Instalaciones de Cardique en Cartagena de Indias.

La Contraloría General de la República reveló en un comunicado el hallazgo en la en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – Cardique.

El documento registra que “encontró un escandaloso carrusel de contratación, que viene de años atrás y se ha lucrado de millonarios recursos, y donde los contratistas que harían parte del mismo no han ejecutado las obras de mitigación ambiental que se les encargo”.

Además, muchos contratistas resultaron ser empresas con direcciones inexistentes y oficinas cerradas.

Estas graves irregularidades fueron detectas en una auditoría adelantada a Cardique en el año 2017, al revisar la contratación de obras civiles en caños, arroyos y reservorios en los municipios de su jurisdicción.

“La auditoría revisó también los contratos celebrados por esta Corporación para la recuperación y conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen, en las 3 últimas vigencias fiscales, y determinó que la construcción de canales en concreto no se ha iniciado, no existen soportes que demuestren la realización de las obras contratadas, no se han aplicado los diseños acordados y las obras que se habrían realizado no cuentan con las pólizas de seguro necesarias para garantizar la calidad de las mismas”, indica el informe.

“Se calcula que el detrimento patrimonial por las irregularidades detectadas en ambos casos puede ascender a $18.154 millones, representados en 11 hallazgos fiscales, además de 24 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y 9 con presunta incidencia penal”, puntualiza.

La revisión adelantada por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente abarcó más del 80% del total de la contratación de Cardique para la protección del recurso hídrico.

Los mismos contratistas con distinto rol

Lo más preocupante de las conclusiones a las que llega la Contraloría General de la República en su informe, es “que Cardique lleva más de una década comprometiendo gran parte de su presupuesto anual de inversión, contratando obras bajo la modalidad de relimpias, donde se han dado las irregularidades encontradas”.

Destaca que “de hecho en la verificación del período comprendido entre el 2011 y el 2016, se pudo establecer que la corporación destinó $172.9 mil millones de pesos en la protección del Recurso Hídrico, de los cuales $144.8 mil millones de pesos fueron ejecutados bajo esta modalidad contractual, con un agravante, como es que estos dineros se ejecutaron en su mayoría con los mismos contratistas, en una especie de carrusel de contratación, en el que cada cierto tiempo, y de forma sistemática, intercambian sus roles: en ocasiones son contratistas, en otras residentes de obra y en algunas más directores de obra”.

Además, “se presentaban en los mismos procesos de selección como oferentes, con ofertas que diferían entre una y otra en sumas irrisorias de $10, o $5 y pegadas al presupuesto fijado por la Corporación”.

De igual forma “compartían también los servicios de un mismo Contador Público, que a su vez contrató con la Corporación como representante legal de una persona jurídica”.

Direcciones inexistentes

La labor auditora desarrollada por la Contraloría General de la República resultó del todo compleja. La renuencia de la Corporación a entregar los expedientes contractuales, la entrega parcial de documentos que por demás no correspondían a los contratos objeto de auditoría, la falta de información de los contratistas y la escasa cooperación con el equipo auditor para el ejercicio de sus funciones, ameritó el envío de una comisión para que recabara la información en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.

Sin embargo, la vaguedad de la información obtenida, llevó al equipo auditor a entrevistar de manera directa a los contratistas. Y lo que se consideró sería la forma de obtener los documentos no aportados por la Corporación, reveló más irregularidades.

“Fue así como se encontraron direcciones de contratistas que llevaban años contratando con la Corporación y cuya única experiencia era desarrollar el mismo tipo de obras en años anteriores con esa misma entidad”, sostiene el comunicado.

Las direcciones correspondían en algunos casos a viviendas familiares en las que desconocían al contratista o su empresa. En otros casos se trataba de oficinas en las que nunca había funcionado la empresa que figuraba como contratista e incluso se encontraron dos oficinas clausuradas de años atrás y en las que no se daba cuenta de la existencia de las empresas que habían contratado con la Corporación.

“Con todo, fue posible ubicar algunos de los contratistas de la Corporación, pero no pudieron dar respuesta alguna, ni aportar ningún documento que acreditara el cumplimiento de los contratos que habían suscrito por la Corporación, escudándose en la informalidad que impera en sus actividades comerciales”.

Esto se tradujo en la falta de facturas o documentos de cobro por los servicios subcontratados; falta de reportes del movimiento de la maquinaria; y falta de soporte de pago de la seguridad social de las personas que según la oferta presentada se habría vinculado para la ejecución de la obra; entre otras situaciones.

La insuficiencia documental fue tal, que ni siquiera contaban con soporte del cobro de la suma acordada en el contrato, por cuanto adujeron les fueron pagados mediante cheque, cobrado por ventanilla.

