El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, podría quedar en libertad el próximo viernes 26 de abril tras un vencimiento de términos en el proceso que se adelanta en su contra por estar involucrado en el escándalo del “cartel de la toga”.

Por medio de un radicado habría exigido su liberación, argumentando que se ha llegado al límite de tiempo establecido por la ley para presentar la acusación por escrito, por lo que alega que sus derechos procesales han sido vulnerados.

Según la Fiscalía General de la Nación, en el proceso de Ricaurte se han presentado constantes trabas, con dos aplazamientos de las audiencias, por rechazar y solicitar pruebas, por parte de la defensa del expresidente de la Corte, fuera de los tiempos establecidos por el juez. En la contra parte del caso, los abogados de Ricaurte sostienen que el ente judicial ha ocultado elementos probatorios y testimonios claves para demostrar su inocencia.

Para los delitos en los que se ven asociados a la corrupción, el vencimiento de términos no es de 120 días, como en cualquier otro proceso, sino del doble, es decir, 480. En este orden de ideas, la libertad de Ricaurte sería viable, ya que este caso se dio inicio el 12 de diciembre de 2017. El expresidente de la Corte se encuentra recluido en la cárcel La Picota desde septiembre del mismo año.

Ricaurte es acusado por incurrir en delitos por concierto para delinquir, cohecho, tráfico y abuso de información privilegiada relacionada al “cartel de la toga”, un caso de corrupción en el país que se destapó en el 2017 e involucraba a miembros de la Corte Suprema de Justicia quienes obtenían un dinero a cambio de aplazar o alterar procesos en contra de quienes sobornaban.

La Fiscalía acusa al exmagistrado de dirigir una organización criminal junto a Luis Gustavo Moreno Rivera, Leonardo Pinilla, Gustavo Malo y a Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema.