El exnegociador de las Farc detenido por narcotráfico en Colombia, Jesús Santrich, entregó kilos de cocaína para demostrar que podía acceder a toneladas de la droga y enviarlas a Estados Unidos, asegura la acusación de la fiscalía de Nueva York, que exige su extradición para juzgarlo.

Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, de 51 años, es candidato a asumir uno de los 10 escaños en la Cámara de Representantes de Colombia cedidos a los exguerrilleros marxistas que negociaron la paz.

Su detención el lunes, criticada duramente por su partido, la nueva Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) que nuclea a los exrebeldes, ha puesto en vilo el pacto de paz entre el gobierno y la mayor guerrilla colombiana firmado a fines de 2016.

La fiscalía asegura que entre junio de 2017 y abril pasado, Santrich y otros tres hombres que identifica como exguerrilleros, Marlon Marín, de 39 años, Armando Gómez -alias “El doctor”-, de 70 años, y Fabio Simón Younes Arboleda, de 72 años, “trabajaron juntos para producir y distribuir aproximadamente 10.000 kilos de cocaína de Colombia a Estados Unidos y otros lugares”.

US v Hernandez Solarte et al Indictment

“Durante su tráfico de cocaína”, los cuatro acusados dijeron “que tenían acceso a laboratorios para suministrar la cocaína y a aviones registrados en Estados Unidos para transportar la droga dentro y a través de Colombia”, según la acusación a la que accedió la AFP.

Santrich y los demás acusados “suministraron kilos de cocaína a otros como evidencia, entre otras cosas, de su acceso a toneladas de cocaína”, asegura la fiscalía.

Están acusados de tres delitos: un cargo por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, y dos cargos por intentar importar cocaína al país.

Si son extraditados a Estados Unidos para ser juzgados y son hallados culpables, enfrentan una pena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de cadena perpetua por cada cargo.

Santrich, que tiene una deficiencia visual, está preso en la sede de la fiscalía colombiana, donde inició una huelga de hambre.

Los acusados parecen haber sido blanco de una operación encubierta de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. Una portavoz de la DEA en Nueva York rehusó comentar la información.

La operación “demuestra que en el gobierno de Colombia hay socios deseosos y determinados a apoyar a Estados Unidos y a la misión antidroga de la DEA en Colombia” y que “quieren buscar justicia adonde sea que conduzcan las investigaciones”, sostuvo Jesse Garcia, director adjunto regional de la DEA, que agradeció sobre todo el apoyo del fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez.


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