Condiciones de seguridad y transparencia en la venta de cartera con libranzas

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Decreto 1348 de 2016

Con el fin de que los riesgos inherentes a las operaciones de venta y administración de cartera otorgada a través del mecanismo de libranzas, sean adecuadamente informados por el vendedor al comprador, el Gobierno Nacional reglamentó la revelación de información y la gestión de riesgos en la venta de este tipo de cartera mediante el Decreto 1348 de 2016.

El objeto principal del decreto es establecer la forma y el contenido de la información que debe revelarse al comprador de la cartera antes, durante y después de la venta, así como los mecanismos de administración de riesgos en la venta y administración de cartera con libranzas, bien sea que la venta se haga con responsabilidad cambiaria del vendedor (cuando el vendedor mantiene la obligación de responder ante el incumplimiento o mora en el pago de una o más cuotas) o sin ella, o, si se trata de una cesión, con garantía de solvencia del deudor o sin ella.

I. Información que debe suministrar el vendedor al comprador de la cartera con libranzas.

1.1 Información previa al contrato de venta. Se dispone que en forma previa a la celebración del contrato de venta y administración, el vendedor de la cartera con libranzas deberá informar al comprador sobre los riesgos de la operación, dejando constancia escrita firmada por el comprador en la que se le advierta que el deudor podría incumplir la obligación o pagarla anticipadamente; que el salario o pensión del deudor podrían ser objeto de medidas cautelares (embargo) por parte de otros acreedores; que la relación jurídica entre el deudor (trabajador o pensionado) y la entidad pagadora podría cambiar o terminarse; que la capacidad de pago del deudor puede cambiar y alterar la periodicidad del pago y el monto de las cuotas, entre otros riesgos que pueden afectar el normal recaudo de la obligación vendida.

Adicionalmente, el decreto establece que debe informarse al comprador acerca de los indicadores de calidad de la cartera y de endeudamiento del vendedor y del administrador de la cartera, si es el caso; de los vínculos que existan entre los administradores, asociados o cooperados del vendedor de la cartera, con los administradores, asociados o cooperados de la entidad originadora de los créditos; de la existencia de posibles conflictos de interés; de la entidad estatal que ejerza control y vigilancia sobre el vendedor de la cartera, y la demás información mínima señalada en el decreto.

1.2 Información durante el contrato de venta. Al momento de la celebración del contrato, el vendedor debe informar al comprador, entre otras cosas, los créditos específicos que son objeto de la venta, indicando su fecha, la identificación del deudor, la entidad pagadora, la entidad originadora del crédito, el saldo del capital, la tasa de interés, si se encuentra al día o vencida, y la periodicidad con que se harán los descuentos del salario o de la pensión. Adicionalmente, debe entregar al comprador la copia del título valor que instrumenta el crédito adquirido, la copia de la solicitud de crédito y del estudio de crédito hecho por el originador al deudor, junto con la copia de la historia crediticia del deudor expedida por las centrales de riesgo autorizadas.

1.3 Información posterior al contrato. Durante la vigencia del contrato, el vendedor deberá informar al comprador, al menos trimestralmente, sobre el estado de la cartera de créditos objeto de la operación, los eventos de mora, los incumplimientos, los pagos anticipados, el fallecimiento de los deudores y cualquier otra información que pueda afectar el desempeño de la cartera comprada.

A partir de la entrada en vigencia del Decreto 1348 de 2016, las entidades estatales de supervisión vigilarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

II. Gestión de riesgos de las libranzas vendidas, por parte del administrador.

El administrador es el encargado de recaudar y administrar los flujos correspondientes a las amortizaciones de los créditos por libranzas vendidos, entre otras gestiones. La administración puede contratarse con el mismo vendedor o con un tercero, que debe ser una persona jurídica inscrita en el RUNEOL.

Considerando los riesgos propios de la actividad crediticia, el decreto establece el contenido mínimo de los contratos de administración de créditos por libranzas.

Adicionalmente, establece para las entidades que vendan cartera con libranzas o que la administren, la obligación de contar con un sitio de internet en el que mantengan publicados los últimos estados de situación financiera y estados de resultados de fin de ejercicio que se hayan elaborado, así como los indicadores de calidad de cartera vendida con responsabilidad; de calidad de cartera vendida sin responsabilidad; de calidad de cartera propia, y de endeudamiento, según las fórmulas previstas en el decreto.

El cumplimiento de estas obligaciones deberá ser verificado por el revisor fiscal de las entidades vendedoras o administradoras de la cartera con libranzas, y su incumplimiento será sancionado por los respectivos organismos de control y vigilancia.

III. Vigencia.

Lo dispuesto en relación con la revelación de información del vendedor al comprador de cartera con libranzas y con la gestión de riesgos en la venta y administración de estas operaciones, entrará en vigencia luego de dos meses siguientes a la publicación del decreto, es decir, a partir del 22 de octubre de 2016, con excepción de la obligación impuesta a los vendedores o administradores de la cartera, de contar con un sitio de internet en el que mantengan publicados los últimos estados financieros y estados de resultados de fin de ejercicio y los indicadores de calidad, la cual entrará a regir a partir del mes siguiente a la entrada en vigencia del decreto, es decir, a partir del 22 de septiembre de 2016.

Desde Confecoop consideramos que es importante tener en cuenta que con la expedición del Decreto 1348 de 2016 se busca atacar tan sólo uno de los numerosos inconvenientes que se han detectado en la venta de créditos con libranzas, que es la falta de información confiable por parte del comprador de estos títulos, quien decide invertir atraído por la alta rentabilidad y la “gran seguridad” que le ofrecen los vendedores.

Sin embargo, los últimos acontecimientos han revelado la existencia de múltiples riesgos durante toda la cadena de la operación, dada la multiplicidad de actores y negociaciones que derivan de ésta, los cuales seguirán latentes mientras no se haga una revisión a fondo de la normatividad existente, que permita corregir las numerosas falencias que pueden darse durante la originación de los créditos y la posterior negociación de los pagarés que los instrumentan y, sobre todo, mientras no exista una real voluntad del Gobierno Nacional de fortalecer a los entes de supervisión estatal, de forma que se garantice el cumplimiento de las normas vigentes.

Al respecto, el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público manifestó el 14 de septiembre a La W que “Esas cooperativas deben ser cuidadosamente vigiladas, ese es un negocio financiero, unas están ya bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera, lo cual da más garantía y más tranquilidad, otras bajo la Supersolidaria, donde hay que decirlo, el Estado debe reforzar su capacidad de vigilar a todas estas entidades”. Llama la atención esta declaración pues el Ministro es el jefe de la cartera a la cual está adscrita la Supersolidaria y es él quien debe adelantar una política de fortalecimiento de la misma, que ha sido la petición reiterada de este gremio en los últimos años y que no se ha materializado a la fecha.

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