El desarme de las FARC: el éxito si es posible

Porque se trata de un momento decisivo para cerrar un largo ciclo de violencia, es importante repasar los antecedentes de desmovilización y desarme de otras guerrillas en Colombia. Lecciones para la paz duradera que parece estar tan cerca.

218

En Colombia no hemos asistido a un pacto de paz global con el conjunto de las guerrillas y milicias insurgentes, sino a acuerdos sucesivos en medio de distintas coyunturas y circunstancias complejas. Pero en todos los casos estos pactos han dado lugar a agendas que conllevan, en distintos grados, demandas o compromisos por parte del Estado y de las organizaciones insurgentes.

El primer ciclo de pactos con guerrillas de inspiración socialista se dio a finales de la década de 1980 e inicios de la de 1990, y tuvo como acontecimiento principal la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Esta situación sirvió de soporte para consolidar los acuerdos de paz con las guerrillas M-19 y EPL (Ejército Popular de Liberación), la milicia campesina regional Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la autodefensa indígena Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), la fracción del ELN denominada Corriente de Renovación Socialista (CRS) y la mayoría de las denominadas milicias populares de Medellín.

El actual pacto de paz, que surge del acuerdo entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos y que se encuentra en fase de implementación, consigue un alto nivel de desarrollo en las formulaciones y especificaciones de los compromisos y procesos a emprender.

Adicionalmente existe la expectativa de un posible acuerdo con el ELN, que daría lugar al cierre definitivo de la guerra irregular interna registrada durante varias décadas en el país.

Concentración de guerrilleros y milicias

Durante los ochentas y noventas, los frentes guerrilleros eran claramente identificables, dada su reconocida actuación en determinados territorios y las declaraciones de cese al fuego unilateral que facilitaron la apertura de las negociaciones y la instalación de zonas de concentración denominadas “campamentos de paz”.

En esos lugares se concentraron los efectivos de los frentes guerrilleros y milicias rurales, bajo unas condiciones y compromisos que procuraban el buen desarrollo de las negociaciones. En los “campamentos de paz” -con frecuencia instalados en corregimientos- se llevaron a cabo las reuniones de las comisiones negociadoras y fueron muy frecuentes las visitas de distintos actores políticos y sociales que rodearon el proceso de paz e interactuaron con los delegados de las partes.

En estos primeros pactos, los insurgentes entregaron las armas ante comisiones nacionales e internacionales que se encargaron de la identificación y registro del material de guerra. En varios casos de milicias pequeñas, las armas fueron destruidas en las mismas ceremonias de desmovilización ante los veedores nacionales e internacionales.

Dejación de las armas

Durante sus negociaciones con el gobierno de Virgilio Barco, el M-19 se concentró en la zona indígena de Santo Domingo, Cauca. Allí tuvo lugar la ceremonia de dejación de las armas con participación de las comisiones veedora y técnica militar de la Internacional Socialista. En marzo de 1990, se desmovilizaron 900 combatientes e hicieron entrega de 280 fusiles y otras armas en buen estado. Con las armas del EPL fue construido un monumento a la paz en Medellín con cooperación de la ONU y de autoridades nacionales.

Por su lado el EPL se concentró en ocho “campamentos de paz” en cabeceras de corregimientos de Bolívar, Córdoba, Urabá, el occidente de Antioquia, Risaralda, Putumayo y Norte de Santander. Al final de la negociación, estas zonas se redujeron a seis, donde simultáneamente se hicieron ceremonias de dejación de armas. Así mismo, las comisiones y subcomisiones de negociación entre los mandatos de Barco y Gaviria habían sesionado de manera rotativa entre 1990 y 1991 en estos “campamentos de paz”. A los actos de desarme también asistieron una comisión internacional veedora y técnica de la Internacional Socialista y una comisión conformada por integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, en marzo de 1991.

El Partido Comunista Marxista Leninista (PC ML) y su guerrilla EPL, que había insistido en la convocatoria de la Constituyente como espacio para  reformar el régimen político, adoptó la consigna: “¡Armas a discreción de la Constituyente!”. Ante esta instancia, los comandantes del EPL, tras establecer los términos del acuerdo paz, hicieron una dejación simbólica de sus armas en la plenaria de esa corporación.

En un principio, de esta organización guerrillera se desmovilizaron 2.200 combatientes y fueron entregados ante los veedores 600 fusiles y otras armas en buen estado. A pocos meses aconteció también la desmovilización y desarme de los Comandos Ernesto Rojas del EPL, con 41 efectivos, que incluía un dispositivo de seguridad en reserva, que no fue desactivado sino hasta consolidar la confianza en la culminación de los acuerdos.

Sin embargo, luego de la desmovilización del EPL, 13 de sus 18 frentes rurales tuvieron pequeñas fracciones disidentes, de los cuales unos devinieron en grupos delincuenciales que fueron exterminados por la fuerza pública o por otras guerrillas. Incluso hubo casos en que sus integrantes ingresaron a grupos paramilitares o a otras organizaciones insurgentes.

