El ocultamiento de la verdad no le da seguridad al país

La frase es de Carlos Beristain, médico y doctor en psicología social, quien ha trabajado durante dos décadas con víctimas de violaciones de derechos humanos. Su experiencia como asesor en varias comisiones de la verdad, le permite dar luces sobre cómo podría ser la colombiana. Entrevista con VerdadAbierta.com.

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Si hay algo que tiene convencido a Carlos Beristain tras 20 años como asesor en comisiones de la verdad es que estas no pueden limitarse a la narración de historias de las víctimas para las víctimas; o entre perpetradores, o entre víctimas y perpetradores. A su juicio, debe ser un espacio que vincule a la sociedad en una historia compartida, que conduzca a un nivel distinto de la representación actual de la realidad, permitiendo un reconocimiento plural del sufrimiento. “La Comisión busca un reconocimiento colectivo del dolor individual, por eso es que es tan importante como espacio social”, dice.

 Carlos Beristain, médico y doctor en psicología social
Carlos Beristain, médico y doctor en psicología social

Beristain es médico y doctor en psicología social y fue asesor en las comisiones de la verdad en Perú, Paraguay y El Salvador. Es profesor de ayuda humanitaria y trabajó con víctimas de violaciones de derechos humanos en la Universidad del Deusto (Bilbao) y en el Instituto Hegoa (Universidad del País Vasco UPV-EHU). También conoce en detalle los procesos de justicia transicional de El Salvador, Guatemala y Colombia.

“La Comisión de la Verdad ayuda a desestigmatizar las víctimas. Les ofrece medidas de reparación, ayudándoles a procesar el dolor… La memoria no es una fotografía fija y ésta debe hacer énfasis en los aspectos positivos de la verdad”, comenta el experto.

Además, asegura que el mayor tema de seguridad es que hay un esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos: “es lo que le va a dar mayor seguridad al país; no el ocultamiento de la verdad”.

A propósito del taller Desafíos para el periodismo de hoy, libertad de prensa, proceso de paz y acceso a la información, convocado por Consejo de Redacción, y de cara al anuncio del nuevo acuerdo logrado entre el gobierno nacional y las Farc, Berinstain conversó con VerdadAbierta.com sobre aspectos clave de la futura Comisión de la Verdad:

Verdad Abierta (V.A.): ¿Qué tan complejo puede ser el proceso de conformación de una comisión de la verdad?

Carlos Beristain (C.B.): Eso es un proceso que tiene su tiempo, porque la verdad conflictiva no se asimila tan fácilmente cuando primero se ha estado viendo una representación de la sociedad dominante que ha ocultado muchas cosas o que ha negado otras; o por otra parte, cuando políticamente uno ha estado viendo solamente un tipo de violencias o de impactos porque ha tenido cierta sensibilidad en función de que se ha identificado con esas víctimas o son las víctimas que han tenido más proyección social o han aparecido más en los medios.

Entonces eso significa un proceso de construir una buena parte de una representación a veces muy sesgada o selectiva de esa realidad y se necesitan más acciones sostenidas en el tiempo. Eso no va a venir de una sola acción y que sean acciones no solamente en las que el papel de las víctimas es fundamental; el papel de las víctimas diferentes es fundamental porque ellas pueden tener una capacidad de identificación entre sí a partir del impacto de lo vivido que me parece muy importante. Es una energía transformadora y que no debe quedarse solo en ellas porque eso es también una lección moral para la sociedad; es un mensaje para otros.

(V.A.): ¿Hay ejemplos en el mundo que destaquen esa relación de víctimas diferentes expresándose entre sí?

(C.B.): La experiencia de Glencree en el País Vasco [iniciativa de distintas víctimas de GAL, ETA y la Policía] mostró víctimas muy diferentes y de extremos políticos muy distintos fueron capaces de hacer un proceso de diálogo, de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de criticar la violencia sufrida por el otro, de una manera totalmente honesta y veraz, que es una lección moral también para la sociedad.

Se necesita que esas experiencias, que a veces son entre víctimas o entre comunidades, tenga una proyección pública, que puedan llegar a muchos sectores de la sociedad que a veces ven el problema de la violencia o de las violaciones de derechos humanos como un problema de otros o un problema que ha estado invisibilizado.

(V.A.): ¿Y qué se necesita para llegar a ese nivel de entendimiento?

(C.B.): Necesitamos que esas memorias ayuden a superar la indolencia frente al dolor. No solamente es un problema de memorias selectivas, como que yo me fijo en unas víctimas como si estas víctimas son las únicas que existen; también es un problema de indolencia por el deterioro del conflicto armado, por la representación dominante de la violencia en los medios de comunicación, la invisibilización de otras cosas, que terminan poniendo distancia frente a lo que nos duele.

