El jueves pasado, mientras el país celebraba la clasificación de la selección a octavos de final, el Presidente Juan Manuel Santos Calderón, sancionó la Ley 1905 del 28 de junio de 2018, “por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”.

Esta ley advierte que a partir de su promulgación, para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación del Examen de Estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura, directamente o a través de una Institución de Educación Superior acreditada en Alta Calidad que se contrate para tal fin. Si el egresado o graduado no aprueba el examen, se podrá presentar en las siguientes convocatorias que señale el Consejo Superior de la Judicatura hasta tanto obtenga el porcentaje mínimo exigido. La certificación de la aprobación del Examen de Estado será exigida por el Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que haga sus veces para la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado.

La prueba, según la exposición de motivos de la norma, fue promovida al considerar que la profesión de abogado entraña un riesgo social y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la idoneidad del ejercicio. El proyecto fue liderado por los congresistas Germán Varón, Angélica Lozano, Germán Navas Talero, Carlos Abraham Jiménez, Jhon Eduardo Molina y Rodrigo Lara Restrepo, quienes manifestaron que se busca garantizar las aptitudes que requiere la profesión en cuanto a su responsabilidad social.

Los abogados somos los únicos profesionales que después de culminar el plan de estudios, con el fin de revisar de manera general los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la carrera de pregrado, debemos presentar y aprobar 5 exámenes preparatorios para obtener el título de Abogado. Sin embargo, ahora resulta que el Congreso de la República, que es la corporación más desprestigiada del país, de hecho en el mes de agosto se llevará a cabo a nivel nacional una consulta popular anticorrupción con el fin de rebajarles el sueldo y limitarles el número de periodos a los congresistas, se cree con la autoridad moral de señalar a los abogados como los responsables de los males del país, lo cual me recuerda la fábula “La culpa es de la vaca”.

Por: Luis Ángel Martínez Á.