Pero a la vez, dos de estas agrupaciones disidentes del EPL, mediante actas, pactaron la paz e ingresaron al programa gubernamental de reintegración. Este fue el caso del Frente Francisco Garnica, que en 1994 legalizó en Bolívar a 157 desmovilizados y entregó 85 armas, y del Frente Bernardo Franco, que en 1996 legalizó en Córdoba a 167 combatientes que entregaron sus armas ante el Ejército Nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, en las listas de desmovilización y reintegración relacionadas con el EPL figuraron 2.425 combatientes, que entregaron un total de 893 fusiles y armas.

Así mismo, en febrero de 1991, tras un pacto con el Gobierno, se desmovilizaron 204 integrantes de la milicia campesina de Montes de María perteneciente al PRT, que provenía de un una escisión anterior del (PCML-EPL). En la ceremonia fue destruido casi un centenar de armas.

El MAQL suscribió un pacto de paz con el Estado y en mayo de 1991 se desmovilizó e hizo dejación de las armas ante una importante concentración indígena, de autoridades, personalidades invitadas y una comisión de veeduría internacional conformada por el Consejo Mundial de Iglesias. De manera simbólica, líderes de las comunidades indígenas procedieron a destruir las más de 50 armas dejadas por 157 combatientes de esta autodefensa.

Por su parte, la CRS se desmovilizó ante una comisión veedora internacional de los Países Bajos y de Pax Christi. El acto se realizó en abril de 1994, con asistencia de funcionarios oficiales e invitados en el “campamento de paz” de Flor de Monte, Montes de María, donde 450 combatientes entregaron las armas. Algunos de ellos eran milicianos trasladados desde Medellín y otros lugares de Antioquia, a quienes se agregaron unos 300 activistas revolucionarios.

De igual modo, en 1994, las Milicias del Pueblo y para el Pueblo, las Milicias Metropolitanas de Medellín y las Milicias Independientes del Valle de Aburrá firmaron en Medellín un pacto de paz y convivencia con el Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía. En un acto público en las comunas de esta ciudad se desmovilizaron más de 600 milicianos –una parte significativa de ellos era menores de edad– e hicieron entrega de más de 200 armas, ante una comisión de acompañamiento de la Iglesia Católica y líderes políticos y sociales.

En 1998, también en Medellín, firmaron un pacto de paz y convivencia las Milicias Independientes Revolucionarias Comandos Armados, en una ceremonia con asistencia de autoridades nacionales y locales y de líderes civiles invitados en calidad de veedores. En esta ocasión se desmovilizaron 200 efectivos y entregaron más de un centenar de armas.

Adicionalmente, en la década siguiente se produjeron acuerdos de paz y la reintegración a la vida civil de pequeñas fracciones guerrilleras: en el 2008, dejó las armas el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), disidencia del ELN en Chocó y parte de Risaralda, y en el 2011 se desmovilizó el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), disidencia del ELN que actuó en el sur de Bolívar, La Mojana, Montes de María y el norte del Tolima. En ambos casos, fueron apenas unas decenas de combatientes que en actos políticos en cada región entregaron las armas ante el Gobierno nacional, en cabeza del alto comisionado para la paz.

Las FARC y su desarme

Hoy asistimos a la concentración en 26 zonas de más de ochenta estructuras armadas de las FARC, con cerca de siete mil efectivos, a los cuales se agregan los cerca de tres mil milicianos presentes en los mismos territorios.

Este histórico proceso de paz resulta ser el más decisivo para el cierre de la guerra interna. Esta semana concluye la dejación escalonada de las armas guerrilleras y milicianas, con verificación directa de una misión de la ONU que lidera un equipo tripartito de monitoreo y verificación, del cual hacen parte también el Gobierno y la guerrilla. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz certifica el paso a la vida civil de cada excombatiente.

En los reportes impresiona el alto grado de organización y el manejo técnico de los asuntos, el alto volumen de armas que tiende al registro de un arma por combatiente, se destaca de ellas la calidad técnica y el potencial bélico, a lo cual se agrega el material de guerra depositado en 900 caletas que también es recibido por la ONU.

De tal forma, el paso a la vida civil de unos diez mil excombatientes, la creación prevista de su partido político en la legalidad, el éxito esperado en la implementación del acuerdo de paz y, como gesto simbólico, la instalación de tres monumentos –en Colombia, en Cuba y en la sede de la ONU de New York–, son hechos contundentes del avance irreversible del cierre de la guerra y de la construcción de la paz “estable y duradera” prevista para Colombia.

Ojalá sea en esta misma coyuntura histórica que el Gobierno y el ELN aporten a estas experiencias decisivas hacia la superación por vía política del conflicto armado y con la aplicación ese acuerdo faltante para el logro de la llamada “paz completa”.

Por: Álvaro Villarraga Sarmiento
Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, integrante de la Fundación Cultura Democrática, catedrático.