Periódico El Sol tuvo en conocimiento dos casos de tutela en el que los accionantes solicitan la inmediata aplicación de su segunda dosis de la vacuna para el covid-19, y su tutela es negada por criterios científicos que el juez asume a partir del pronunciamiento del Ministerio de Salud y Seguridad Social que iría en contravía de los criterios científicos establecidos por la comunidad internacional, respaldada por la OMS.

El primer caso es del expediente T8417241, en el que un ciudadano de 55 años, paciente de obesidad, hipertensión y otras enfermedades, presentó una tutela a la EPS SALUD TOTAL solicitando la aplicación de su segunda dosis Pfizer, en vista de que la misma EPS sin previo aviso prolongó la aplicación del biólogo sustentando que los tiempos y plazos establecidos son de hasta 12 semanas según lo proferido por el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Salud y de la Seguridad Social en el plan nacional de vacunación.

El accionante interpuso una tutela basándose en los criterios de la Organización Mundial de Salud, que especifican que la aplicación de la segunda dosis del biólogo Pfizer tiene un plazo de hasta 21 días. El juez en su decisión revirtió la tutela alegando que los términos sí cumplen los plazos, afirmando que son 12 semanas de plazo, como lo menciona el Ministerio de Salud y de la Seguridad Social.

Otro caso similar, se presenta en el expediente T8417246, un docente activo interpone tutela a AFP PORVENIR S.A y la Secretaría de Salud Municipal de Cali, en ella, el accionante solicita la aplicación de la segunda dosis del biólogo Astrazeneca, el juez, basándose en lo pronunciado por el Ministerio de Salud y de Seguridad Social, niega el amparo de la tutela, alegando que el acto “resulta huérfano de demostración o sustento científico”.

Esto levanta dos problemáticas, la primera, que el Ministerio de Salud determinó un término unificado para la aplicación de las vacunas de todos los laboratorios. Esto contrarresta el criterio científico establecido por la comunidad internacional, acojibado por la Organización Mundial de la Salud y sus 194 estados miembros, quienes mencionan que cada vacuna tiene un término de aplicación relativo a partir de la aplicación de la primera dosis. Se detalla en el informe de la OMS que para la aplicación de; Astrazeneca, el plazo es de 12 semanas; Pfizer, hasta 21 días; Moderna, hasta 6 semanas ; Sinopharm, hasta 3 a 4 semanas y Sinovac, hasta 28 días.

La segunda problemática que se presenta son las decisiones de los jueces basados en “criterios científicos” emitidos por el Ministerio de Salud, lo que podría interpretarse como una invasión de los jueces en el campo científico. La Corte Constitucional ha sido clara con estas decisiones en la que los jueces se argumentan con respaldos científicos, en la sentencia T-059 de 1999, la Honorable Corte establece que “el juez debe ser muy cuidadoso al adentrarse en esos terrenos, los cuales exigen conocimientos especializados que no posee el funcionario judicial. Es decir, la intervención del juez no está dirigida a sustituir los criterios y conocimientos del médico por los criterios y conocimientos del juez, sino a impedir la violación de los derechos fundamentales del paciente. Por lo tanto, su intervención en la relación médico – paciente sólo debe darse en situaciones extremas, tal como ocurre cuando la decisión del médico pone gravemente en peligro los derechos de las personas.” En síntesis, esta sentencia impide al juez invadir el campo de la ciencia médica y los criterios científicos y solo puede limitarse a impedir la transgresión de los derechos fundamentales.

Preocupa que el Ministerio de Salud y Seguridad Social haya delimitado los plazos de la segunda dosis basándose solamente en la aplicación de AstraZeneca, que establece que su segunda dosis puede aplicarse en el lapso de 12 semanas. Esta unificación de los plazos, basados casualmente en la vacuna que más semanas brinda con respecto a la primera y segunda dosis estaría eludiendo la responsabilidad del Estado de implementar las medidas de política pública que conduzcan a garantizar la prestación eficaz de los servicios de salud.