La corrupción está deteriorando cada vez más la democracia en lo local, afectando la credibilidad del ciudadano en su institucionalidad

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Por eso, ¡llegó la hora de la justicia! Solo a partir del poder disuasivo de penas condignas, nuestra sociedad podrá recuperar el tejido ético de la Nación. Así ha venido ocurriendo en otras latitudes de nuestra América Latina: Guatemala y Brasil, para citar algunos casos.

Colombia tiene suficientes normas contra la corrupción. Yo mismo promoví como Ministro de Justicia el Estatuto Anticorrupción de 1995 (Ley 190 de 1995). El desafío es aplicarlas y pasar del “dicho al hecho”.

¡No más indiferencia! ¡No más condescendencia! Lo más grave es convivir con esta patología social sin tratamiento de choque, como nos ha venido ocurriendo.

Si nada se hace, los nuevos protagonistas de la política municipal llegarán a ser gestores de la democracia departamental, como ya ha venido ocurriendo en algunas regiones del país, y ─una vez extendidos a este nivel─ finalmente habrán de capturar la vida nacional para imponer su nueva filosofía en la que “lo público es lo privado de esta clase emergente de la dirigencia nacional”.


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