El Tribunal Supremo de Justicia consideró que hay méritos suficientes para iniciar acciones legales contra la titular del Ministerio Público venezolano. Desde el oficialismo pidieron que se enajenen sus bienes y se le prohíba la salida del país.

La corte chavista habilitó el juicio contra la fiscal general Luisa Ortega Díaz, acusada por el régimen militar de Nicolás Maduro de no respetar las decisiones “democráticas” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Pero, ¿en qué se basó?

El TSJ manifestó que hay méritos suficientes para iniciar la acción legal contra la titular del Ministerio Público (MP). La Sala Plena del Tribunal “admitió en cuanto ha lugar en derecho la solicitud de antejuicio de mérito (…) por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo“.

El diputado chavista Pedro Carreño interpuso un recurso argumentando que Ortega Díaz “mintió” al asegurar que no había respaldado la selección de 33 magistrados del TSJ -acusado por la oposición de servir al Gobierno- que fueron designados en diciembre de 2015 por la entonces mayoría parlamentaria chavista.

“Ella mintió al país. Serán consideradas como faltas graves del fiscal atentar, amenazar o lesionar la ética pública o la moral administrativa“, argumentó el parlamentario chavista.

El sorpresivo cónclave fue convocado por Maikel Moreno, presidente del máximo tribunal.

Asimismo, la Sala del TSJ decidió convocar a una audiencia pública, así como notificar a la fiscal general, a Pedro Carreño y a los integrantes del Consejo Moral Republicano para comparecer ante la Sala Plena del Alto Juzgado.

La corte chavista indicó que la decisión fue tomada conforme a lo establecido por el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo tipificado en los numerales 4, 5, 8 y 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, y 23 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

El chavismo también solicitó medidas cautelares para que se enajenen todos sus bienes y se prohíba su salida del país.

La única forma para remover a la fiscal general del país, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, es a través de la Asamblea Nacional (AN), con la mayoría absoluta de sus miembros, previo pronunciamiento de la Sala Plena del Tribunal Supremo.

“El TSJ puede decidir lo que quiera, pero la única forma de destituir a la Fiscal es si lo autoriza la AN. Y adivinen… No lo haremos“, adelantó Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento, de mayoría opositora.

Ortega Díaz resiste hace semanas los embates del chavismo. La funcionaria, considerada oficialista hasta hace tres meses, decidió rebelarse contra el régimen de Nicolás Maduro.

Fue ella la primera en denunciar la “ruptura del orden constitucional” cuando la misma corte que hoy la quiere desplazar intentó -sin éxito- anular el Parlamento.

Ella también denunció la brutal represión de estos últimos meses y desmontó la teoría de que a Juan Pernalete, el estudiante muerto el 27 de abril en una marcha, había sido asesinado por los opositores y probó que perdió la vida por un disparo de bombas lacrimógenas de la Guardia Nacional Bolivariana.

Además, presentó dos recursos para frenar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que, a su entender, violan el derecho a voto de los Venezolanos. Su accionar fue recibido por el chavismo como “una traición” y juraron venganza.