Experto aclara que solo una Corte Internacional puede emitir orden de captura contra Maduro

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Maduro

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio solicitó prisión preventiva contra el presidente Nicolás Maduro y emitió una orden de alerta roja internacional, en la que pide a Interpol la captura del jefe de Estado.

De acuerdo con lo reseñado por Efecto Cocuyo, la última acción solicitada por el TSJ en el exilio no tendría efecto, pues la Interpol solo estaría obligada a cumplirla, si un tribunal internacional como la Corte Penal Internacional de La Haya lo solicitara.

El abogado y analista internacional Daniel Merchán, explicó al citado medio que ningún jefe de Estado ha sido detenido por Interpol en el ejercicio de sus funciones, puesto que estas órdenes deben ser emitidas “por tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, que las solicita por  delitos de lesa humanidad, violación a los derechos humanos”.

Merchán destacó que a pesar de que los magistrados del TSJ en el exilio tienen legitimidad de origen por haber sido escogidos por la Asamblea Nacional, la aplicación de las decisiones que tomó el organismo en el contexto interno es “muy complicado”.

“Ese TSJ es un poder constitucionalmente establecido, designado por la AN legítima, con magistrados que tienen investidura legal que les da la propia norma, con facultades para revisar y decidir sobre temas de índole nacional y el antejuicio de mérito contra el presidente es uno de ellos, pero la situación venezolana es muy atípica para que lo que decidieron se pueda aplicar en el país”, manifestó.

TSJ notifica oficialmente a la AN solicitud de enjuiciamiento a Maduro

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, envió un oficio al presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza en el que hae del conocimiento el antejuicio de mérito al presidente Nicolás Maduro, interpuesto por la ciudadana Luisa Ortega Díaz en su condición de Fiscal General, por la presunta comisión de delitos por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio público venezolano, donde presuntamente se encuentra involucrada la empresa NORBERTO ODEBRECHT, S.A.,de conformidad con lo establecido en el artículo 266 numeral 2° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 24 numeral 1° de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Este tribunal agrega “que HAY MÉRITO SUFICIENTE PARA ENJUICIAR A NICOLÁS MADURO MOROS, quien ejerce el cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, existiendo causa probable que hace presumir la comisión de los delitos de Corrupción Propia y Legitimación de Capitales previstos en el artículo 64 del Decreto con Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción y artículo 35 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y la presunta responsabilidad de los hechos punibles denunciados en este Máximo Tribunal”.

El oficio finaliza diciendo que esta participación se hace a los fines de que esa legítima Asamblea Nacional autorice a llevar a juicio a NICOLÁS MADURO MOROS, advirtiendo que la autorización respectiva generará la suspensión e inhabilitación inmediata del funcionario para ejercer cualquier cargo público, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal.


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