A pesar de que la psicología muestra que en la investigación sobre víctimas -por ejemplo- todo el mundo tiene una valoración positiva sobre ellas en general, en la práctica tienden a ponerse una distancia sobre las víctimas porque es una cosa a veces dolorosa o que no quiere verse. La sociedad debe dejarse tocar por eso y hay que hacer un proceso sostenido en el tiempo y de diferentes acciones, que sean significativas, que tengan una proyección social y ayuden a generar esa sensibilidad.

(V.A.): Frente al proceso que se avecina en Colombia, ¿cómo puede implementarse la metodología de la Comisión de la Verdad acordada en La Habana?

(C.B.): Lo primero que hay que tratar es que el diseño de la comisión es parte del proceso, ella no puede venir diseñada desde arriba. Su construcción debe generar legitimidad, tiene que haber una participación. Las personas elegidas tienen que generar consenso y no se trata de un reparto de quién representa a equis sector político y hacemos entre todos “un pastel”, por decirlo en términos culinarios, que tenga un pedazo de cada quién, no. Se necesita de personas que tengan legitimidad moral y social para diferentes sectores y que den legitimidad al proceso.

Y esta Comisión debe trabajar sobre todo hacia las víctimas, mostrando su compromiso, la agenda de las víctimas es fundamental para una Comisión de la Verdad y también tiene que recoger no solo sus historias sino abrir el espacio social para las víctimas, ese es el trabajo pedagógico que debe hacer la Comisión.

(V.A.): ¿Qué opina de lo acordado al respecto con las Farc?

(C.B.): El diseño previo que se hizo con las Farc de esa comisión incluye elementos, por ejemplo, de reconocimiento a las víctimas, de procesos de reconstrucción del tejido social local, en los cuales la participación de las víctimas e incluso de perpetradores sobre bases de reconocimiento de la responsabilidad constituyen mecanismos muy importantes, y eso es un elemento novedoso.

(V.A.): Las víctimas ya han participado de los procesos de Justicia y Paz [Ley 975 de 2005] y de Víctimas y Restitución de Tierras [Ley 1448 de 2011]. ¿Cree que eso ya es avance para aportar a la futura comisión?

(C.B.): En Colombia hay una fragmentación de los procesos. Primero, las víctimas no estaban invitadas al proceso de Justicia y Paz, pero se presentó el escenario, empezaron a hablar sobre los muertos durante las audiencias libres, y aún en un contexto de miedo siguieron llegando y se manifestaron como un sujeto social que debe ser escuchado; eso me parece importante y muestra el valor de las víctimas para dar pasos en contextos en los que no había condiciones.

Hay una Ley de Víctimas antes de una comisión de la verdad. Hubo declaraciones de los perpetradores antes de una investigación sobre [lo que han sufrido] las víctimas, muchas cosas que en otros casos se han hecho como parte de un proceso más estructurado.

(V.A.): ¿Qué sugiere hacer entonces?

(C.B.): El proceso de paz debería ayudar a poner una dirección en todos estos elementos que han sido fragamentados; no a sustituir cosas que ya están; pero sí a orientarlas y a ponerles más criterio y una redirección hacia la construcción de ese tejido social. Los temas que tienen que ver con la tierra deberían venir después de una investigación sobre la problemática de la tierra en las diferentes regiones y qué condiciones se han dado para evitar la individualización del problema.

Muchas víctimas no tienen papeles, les compraron [sus tierras] de forma fraudulenta, en medio de la amenaza; hubo muchas condiciones a las cuales no pueden aplicárseles los criterios convencionales, normales en otro tipo de problemas, y por eso hablamos de justicia transicional. Tiene que haber mecanismos diferentes y garantías porque no vas a encontrar que las víctimas tengan todos los documentos o pruebas. Entonces, la comisión va a tener que poner criterios específicos de cómo reorientar esa temática de la tierra y mucho de lo que hay detrás del conflicto; no es solo un tema de lucha ideológica contra el Estado o contra la guerrilla.

En todos los conflictos hay que “mirar detrás de la cortina o debajo de la mesa” para ver qué es lo que se está jugando ahí, y la comisión tiene que poner en blanco sobre negro, entonces no son solamente las causas de la violencia sino los mecanismos que han hecho posible o han alimentado esa violencia, y proponer medidas. Eso no se ha hecho todavía en este país a pesar de que existen ya un conjunto de medidas legales. La Comisión va a tener que decir cosas sobre esos puntos.

(V.A.): ¿Y cómo lograr captar el interés de la ciudadanía para que mantenga su atención en el proceso de la Comisión y sus resultados cambien la percepción sobre ese pasado violento?

