En el contexto de la firma del «Consenso de Washington» por parte de Colombia en 1989, al país lo comprometieron con políticas que han afectado negativamente a su población. Ese decálogo incluye: disciplina en la política fiscal; redirección del gasto público en subsidios; reformas tributarias; tasas de interés determinadas por el mercado; tipos de cambio competitivos; liberalización del comercio; liberalización de las barreras a la inversión extranjera directa; privatización de las empresas estatales; abolición de regulaciones que impidan acceso al mercado o restrinjan la competencia; y seguridad jurídica para los derechos de propiedad. Pero además, a través de Acuerdos, Planes como «El Colombia» y Tratados comerciales, nos impusieron, con la excusa de la competitividad, la sola producción tropical. Habiendo renunciado al desarrollo nacional, que lo da la producción agropecuaria e industrial avanzadas, y sometidos al atraso tecnológico en que vivimos, el gobierno «UriDuque» nos quiere hacer creer que el país tendrá con las «economías»: Naranja, que no es otra cosa que la mercantilización, entregando a los monopolios la cultura nacional; y la Circular, que según el presidente Duque, «primera de este tipo en América Latina, es el manejo adecuado de las basuras con la fórmula de las 3R: reducir, reciclar y reutilizar».

Arrasado el aparato productivo y dedicados al reciclaje y a mercantilizar nuestra cultura, las consecuencias son la sustitución por importaciones de lo que antes producíamos, generándose un desempleo estructural y el crecimiento de la informalidad; en cumplimiento de esas imposiciones de Washington, que no es otra cosa que la base del modelo neoliberal, la burguesía intermediaria encargada de administrarles los recursos a poderosos y multinacionales, amasa sus fortunas a través del invento universal, refinado con la malicia, no indígena, sino del negociante: «La industria de la corrupción», un modelo que gira en torno a la apropiación de los recursos del presupuesto nacional y que tiene sus manuales de proceso y funcionamiento, adjudicándole a cada personaje el papel que debe jugar en la comisión del crimen. Según datos oficiales, estos «industriales tienen utilidades» por $50 billones anuales, casi un 20 % de los cerca de $260 billones a que equivale el presupuesto de la Nación. La «industria» es rentable e inherente al modelo económico.

Esa burguesía intermediaria no renuncia a su modo de vida corrupta; es por eso que, aunque causó indignación, no fue extraño que en el Congreso se hubieran realizado todo tipo de triquiñuelas para hundir el proyecto de ley que eliminaba la casa por cárcel para los corruptos, criminales que se roban los dineros públicos. Con una minoría excepcional pero valerosa, en el Congreso anidan animales tan despreciables que hasta las ratas se sienten mal si se les compara con ellos; esos congresistas que hundieron el proyecto son aquellos elegidos a través de la compra de votos, que tienen verdaderas organizaciones criminales para robarse el presupuesto y que mantendrán su forma de actuar mientras el pueblo no alce su voz. Ya lo hizo el pasado 26 de agosto en la votación de la consulta anticorrupción, pero sus organizadores fueron tan ingenuos, por decir lo menos, que le entregaron sus resultados al presidente Duque. ¡Es muy ingenuo creer que «UriDuque» los va a disciplinar!

Por: José Arlex Arias Arias
Comunicador Social – Periodista
José Arlex Arias Arias