El mismo topógrafo para todos los contratos

Uno de los aspectos que más llamó la atención del equipo auditor fue que en la revisión de más de 240 expedientes contractuales, se evidenció que Cardique contrató las obras sin tener un plan estructurado que permitiera conocer el comportamiento de la hidrodinámica de la zona para enfrentar las épocas de invierno o verano, no hubo compromiso con las supuestas comunidades beneficiadas para la sostenibilidad a largo plazo y, además, no había estudios técnicos que determinaran la necesidad de la obra.

“En el caso de dichos estudios, el levantamiento topográfico carecía de los mínimos requisitos técnicos. Todos se hicieron con posterioridad a la firma del contrato, con lo cual no fue posible establecer la forma como se calculó el volumen de material a remover en cada relimpia conforme el contrato”, puntualiza el informe.

“Adicionalmente, el supuesto levantamiento topográfico está suscrito por el mismo topógrafo, en todos los expedientes contractuales de la vigencia 2016, incluso en los que iniciaron el mismo día, en diferentes municipios de la jurisdicción de la Corporación”.

Vale decir que al verificar las credenciales del topógrafo, la Contraloría advirtió que este carece de la matrícula expedida por el Consejo Profesional Nacional de Topografía.

Obras inconclusas

La conclusión más preocupante a la que se llega luego de la revisión de los contratos, es que las obras no se hicieron, toda vez que en los expedientes contractuales no se encuentra evidencia del inicio, evolución y terminación de las mismas; de hecho.

Y no se entiende cómo obras programadas para ser ejecutadas en 45 días, terminaron siéndolo en un período de 13 a 16 días, sin excepción alguna.

Lo grave de esta situación, es que se trataba de obras para mitigar impactos ambientales en las zonas en las que tiene jurisdicción la Corporación, bien por sequías prolongadas o por inundaciones.

En veremos recuperación de la Ciénaga de la Virgen

Por otra parte, en cuanto a los contratos para la recuperación y conservación de la Ciénaga de la Virgen, la situación también es preocupante. En este caso la Corporación, sin fundamento jurídico o técnico alguno, decidió contratar por 14 años la realización de obras en la Ciénaga, con un consorcio.

“Se trata de la celebración de un contrato de obra de tracto sucesivo, en virtud del cual año a año se van definiendo las obras a realizar, conforme los recursos que ha recaudado a través de la sobretasa ambiental de peaje y el impuesto predial, transferidos a un encargo fiduciario del que por demás no tiene el control la Corporación”.

Luego de 9 años de ejecución del contrato y haber ejecutado recursos del orden de $35.4 mil millones de pesos, uno de los principales objetivos del contrato como es la construcción de canales en concreto, no se ha iniciado y, en su lugar, se aduce haber hecho relimpias, apertura de canales en tierra y descoles apilando la basura que extraen de la misma ciénaga.

“El proceso licitatorio se llevó a cabo con unos estudios y diseños específicos; sin embargo, al verificar la ejecución del contrato, se advirtió por la CGR que para el desarrollo de las obras no se siguieron los mismos, de hecho, de haberse desarrollado alguna actividad, la misma no se llevó a cabo con base en diseño alguno”.

Carencia de soportes

En este caso en concreto, también se desplazó una comisión desde el nivel central a la ciudad de Cartagena de Indias, con el fin de entrevistar al contratista y al interventor del contrato y solicitarles la entrega de documentación que no había sido entregada por la Corporación.

“Las conclusiones contenidas en el informe de auditoría, evidencian la carencia de soportes que demuestren la realización de las obras y revelan las irregularidades que se presentan en la ejecución del contrato, con un agravante, como son las precarias condiciones ambientales en las que se encuentra la Ciénaga de la Virgen y que las obras que se manifestó se había realizado en virtud del contrato, no cuentan con las pólizas de seguro necesarias para garantizar la calidad de las mismas, poniendo en riesgo los recursos del de Estado”, revelan en el informe presentado a la opinión pública..

¡Sin embargo y pese a la gravedad de los hechos, la Corporación no hizo monitoreo y control del proyecto, en tanto no se encontraron informes de avance de obra, ni revisión de los objetivos del contrato”.

Hallazgos fiscales por $23 mil millones en 2 auditorías

La Contraloría sostiene que “esta auditoría a Cardique surgió como consecuencia de los alarmantes resultados del ejercicio auditor efectuado en el primer semestre de 2017, en donde el equipo auditor del nivel central, logró identificar 51 hallazgos de tipo administrativo, de los cuales 30 tienen presunta incidencia disciplinaria, 3 presunta incidencia penal y 5 presunta incidencia fiscal en cuantía de $5.313.671.028., lo que motivó una verificación más profunda que se centrara en determinados contratos, con los resultados aludidos”.

De acuerdo a esto, producto de las dos auditorías adelantadas por la CGR en el año 2017 a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, se lograron identificar 81 hallazgos, de los cuales, 54 tienen presunta incidencia disciplinaria; 12 presunta incidencia penal y; 16 presunta incidencia fiscal cuya cuantía asciende a $23.467.879.559.