Defensoría colombiana pide “mínimos de protección” para migrantes venezolanos

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La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió este viernes que se le garantice “unos mínimos de protección” a las personas que llegan de Venezuela, al advertir sobre limitaciones que enfrentan para el acceso a los servicios básicos e identificación.

El Gobierno “debe garantizar unos mínimos de protección en el país, en cumplimiento de los compromisos internos e internacionales en materia de derechos humanos y también en reciprocidad por la solidaridad ofrecida por muchos países a los migrantes colombianos y las víctimas que salieron del país a causa del conflicto armado, afirmó el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret.

Funcionarios de la Defensoría visitaron los departamentos de Norte de Santander, Vichada, Arauca, La Guajira y Guainía, que hacen frontera con Venezuela, para conocer la situación en esas zonas, explicó el organismo en un comunicado. Tras las visitas a las regiones limítrofes, la Defensoría advirtió en un comunicado que los colombianos que retornan “tienen dificultades para la identificación de sus hijos nacidos en Venezuela, debido a la exigencia legal de documentos que en el contexto actual no se pueden obtener” en el vecino país.

“Esta circunstancia limita el disfrute de sus derechos como nacionales colombianos. Y es particularmente grave en el acceso de los niños a la educación y la salud, que en el mejor de los casos acceden al servicio de urgencias”, según ese despacho. La entidad humanitaria advirtió de igual forma que las personas que retornan “requieren acceso prioritario a las medidas de atención y reparación integral debido a que están en una situación de vulnerabilidad manifiesta”.

En el caso de las familias compuestas por colombianos y venezolanos, se dificulta el acceso de los miembros extranjeros “a un estatus regular en Colombia, debido a los altos costos del visado”, lo que les impide trabajar de forma regular “y los expone a la explotación laboral y a riesgos para mantener la unidad familiar”. La Defensoría denunció que en los municipios de Saravena y Arauca, en el departamento de Arauca, se evidenciaron barreras para que los niños venezolanos puedan acceder a la educación, así como obstáculos para la salud, el trabajo y el salario digno.

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