Si hay algo que debe concitar la unidad de los colombianos es la lucha contra la corrupción, que según el Contralor General y el Procurador de la Nación oscila entre 40 y 50 billones de pesos anuales. Ese saqueo es uno de los actores culpables de la crisis económica de nuestro país, con lo cual justifican el recorte del presupuesto a la inversión social, la privatización de derechos fundamentales y la restricción al fomento de la producción. Si bien es cierto que la mejor forma de combatirla es desligando a Colombia del Consenso de Washington, o sea, de las imposiciones del modelo neoliberal, al cual es inherente la corrupción, hay algunos mecanismos que nos pueden permitir hacer el control social y político, en contra de quienes son los que la engendran; en este sentido, los partidos mentores del electo presidente, Iván Duque, como: Centro Democrático, Conservador, Liberal, Cambio Radical y La U, a través de algunos de sus dirigentes presos e investigados.

Después de que la senadora Claudia López se puso al frente de la iniciativa de una Consulta Popular, recogiendo 4 millones 300 mil firmas, el Congreso le ordenó al presidente Santos emitir el pasado 18 de junio el Decreto 1028 que convoca al pueblo de Colombia para que decida el domingo 26 de agosto de 2018 si aprueba o rechaza la Consulta Popular Anticorrupción, con el siguiente contenido:

Pregunta 1. ¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, fijando un tope de 25 SMLMV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado?

Pregunta 2. ¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la Administración Pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización?

Pregunta 3. ¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos?

Pregunta 4. ¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios?

Pregunta 5. ¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas?

Pregunta 6. ¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer públicos sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo?

Pregunta 7. ¿Aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en el Senado, la Cámara, las Asambleas, los Concejos y las Juntas Administradoras Locales?

Esta es una síntesis de las preguntas a refrendar. Se necesitan más de 12.231.314 ciudadanos, o sea la tercera parte del censo electoral; además, cada pregunta tendrá que obtener como mínimo 6.130.000 votos por el sí para pasar el umbral. Es una tarea gigante pero digna. ¡Vamos por ella!

tarjeton consulta+1

Por: José Arlex Arias Arias
Comunicador Social – Periodista
José Arlex Arias Arias