(C.B.): Una cosa que tiene que hacer la Comisión es abrir el espacio para las víctimas en términos de la recogida de testimonios y de que sus historias sean escuchadas por la sociedad. Y en eso las audiencias públicas son una herramienta clave.

Además, tendrá que tener una política de comunicación muy clara que no puede estar esperando a tener el informe final para mostrar sus revelaciones, que ayuden a tener una dimensión de la violencia más amplia de lo que se tiene, a que se visibilicen los impactos, porque eso es lo único que puede generar sensibilidad social: la injusticia vivida por las víctimas.

Y es que no se trata solo de un dato estadístico, porque a veces esto termina convirtiéndose en una “epidemiología del sufrimiento”: cuántos muertos, cuántos desaparecidos, pasamos la página y ya está. Si no es algo que te toca, que puede ser tú o tú familia o alguien como tú con la humanidad compartida que tenemos, entonces va a ser visto más como la “crónica roja”, que es más la exaltación de las atrocidades y el terror; y poca conciencia sobre cómo eso nos toca y qué mecanismos lo hacen posible.

La Comisión tendrá que hacer énfasis en mensajes, acciones, en el medio urbano, que rompan la secuencia de pensamiento habitual y que muestren algo más real de esos impactos que no se han querido ver, también de las experiencias de resistencia o de reconocimiento del otro, que son muy positivas y que se han ido haciendo de una forma más fragmentada o limitada, pero que nunca estuvieron en la agenda o no se convirtieron en lecciones morales para la sociedad; hay que tener una estrategia de incidencia y la Comisión en Colombia va a tener que tener un fuerte énfasis en eso.

(V.A.): ¿Qué recomienda en el tema de preservación de documentos, archivos, fotos, para que se preserven como prueba de lo ocurrido? ¿Qué entidad debe ser la depositaria de todo ese material?

(C.B.): Después del trabajo de la Comisión debe constituirse algo y en diferentes países ha sido así. En Perú, el depositario del archivo de la Comisión ha sido la Defensoría del Pueblo con su sistema de consultas; el peor escenario ha sido el Centroamericano, donde los archivos de las Comisiones están en Nueva York reservados 50 años; ese es el peor escenario, eso no puede pasar en Colombia.

Lo que tiene que haber durante el proceso es una apertura de archivos. Si las organizaciones de la guerrilla tienen archivos, deberían abrirlos; el Estado también debe abrir los suyos. No puede ser que pase como en Guatemala: diez años después del informe de la Comisión se descubrió el archivo de la Policía Nacional. Se descubrió de casualidad porque en medio de unas instalaciones de la Policía estallaron unos artefactos, armas oxidadas y cuando fue la Procuraduría de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo a investigar qué había pasado, los militares ya había retirado las armas y cuando preguntaron que había detrás de unas puertas encontraron un archivo: montañas de papel tiradas, llenas de moho, un archivo organizado, un archivo más grande que el de Indias en Sevilla, y eso muestra que el gobierno guatemalteco dijo que no tenía archivos, que no había nada y sin embargo, había muchas cosas.

Cuando fuimos 10 años después de la Comisión de la Verdad a una visita al archivo cuando ya tenían cosas más organizadas, nos recibieron con una carpeta del caso Oliverio Castañeda [líder estudiantil guatemalteco asesinado]. La primera hoja de esa carpeta era un memorando de Christian Tomuschat, presidente de la Comisión de la Verdad, al Ministro de Gobernación solitando que nos dieran la información sobre el caso de Oliverio Castañeda. La segunda hoja era el memorando del Ministro de Gobernación a la Jefatura de Archivos, que por favor revisaran. Y el tercero era un documento de la Jefatura de Archivos diciendo: “adjunto remito la información existente sobre el caso”, con bastantes páginas.

En las siguientes páginas había una hoja de recepción del Ministerio del Interior y en la última hoja estaba la respuesta del Ministerio de Gobernación a Christian Tomuschat, indicando: “no se ha encontrado en los archivos ningún informe de Oliverio Castañeda”. Esto es la prueba de la no colaboración del Estado en la investigación de los casos y de la no colaboración con la Comisión de la Verdad.

Las comisiones han tenido dificultades para que haya una apertura de los archivos, se ha conseguido tiempo después. Colombia tiene que tener un estándar mucho más alto de lo que se ha podido hacer en otros países y tiene que haber una apertura que permita una investigación, no solo el testimonio son las víctimas; tiene que haber documentación de los diferentes actores que ayuden a develar la verdad y a investigar los casos, esto es un deber moral y no puede quedarse en el parapeto de la respuesta general de que “son temas de seguridad”. El mayor tema de seguridad es que hay un esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos, es lo que le va a dar mayor seguridad al país; no el ocultamiento de la verdad.