Es cierto que la impartición de la justicia debe ser objetiva y sobre todo ecuánime en su aplicación a todos los sujetos; sin embargo en Colombia esa ecuanimidad y la igualdad ante la justicia están en veremos. Bien lo describe el adagio popular: “La justicia es para los de ruana”, dibujando el panorama de lo que está pasando en Colombia, en la que “las grandes personalidades” gozan de impunidad mientras se blande una espada de Damocles implacable, terrorífica, contra todos aquellos que no tienen posibilidades de acceder a una buena defensa. El resultado de esta situación es tener una inmensa cantidad de inocentes que se pudren en las cárceles, mientras un buen número de delincuentes aprovecha esa impunidad, gozando en libertad por los delitos cometidos, muchos de ellos disfrutando de grandes fortunas ilegalmente obtenidas, en una muestra impresionante de la inoperatividad de la justicia colombiana. Este es un grave problema que deben asumir con responsabilidad los candidatos presidenciales y el electo Congreso de la República.

Una de las figuras jurídicas que se inventaron para “humanizar la justicia” es el arresto domiciliario o casa por cárcel, una pena accesoria de otras o como principal, que figura en la mayoría de los códigos penales del mundo. Se inventó para utilizar en casos excepcionales en supuestos jurídicos de delitos menores, edad avanzada, personas exclusivamente a cargo o graves enfermedades. Pero se ha convertido en una especie de impunidad domiciliaria, en donde se encuentran felices desde grandes capos del narcotráfico hasta zares de la corrupción, políticos y desfalcadores del Estado y de la confianza pública; “importantes personalidades” que después de saquear el erario y el patrimonio de la Nación y de sus entes territoriales, en el peor de los casos los llevan a “pagar la pena” en Guarniciones Especiales, Casas Fiscales y demás sitios, convertidos en verdaderos lugares de latrocinio.

La operatividad de una justicia ecuánime y objetiva ha sido planteada por el candidato presidencial Sergio Fajardo, cuyo programa, que arranca haciendo frente a la corrupción, en el punto 11 plantea: “Justicia. En la materialización de estos propósitos acordamos: Trabajar por una administración de justicia pronta, efectiva, de calidad y gratuita… Desarrollaremos acciones orientadas a derribar las barreras geográficas, económicas y culturales en el acceso… La justicia es un bien público prioritario que debemos financiar con todo el músculo estatal si queremos garantizar más acceso, mejorar los tiempos de los procesos, contar con justicia en las zonas rurales, reducir la impunidad, avanzar en las políticas de descongestión y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la rama judicial… Los recursos irán de la mano de una correcta planeación y ejecución presupuestal, desde la autonomía del poder judicial… Acabar con el clientelismo judicial. Implementaremos rigurosamente la carrera judicial. Eliminaremos las funciones nominativas de las altas Cortes. La autonomía judicial se garantiza con procesos meritocráticos transparentes para elegir y nombrar a los jueces. Respaldaremos un Gobierno judicial independiente y autónomo…”.

Toca asumir esta discusión. ¡No más impunidad para los criminales de “cuello blanco”!

Por: José Arlex Arias Arias
Comunicador Social – Periodista
José Arlex Arias Arias


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