La Ley 30 de 1992 creó el Sistema Universitario Estatal –SUE– como un organismo compuesto por las 32 principales universidades públicas de Colombia, con las funciones de “racionalizar y optimizar los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros; implementar la transferencia de estudiantes, el intercambio de docentes, la creación o fusión de programas académicos y de investigación, la creación de programas académicos conjuntos; y crear condiciones para la realización de evaluación en las instituciones pertenecientes al sistema” (Wikipedia).

Este organismo, en el documento “Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia: la realidad de la crisis en el sistema de financiación de las universidades estatales”, publicado en diciembre de 2012, ya había advertido que: “… producto de un ejercicio extenso que consolidó información de 30 de las 32 universidades que hacen parte del SUE y en donde las cifras arrojadas revelan necesidades de recursos en el sistema de $11,2 billones…”. Hoy este mismo SUE ha planteado que en estos momentos el Sistema Universitario Estatal tiene un déficit de $3.2 billones para funcionamiento y un rezago de cerca de $15 billones para las inversiones. Después de una reunión del SUE con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, “el Ministerio reconoce las dificultades financieras que atraviesan las universidades públicas y manifiesta su compromiso de acompañar al SUE en las diferentes gestiones que se adelantarán con el fin de obtener los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema”, apunta el SUE en un comunicado.

Estos gobiernos neoliberales “tiran la piedra y esconden la mano” y recurren al “baile del indio” en un tema que es estructural, ya que la financiación pasa por el debate de si se sigue aplicando el modelo chileno, que según Adolfo León Atehortúa Cruz, columnista de El Espectador, consiste en: “emplear los recursos públicos para auxiliar la oferta privada y poner en sus manos gran parte de la gestión educativa, vía un esquema de costos compartidos: el Estado aporta recursos, pero la participación financiera de los estudiantes y sus familias se incrementa a través de las matrículas o aranceles; las instituciones estatales se ven obligadas a buscar con recursos propios y estrategias de mercado lo que resta para su viabilidad. Mientras tanto, un grupo privilegiado de instituciones privadas recibe una especie de subsidio directo proveniente del Estado, que utilizan para financiar sus gastos operacionales. El mecanismo preferido es el subsidio otorgado a la demanda a través de becas o préstamos adjudicados al estudiante para que este los transfiera al sector privado de la educación”. Esta es la política que la comunidad educativa tiene que derrotar.

Razón tiene Jennifer Pedraza, representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad Nacional, quien llama a la movilización por la subsistencia de la Universidad Pública: “Exigimos que los $3,2 billones que, de acuerdo con el SUE, el Gobierno le debe, sean adicionados en el presupuesto de 2019. También exigimos que el presupuesto para Ciencia y Tecnología sea de, por lo menos, $700 mil millones; el mejor presupuesto que ha tenido este sector fue en 2012, cuando logró $425 mil millones”, dijo. ¡La lucha por la Universidad Pública es un asunto de soberanía!

Por: José Arlex Arias Arias
Comunicador Social – Periodista
José Arlex Arias Arias