Asombro produce la particular manera como se administra justicia, se imputan cargos y delitos, y se dosifican sanciones, penas y medidas para unos dizque servidores públicos involucrados en los escándalos de corrupción, a los que nos tienen acostumbrados, infortunadamente.

Pareciera que los operadores de justicia impartieran decisiones judiciales a la carta; es decir, que el imputado o investigado, a suyo propio, o a través de su representación judicial escogiera a su antojo y satisfacción, como se hace en un restaurante, la decisión judicial que le brinde comodidad y provecho. De otra manera no se explican decisiones que para el común no tienen coherencia.

Posándonos en nuestra ciudad, a la que ahora llaman con los remoquetes de Fantástica y de la Esperanza, el ciclón de la corrupción es un muy buen ejemplo del contraste de sanciones, medidas e imputación de cargos a los implicados.

Si por una parte en el caso que llevó al concejal Jorge Useche Correa a perder su credencial, y al que junto con su tío Jorge Correa, ex director del Dadis, y a los delgados del Registrador en Bolívar, Patricia Jiménez Massa y Humberto Ceballos la Fiscalía le imputaba cargos por cohecho y concusión; por otra, y por el mismo caso y mismos hechos, el Juez de Garantías dejaba en libertad al entonces concejal Useche y a su tío Correa Rosales, e impartía medida de detención domiciliaria con brazalete incorporado para la Delegada Jiménez Massa; y sólo domiciliaria, pero sin brazalete, para el Delegado Ceballos.

En otro de los casos que nos tiene en la Picota pública, el de la elección irregular de la contralora Nubia Fontalvo Hernández, llegamos al mismo asombro al no entender la disimilitud de decisiones judiciales contra los vinculados dentro del mismo caso y los mismos hechos.

En este caso, en el que reaparece el exconcejal Useche, uno de los que se creyó que renovaban el Concejo, y con base en denuncias, la Fiscalía le inició investigación por los presuntos punibles de Cohecho y Prevaricato al igual que lo hizo con el exalcalde Manolo Duque, la exconcejal Angelica Hodge, y la ex contralora Nubia Fontalvo, ordenando su captura, hecha efectiva en agosto de 2017, orden que se extendió al señor José Julián Vásquez, investigado por tráfico de influencias y usurpación de funciones públicas; preguntándonos entonces, si en este primer paso todos están involucrados por los mismos hechos, ¿por qué la exconcejal Hodge Durango goza de detención domiciliaria y los demás están tras la rejas?

Siguiendo con el segundo paso de esta investigación la Fiscalía vinculó a once del Concejo, volviéndonos a preguntar por la decisión del Juez de Garantías ¿por qué si inicialmente a todos les concedieron la agradable detención domiciliaria, con brazalete; posteriormente, a uno de ellos, Luis Cassiani, por un curioso “Habeas Corpus” le dieron libertad? ¿Por qué a otro, a Mendoza Quessep, lo premiaron con permiso para seguir enseñando en la Universidad? ¿y por qué a otro, al concejal Curi Osorio, le han permitido evadir la justicia?

Por último, como burlesca se ha considerado la ínfima sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría al ex alcalde Manolo, a la exsecretaria de Planeación; a la alcaldesa de la Localidad 3, y al Inspector de Policía, por los hechos relacionados con la caída del Edificio en Blas de Lezo y las licencias “Chimbas”; 10, 8, 4 y 3 meses fueron las sanciones de suspensión, respectivamente.

No queda de otra… la justicia se administra a la carta.

Por: Álvaro Morales
alvaro morales 2018