Según la enciclopedia digital Wikipedia, “la investidura era la entrega simbólica del bien concedido por el señor feudal a su vasallo, se hacía entregando tierra, luego una espada y por último un documento de reconocimiento feudal…El término investidura se toma algunas veces por el título primitivo de concesión de un feudo o por el acto por el cual un señor inviste de él a un vasallo. El nombre investidura se deriva del latín vestire, vestir o revestir”. Esta enciclopedia define al presidente de la República de Colombia como “el jefe de Estado y de Gobierno, suprema autoridad administrativa de Colombia, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y ostenta el título de gran maestre de la Orden de Boyacá”; estas son, entre muchas otras, las investiduras que se le otorgan a las 60 personas, incluyendo al electo Iván Duque Márquez, que ocupan el solio que por primera vez tuvo Simón Bolívar. Esto indicaría que esos personajes designados para ostentar tan distinguidas investiduras, como mínimo deben tener las condiciones más excelsas de principios, valores, moral y ética.

Infortunadamente, la historia de Colombia está plagada de presidentes que han carecido de dichas virtudes, con el agravante de que la inmunidad presidencial, convertida en una completa máscara de impunidad, no ha permitido un juzgamiento ejemplarizante, conllevando a que, con excepción de Gustavo Rojas Pinillas en 1959, ninguno otro haya sido condenado por sus arbitrarias actuaciones. Ahí están impunes las últimas investigaciones de corrupción por financiación irregular de las campañas electorales. De 1.227 procesos que reposaban en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, 276 eran en contra de Álvaro Uribe Vélez, siendo quien tenía el mayor número de investigaciones pendientes; la Corporación Excelencia en la Justicia señaló que desde 2012 hasta 2014 se recibieron 3.496 denuncias, de las cuales 1.957 fueron archivadas y 1.538 casos estaban sin resolver.

Otra novela nos han montado con el llamado a indagatoria que la Corte Suprema le hizo al expresidente Uribe. “La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado”, dijo Uribe, que después reculó recogiendo dicha renuncia. Como a cualquier colombiano, se le debe garantizar el debido proceso; pero por la dimensión de las denuncias y los elementos procesales que se han dado a conocer mal hace el presidente electo Iván Duque, el utilizar su investidura para presionar a la Corte Suprema de Justicia al afirmar: “Conocemos al expresidente Uribe. Somos testigos de su honorabilidad, su rectitud, su patriotismo y su incuestionable servicio al país y al estado de derecho”, es decir, que si el señor Uribe es condenado, el fallo sería controvertido por el presidente Duque que lo declaró inocente abusando de su investidura. Debemos exigir que no se politice a la justicia, que por el contrario, haya un juzgamiento objetivo, puesto que además de la gravedad de las denuncias está en jaque la investidura presidencial, cada vez más desacreditada por rufianes que han llegado al poder. La lucha contra la corrupción pasa por apartar del Estado a quienes practican esta doble moral.

¡El 26 de agosto, digamos 7 veces sí en la Consulta Popular Anticorrupción!

Por: José Arlex Arias Arias
Comunicador Social – Periodista
José Arlex Arias Arias