Con siete votos a favor y dos en contra, el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, anunció la prohibición de la norma que permitía la caza deportiva en el país.
La Sala Plena tuvo en cuenta la ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, quien aseguró que la decisión se basó en la protección del medio ambiente.

“El interés superior de protección del ambiente y la fauna por parte de este obliga a la protección de los animales contra el maltrato, el padecimiento y la crueldad, por consiguiente la utilización de la caza deportiva al estar orientada exclusivamente a la recreación, lo cual la distingue a otros tipos de caza, se fundamenta en una aproximación que no considera a los animales como parte del ambiente”, aseguró.

La determinación fue tomada luego de la demanda establecida por la abogada Laura Juliana Santacoloma en contra del Estatuto de Protección Animal de 1989 y el Decreto Ley 2811 de 1974. La demanda fue también apoyada por el Ministerio de Ambiente asegurando que la caza deportiva se basa únicamente en la diversión de los cazadores y el sufrimiento animal.

La demanda determina también, que dicha práctica conlleva a la contaminación ambiental por el plomo y explica que la caza deportiva no hace parte de la cultura colombiana.

Durante la jornada, diferentes entidades comunicaron sus conceptos, la Federación de Entidades Defensoras de Animales y del Ambiente de Colombia (Fedamco), el Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (Gidca) de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Industrial de Santander (UIS), Animas Naturalis Internacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad Libre de Colombia, aseguraron que las normas desconocen el deber ciudadano de no abusar de los propios derechos, proteger los recursos naturales del país y velar por un ambiente sano.

Por otro lado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto con la Universidad Militar Nueva Granada la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva (Fedetiro), y la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca y la Universidad de la Sabana defendieron la constitucionalidad de la normativa, en razón al principio de libertad y el derecho al libre desarrollo de quienes desarrollan la caza deportiva.