Extraviados $1.158 millones en la ejecución del Programa “Tolú Sin Hambre”

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Atendiendo denuncias ciudadanas, la Contraloría General de la República encontró 3 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $1.158 millones de pesos en la ejecución del Programa “Tolú Sin Hambre”, ejecutado con recursos de regalías en la vigencia 2015, por la administración de este municipio del departamento de Sucre.

El organismo de control considera que la administración municipal fue permisiva con la ejecución contractual y cumplimiento de metas y objetivos trazados en este proyecto, en el que se invirtieron más de $4 mil millones en la vigencia 2015.

Dentro de las actuaciones adelantadas por la CGR se detectaron deficiencias en la etapa de planeación del “Programa de Interés Público para Impulsar la Organización y Ejecución del Proyecto denominado Por la Erradicación de la Pobreza Extrema, Santiago de Tolú Sin Hambre”.

Lo primero es que no se encontraron documentos que establecieran claramente los criterios de selección para realizar la caracterización e identificación de las familias beneficiarias
Esto porque las listas de beneficiarios se hacen de manera aleatoria y no parece que haya una causa objetiva para adelantar este procedimiento.

Así mismo, se puede afirmar que el proyecto Tolú Sin Hambre no garantizó la continuidad y sostenibilidad de la meta social de este proyecto de interés público, cual es la reducción efectiva del porcentaje de las familias en extrema pobreza del municipio, más aún que involucra los derechos fundamentales de los menores de edad (art. 44 de la Constitución Política) y que de alguna manera tales familias se vuelvan generadoras de sus propios ingresos.

Además, no existen índices de impacto relacionados con la alimentación y nutrición que evidencien la ayuda efectiva a esta población para superar su situación de pobreza extrema, máxime que se invirtieron más de $4 mil millones de pesos con tal objetivo en la vigencia 2015.

Permisividad de la Alcaldía, el supervisor y el interventor

En conclusión, las diferentes evidencias recaudadas por la Contraloría dan cuenta que la administración municipal fue permisiva con la ejecución contractual y cumplimiento de metas y objetivos trazados en el proyecto “Tolú Sin Hambre”.

Lo mismo puede decirse en lo relacionado con la supervisión e interventoría ejercidas, necesarias para lograr el propósito de superar la pobreza en el caso de 2.306 familias, integradas por 9.828 personas, que representan el 50.6% de la población de Tolú, lo que traduce en una posible afectación de los derechos humanos de éstos.

En desarrollo de las denuncias sobre el tema, la Contraloría General de la República estableció 6 hallazgos administrativos, de los cuales 3 tienen incidencia fiscal por valor de $1.158 millones, uno es de carácter penal, uno más tiene otra implicación y 6 tienen posible connotación disciplinaria.