Es indiscutible que este 2018 ha sido bastante movido, por parte de los sectores sociales que en Colombia reclaman mejores condiciones y garantías para su desarrollo. El gobierno de Iván Duque -UriDuque- fiel continuador del neoliberalismo hace agua ante las exigencias de docentes, directivos docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad para que piden financiación para las universidades e institutos tecnológicos de educación superior y de todo el sector educativo. Los estudiantes, junto a los cerca de doce -12- millones de colombianos que votaron contra los corruptos deberían ser los personajes de este año, teniendo en cuenta que una educación pública, gratuita, universal y de alto contenido científico es la alternativa para acabar con la desigualdad y la iniquidad como ya lo han hecho varios países; pero para que se pueda lograr debemos acabar con los corruptos que se roban al año cincuenta -50- billones de pesos, según cálculos de los órganos de control.

Según Tribuna Magisterial, un frente de docentes y directivos docentes que tiene presencia en la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, que realiza estudios sobre la educación denunció que hay cinco brechas en la financiación de la educación:

  1. No se cuenta con los recursos para atender a los casi tres millones de niños que no están estudiando –las coberturas en transición 56%, primaria 84%, secundaria 71% y media de 41%-;
  2. La plata no alcanza para alimentación –de 7.601.758 estudiantes hay refrigerios para 4 millones a $1.615 la ración y 1.493.566 almuerzos, menos que el 1.602.099 del año 2016, a $2.422, suministrados en medio de una escandalosa corrupción.
  3. Tampoco para transporte -donde todo el esfuerzo recae en municipios y departamentos- menos para dotación, servicios públicos y salarios dignos;
  4. Hay un rezago histórico con la infraestructura. Para la jornada única apenas se construyeron, entre 2014 y junio de 2017, 4.006 aulas de las 30.000 que planificadas y que son una parte muy pequeña de las 80.000 que son necesarias con deficiencias en alimentación y personal docente y administrativo;
  5. Hay que revisar el número de estudiantes por grupo y profesor porque es excesivo. El Gobierno Nacional se comprometió con una reforma estructural al Sistema General de Participaciones, SGP, para colmar en un plazo de diez años estas necesidades, lo cual no ha querido cumplir..

Aurelio Suárez ha señalado como «mientras el recorte del SGP entre 2002 y 2017 ascendió a $140 billones, las exenciones tributarias, descuentos y beneficios tributarios, zonas francas y contratos de estabilidad jurídica al capital extranjero fueron de 100 billones, lo cual es la prueba reina de que se desfinanció la educación y la salud, con sus funestas consecuencias de atraso económico y desmejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los colombianos, para privilegiar a unos pocos potentados.»

A la universidad pública se le aplica la política de estrangulamiento financiero. La muestra más cínica es el programa de “ser pilo paga” que le transfiere $1,2 billones entre 2015 y 2017 al sector privado por atender 30.000 estudiantes cuando a las universidades públicas se les transfieren los mismos $1,2 billones para atender a 600.000 estudiantes. ¡Estudiantes y docentes nos muestran el camino!

Por: José Arlex Arias Arias
Comunicador Social – Periodista
José Arlex Arias Arias