Incumplimiento de órdenes del Consejo de Estado para saneamiento del río Bogotá

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 Según la Contraloría, las cifras planteadas en los estudios de financiación para la construcción de la PTAR Canoas no están del todo afinadas para que pueda establecerse con certeza un cierre financiero del proyecto.
El informe de la CGR considera deficiente la gestión desarrollada por la CAR, en razón a los atrasos presentados en la ejecución de las metas establecidas en el CONPES 3320 de 2004.
Se evidencia falta de medición sistemática de los parámetros físico-químicos de calidad hídrica para el río Bogotá en las vigencias analizadas (2012 a 2015). Y se advierte también la no mejora de los índices de calidad del agua del Río Bogotá.

La Contraloría General de la República presentó su segundo informe de avance al cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia del Consejo de Estado, del 28 de marzo de 2014, para la descontaminación del río Bogotá.

El informe de avance de la CGR hace un análisis del modelo financiero propuesto por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para la PTAR Canoas.

Para la financiación de esta obra, el DNP evaluó dos alternativas de financiación toda vez que a la fecha no se cuenta con los recursos para su realización. La primera opción, es la contratación de la obra mediante un esquema de obra pública y la segunda, la utilización de una figura de Asociación Pública Privada –APP.

El costo financiero de la PTAR difiere considerablemente si se opta por una u otra de las opciones. Mediante una APP el costo de la financiación es de $3,128 billones, mientras que bajo la figura de contrato de obra pública es de $0,951 billones pero en la cual el Estado tiene que asumir los costos asociados a los riesgos propios de la obra, tales como el riesgo predial, de redes, de diseño, de construcción, de operación y mantenimiento comercial, de financiamiento, de liquidez, cambiario, etc., que serían asumidos por el privado en un contrato de APP, y están estimados en un valor de $5.541 billones.

Así que el supuesto ahorro para el Estado con la opción de la APP no sería del todo realista si se tiene en cuenta que en la mayoría de las APP el financiamiento inicial que realiza el estado para apalancar al privado, conduce a que efectivamente el riesgo financiero para el privado se minimice, entre otros.

No obstante las evaluaciones realizadas por el DNP, la Contraloría General de la República considera que para realizar un análisis más a profundidad de las opciones de financiación, se deben definir con mayor precisión todas las variables incluidas en el modelo de APP, tales como: las proyecciones de demanda y de ingresos por tarifas que recaudaría la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; así como las del 7.5% del predial que también son un supuesto de financiación para la obra, pues es factible que exista más de un escenario por el cual puedan variar este tipo de ingresos.

A juicio de la CGR, las cifras planteadas en los estudios de financiación para la construcción de la PTAR Canoas no están del todo afinadas para que pueda establecerse con certeza un cierre financiero del proyecto y así ha sido discutido con el equipo del DNP, que reconoce que es tan solo una aproximación juiciosa a lo que puede ser el cierre financiero de la PTAR Canoas.

Resultados de las auditorías de la CGR

El informe del organismo de control recoge las conclusiones de dos actuaciones que ha realizado para examinar el proyecto de descontaminación.

La primera es una auditoría realizada a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR, cuyo objetivo fue el Megaproyecto del río Bogotá.

La segunda es la auditoría programada a la descontaminación del río Bogotá, que se realizó con el objetivo de identificar la problemática de contaminación y evaluar la gestión realizada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR.

En la auditoría a la CAR se evidenció que los proyectos especiales Megaproyecto Río Bogotá y Adecuación Hidráulica del Río Bogotá representan una apropiación de más del 50% de sus recursos, lo que genera un alto impacto en su gestión, toda vez que compromete cerca de $434.017, 2 millones en la vigencia 2014. No obstante reflejan un bajo indicador en su nivel de pagos (solo el 5%), que corresponde a $21.595,2 millones, y que se traduce necesariamente en retrasos e incrementos en valor inicial del proyecto.

En desarrollo de esta auditoría se establecieron 57 hallazgos administrativos, de los cuales 18 tienen posible alcance disciplinario, 1 incidencia fiscal y 1 más otra connotación (páginas 11 a 15 del Informe de avance presentado por la CGR).

Más deficiencias

Respecto a los resultados de la segunda auditoría, para la Contraloría General de la República, la gestión desarrollada en el programa “Gestión de recursos destinados para la protección, conservación, saneamiento y descontaminación de la cuenca del río Bogotá”, es calificada CON DEFICIENCIAS puesto que no cumplieron íntegramente con los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad.

La gestión desarrollada por la CAR se consideró deficiente en razón a los atrasos presentados en la ejecución de las metas establecidas en el CONPES 3320 de 2004; también por el incumplimiento en los objetivos de calidad del Acuerdo 043 de 2006.

La CGR señaló también deficiencias respecto a los seguimientos de permiso de vertimientos.

Así mismo, la Contraloría evidenció deficiencias en la aplicación de Ley 80 de 1993 y la Ley 1347 de 2011 en relación con los convenios interadministrativos celebrados entre la entidad y municipios de jurisdicción.

Las deficiencias señaladas se evidenciaron también en la selección de consultores de acuerdo con las normas establecidas por el Banco Mundial, así como en las normas de selección y contratación de consultores por prestatarios de este organismo multilateral de crédito.

Hallazgos sobre información financiera

Dentro de la evaluación de la información financiera de los recursos del Megaproyecto río Bogotá se establecieron deficiencias relacionadas con el sistema de cuentas contables, utilizado para registrar las transacciones con los recursos para el Megaproyecto río Bogotá, la legalización de los anticipos entregados y los pagos y registros contables realizados con ocasión del Contrato Hazen and Sawyer y el manejo contable de los contratos de obra, registrados como intangibles.

En desarrollo de esta auditoría se determinaron 34 hallazgos administrativos, de los cuales 19 corresponden a hallazgos con posible alcance disciplinario y 2 con otras incidencias, los cuales fueron trasladados ante la autoridad competente; y se solicitó apertura de una Indagación Preliminar (páginas 18 a 35 del Informe de Avance).

El primer hallazgo tiene que ver con la falta de medición sistemática de los parámetros físico-químicos de calidad hídrica para el río Bogotá en las vigencias analizadas (2012 a 2015).

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