Defraudaron al Estado en más de $132.000.000.000 entre funcionario de la DIAN y la mayor red de contrabando del país

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La capturado en Bogotá Jobany Édison Peña Pérez, funcionario de la DIAN. El juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
El exfuncionario, quien hizo parte del desaparecido DAS y se desempeñó como jefe de seguridad del exdirector de la DIAN Juan Ricardo Ortega, como integrante de la Mesa Anticontrabando de la DIAN consintió el ingreso ilegal de mercancía al país para una organización criminal, y habría facilitado información privilegiada sobre las verificaciones que las autoridades aduaneras realizaban, la programación de operativos y las evidencias recaudadas.

La coordinación entre la Policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), permitió identificar y ubicar a uno de los señalados focos de corrupción que habría permitido a una de las mayores redes de contrabando.

El hombre, de 50 años de edad, fue presentado en audiencias de control de garantías, y un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos le imputó los delitos de cohecho propio en concurso heterogéneo, divulgación y empleo de documentos reservados en concurso heterogéneo con favorecimiento al contrabando como delito continuado. Por solicitud de la Fiscalía.

Jaime Álvaro Tello Rendón y Oscar Orlando Puentes Corredor, señalados cabecillas declararon que Jobany Edison Peña Páez se reunió en varias oportunidades con ellos y, en algunos de esos encuentros, habrían pactado un pago por cada kilo de mercancía que supuestamente evitó que fuera inspeccionada en los controles aduaneros; adicionalmente, en una oportunidad supuestamente le entregaron $5’000.000 a cambio de información privilegiada.

Tello Rendón, exdirectivo del Club Independiente Santa Fe, aseguró que el funcionario en una oportunidad le pidió una camiseta del equipo de fútbol de cual también era accionista, a cambio de darle detalles de un video con los seguimientos que la policía hacía a los jefes de la red de contrabando.

El material fílmico finalmente fue entregado a los cabecillas de la organización, al igual que memorias USB, documentos y fotografías que los mantenían enterados sobre los avances de las investigaciones en su contra.

Precisamente, en las declaraciones, Jaime Álvaro Tello Rendón y Oscar Orlando Puentes Corredor indicaron que Jobany Edison Peña Páez los alertaba permanentemente con mensajes a sus teléfonos y así conocieron el día y momento en el que iban a ser capturados, información que, en su momento, les sirvió para evadir las diligencias.

22 integrantes de la red de contrabandistas fueron capturados en operaciones cumplidas entre abril y mayo de 2017, entre ellos los confesos financiadores, quienes aceptaron cargos por delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y contrabando. Tello Rendón está condenado a 8 años de prisión y Puentes Corredor a 13 años de prisión.

De acuerdo con los elementos recopilados en las investigaciones, la red entregó documentos falsos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), elaboró facturas de venta a nombre de proveedores inexistentes en el exterior y certificó mercancía de origen asiático como si fueran productos importados desde Estados Unidos, con el propósito de obtener los beneficios arancelarios que otorga el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Asimismo, los integrantes de la organización modificaban las listas de empaque, alteraban las cantidades de los productos que entraban al territorio nacional o registraban una mercancía distinta a la que llegaba. También se constató que el contrabando ingresaba por los aeropuertos internacionales El Dorado (Bogotá), Bonilla Aragón (Palmira) y José María Córdova (Rionegro).

En noviembre de 2017, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a 62 propiedades avaluadas en $14.000’000.000, que pertenecerían a los presuntos cabecillas de la estructura. Esos bienes fueron ocupados por la Policía Fiscal y Aduanera en Bogotá, Villavicencio (Meta), Cartagena (Bolívar), Carmen de Apicalá (Tolima), y Madrid, Chía y Ricaurte (Cundinamarca).


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