Los colombianos deberíamos ser agradecidos con los personajes que han luchado por derrotar flagelos tan criminales como la corrupción y la impunidad. Fueron muchas las maniobras que se fraguaron en el Senado para impedir el debate que el 17 de este mes realizaron los congresistas Jorge Robledo y Claudia López, que tuvo al menos tres aplazamientos. Unidad Nacional, Cambio Radical y el Centro Democrático quisieron impedir ese debate porque lo que finalmente señalaron Robledo y López los puso en la “picota pública”, al demostrar la ilegalidad de las campañas presidenciales de Santos de 2010 y 2014, que fueron financiadas con dineros de la multinacional Odebrecht, lo cual están dejando prescribir en medio de la impunidad; igual se hizo con la campaña de 2014 de Oscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, que el Consejo Nacional Electoral, con el objetivo de absolverlo, no recogió las pruebas. El periódico El Tiempo publicó: “la declaración del publicista brasileño Eduardo Duda Mendonça, en el sentido de haber recibido U$1,6 millones de Odebrecht para asesorar la campaña uribista de 2014, no ha sido homologada. Mendonça dio su declaración ante la Policía Federal de Brasil y no ante el Ministerio Público, que es el órgano competente”. El Tiempo dijo que “nunca se concretaron las citas entre las autoridades colombianas y el publicista brasileño. En mayo pasado la defensa de Mendonça le pidió a la fiscalía colombiana un cuestionario, pero este nunca fue enviado”.

El debate ubicó responsabilidades en los casos de Odebrecht y del Cartel de las Togas. Robledo pidió “investigar los sobornos del Consorcio Ruta del Sol II en la licitación de la vía Ocaña-Gamarra (Odebrecht y Episol –filial de Corficolombiana–) en los gobiernos de Uribe y Santos por 40 millones de dólares; el contrato Navelena-Odebrecht, donde actuaron los mismos sindicados y la plata se usó para la campaña Santos de 2014; y el préstamo de $120 mil millones del Banco Agrario que violó las normas y favoreció al Grupo Aval (Banco de Occidente y Corficolombiana), en el cual la Fiscalía y la Superfinanciera no investigan a la Junta del Banco Agrario ni a Aval. El fiscal Néstor Humberto Martínez fue contratista de Navelena-Odebrecht y del Consorcio de la Ruta del Sol II y emitió el concepto que le dio apariencia de legalidad a Ocaña-Gamarra. Además, tramitó un contrato ilegal de estabilidad jurídica que le mejoró las condiciones al Consorcio Ruta del Sol II. En esa operación hubo un soborno de $4 mil millones que fue a dar a la campaña de Santos 2014, en donde Germán Vargas comandó la segunda vuelta en el Caribe y acordó su financiación. El senador “Ñoño” Elías confesó que la plata de Odebrecht se usó para financiar la campaña de Santos del 2014, en la que Martínez Neira recaudó grandes fondos”.

Por lo anterior y por su participación en el Cartel de las Togas –pues, al parecer de Robledo, Martínez trabajó con el procesado exmagistrado Leonidas Bustos–, Robledo pidió la renuncia y una investigación al fiscal general, Néstor Humberto Martínez; así mismo, Robledo concluyó que existe un pacto de impunidad y anunció que por falta de garantías “llevaremos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. La corrupción y la impunidad es un pacto criminal que nos somete a la miseria y acaba con la democracia. ¡Contra el pacto de impunidad: movilización nacional!

Por: José Arlex Arias Arias
José Arlex Arias Arias