“La indemnización a víctimas está embolatada”: Abriendo Caminos

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Foto cortesía.

En el marco del primer plenario de 2018 de la Mesa de Participación Nacional de Víctimas los días 14 y 15 de Febrero en la ciudad de Bogotá, se socializó por parte del Gobierno Nacional, el nuevo proyecto de decreto reglamentario para la indemnización administrativa de las víctimas del conflicto armado en Colombia, que obedece a la orden de la Corte Constitucional, mediante el auto 206 de 2017, para diseñar un mecanismo de tasación y priorización para tal fin.

La Fundación Abriendo Caminos, Organización Defensora de Víctimas (ODV) y miembro de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas de Cartagena, de Bolívar y la Nacional, que además hizo presencia en la socialización del proyecto, afirma que “El ajuste propuesto por el Gobierno Nacional para tasar el monto de los hechos victimizantes, no es claro con el método de priorización. Además, reduce sustancialmente la indemnización administrativa, y ello se agrava con el tiempo que deben esperar las víctimas para recibirla.” afirmó Gisela Acosta, vocera de la Fundación Abriendo Caminos.

El cuarto Informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011, señala que en sus 7 años de vigencia, cerca del 93% de las víctimas aún no han accedido a la reparación por vía administrativa, una cifra preocupante en el futuro próximo si se aprueba lo plasmado en el proyecto de decreto, en tanto que, el tiempo estimado para indemnizarlas son 36 años, tal como lo afirma la Contraloría General de la República.

“Ante este panorama casi el 50% de las víctimas, probablemente no verá la indemnización administrativa en vida. Teniendo en cuenta que la esperanza de vida de un colombiano es de 74 años y según la RNI (Red Nacional de Información) y cálculos realizados por Abriendo Caminos, las víctimas mayores de 29 años representan el 43.8% de las más de 8 millones en el país y son las que vivieron en carne propia el conflicto. Si el proyecto de decreto es aprobado, quiere decir que para ellos sería ilusoria la indemnización y la reparación integral se quedaría en promesas” señala Acosta.

El problema de la indemnización administrativa es fiscal. No obstante, el gobierno tendría la obligación de buscar fuentes adicionales de financiación para este propósito, tales como los beneficios tributarios a los particulares y la deuda que tienen los grupos al margen de la ley con el Fondo de Reparación de la Unidad para las Víctimas, que podrían acelerar los tiempos para la reparación integral.

Abriendo Caminos, enfatiza que “el problema va más allá de lo fiscal y debe estar en función de las 8 millones de víctimas que tienen su indemnización embolatada, la cual es una parte de la reparación integral. El problema central es el no acceso al goce efectivo de sus derechos, un asunto que hay que humanizar”.

Finalmente, las observaciones como Organización Defensora de Víctimas, son dos. En primer lugar que la Corte Constitucional revise con rigurosidad las reglas de priorización, tasación y tiempos de entrega. Como segundo punto, que el Gobierno Nacional haga un esfuerzo fiscal para que la deuda que los grupos al margen de la ley tienen con el país pero sobretodo con las víctimas, sea utilizado en términos de una real reparación integral que dure menos de 36 años.


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