penal desde hace 17 años, sobre la creencia errada que tienen los legisladores en Colombia, de que el incremento de las penas disuade al delincuente, además crea 5 nuevos tipos penales.

Uno de los delitos al que se le incremento la pena, el cual es uno de los delitos más cometidos en las elecciones populares, es el denominado “Fraude en inscripción de cédulas”, en el cual incurrirá “El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  En igual pena incurrirá quien inscriba su documento o cédula de ciudadanía en localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para terceros”.

De los 5 tipos penales creados por esta Ley, uno por el que seguramente serán investigadas muchas personas en las próximas elecciones, teniendo en la cuenta los antecedentes registrados en el país, es el denominado “Tráfico de votos”, el cual será cometido por “El que ofrezca los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádiva con la finalidad de que dichos ciudadanos consignen su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política, voten en blanco, se abstengan de hacerlo o lo hagan en determinado sentido en un plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria de mandato incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cuatrocientos (400) a mil doscientos (1.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Por: Carlos Alberto Arias Baquero