Condenan a la Nación por crimen de Jaime Garzón

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La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa– Ejército Nacional y Policía Nacional y al extinto DAS por su responsabilidad en el homicidio del humorista y periodista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999 y que a su juicio se constituyó en un delito de lesa humanidad.

Señaló la Corporación Judicial que se el homicidio de Garzón fue producto de una violación sistemática a los derechos humanos (DDHH) y de persecución de los que eran blanco algunos líderes de izquierda.

Señaló el Alto Tribunal que el exsubdirector de Inteligencia del DAS, José Miguel Narváez y el exjefe de Inteligencia de la Brigada 13 del Ejército general, Jorge Eliécer Plazas Acevedo no solo adelantaron seguimientos contra el comediante, sino que compartieron la información recolectada con el excomandante de las Autodefensas Carlos Castaño, a quien sugirieron ordenar el homicidio.

Según los testimonios aportados, las labores del comunicador como mediador en algunos casos de secuestro cometidos por las Farc y su intento para propiciar un desescalamiento del conflicto llevó a ambos agentes estatales a identificarlo como alguien cercano a la guerrilla, que se beneficiaba de esas acciones delictivas que cometía la insurgencia. De ahí que conminaran a Castaño a atentar contra su vida.

Las pruebas demuestran que la muerte Jaime Garzón fue determinada por el entonces máximo jefe del grupo ilegal denominado Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño Gil, quien ordenó a miembros de la banda criminal denominada “La Terraza” cometer el crimen.

También está probado que por razón de ese delito fue condenado a pena privativa de la libertad de 38 años de prisión, hecho con base en el cual las demandadas han alegado la eximente de responsabilidad al atribuir a ese tercero la responsabilidad por el daño que originó la presente acción.

De acuerdo con el material probatorio recaudado, se presentaron actos de la más alta gravedad, en los que miembros de las fuerzas regulares del Estado se aliaron con grupos al margen de la ley, paramilitares, para permitir y coadyuvar la actividad delictiva de estos últimos.

De otra parte el comandante general del Ejército Nacional y el director general de la Policía Nacional, deberán presentar de excusas públicas a los familiares de la víctima.

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