Con el objetivo de proteger la vida y bienes de los ciudadanos, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a los alcaldes, gobernadores, directores de corporaciones autónomas regionales y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a formular de manera prioritaria acciones para garantizar la gestión del riesgo de desastres frente a la ola invernal y el fenómeno de La Niña.

En la Circular 005 de agosto de 2022, el ente de control recordó que cada municipio y distrito debe complementar sus estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo e incorporarlos en sus instrumentos de planeación territorial y estar permanentemente consultando la información, los mapas y las alertas generadas por las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), es decir, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la UNRGD, la Dirección Nacional de Bomberos, entre otros.

En desarrollo de su acción preventiva, la Procuraduría advirtió que, dada la inminencia de mayores afectaciones por la temporada invernal, estas son las 6 obligaciones complementarias que deben cumplir las autoridades nacionales, municipales, distritales y departamentales:

Convocar periódicamente los consejos territoriales de gestión del riesgo de desastres.
Fortalecer sus organismos de socorro.

Apropiar recursos para financiación de los procesos de conocimiento, mitigación del riesgo y atención de emergencias, según los niveles de riesgo identificados en los estudios básicos y detallados.

Establecer acciones de mitigación ligadas a los instrumentos de ordenamiento territorial.
Realizar, en caso de una emergencia, la evaluación de daños y análisis de necesidades y el Registro Único de Damnificados, con el fin de evaluar la capacidad del municipio o distrito para afrontar la situación o activar el apoyo requerido del departamento o la Nación.
Gestionar apoyo de la Nación para los procesos de mitigación y atención de los desastres.
La Procuraduría continuará exigiendo a alcaldes, gobernadores y demás autoridades la formulación e implementación de acciones necesarias en materia de mitigación del riesgo y manejo de desastres, con el fin de disminuir el impacto de los fenómenos naturales en la población.