Por principios debemos rechazar la violencia en las protestas sociales, pero es una verdad histórica que estos eventos reivindicativos son infiltrados por agentes del Estado que realizan actos con el objetivo de justificar la represión y ejercer el “control disuasivo» con la fuerza bruta para disolverlas. La última Minga Indígena, que paralizó la carretera Panamericana, necesitó que murieran diez personas para que el gobierno «UriDuque» atendiera el clamor de estas comunidades discriminadas y estigmatizadas, a través, de los medios de comunicación. El Consejo Regional Indígena del Cauca confirmó la muerte del comunero Breiner Yunda, responsabilizando a la Policía de haber disparado contra la gente. Antes también murió el patrullero del ESMAD Boris Benites, donde el gobierno señaló a grupos ilegales que tendrían la Minga infiltrada; y el pasado 24 de marzo, ocho Guardias Indígenas, Embera y Nasa, murieron en una explosión en Cisneros, municipio de Dagua, Valle del Cauca, quienes, según la Organización Nacional Indígena de Colombia, «habían de sumarse a la Minga del Sur-Occidente, decisión que implicaba la llegada de 5 mil personas al punto de congregación, por lo cual una avanzada de la que hacían parte estos jóvenes muertos se desplazó para adelantar tareas de logística». Como en los últimos 20 años, estos crímenes tendrán «investigaciones exhaustivas hasta las últimas consecuencias».

En el pulso entre el gobierno «UriDuque» y la Minga Indígena, Álvaro Uribe – presidente en la sombra – arremetió con alevosía contra los manifestantes, lo cual reflejó en sus trinos: «Es preferible cerrar esa carretera dos años, mejorar y cuidar la alterna que firmar acuerdos con la minga apoyada en el terrorismo», dijo el 6 de abril, el mismo día que se lograba un preacuerdo. El 7 de este mes, el jefe del Centro Democrático llenó el vaso cuando aseguró: «Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta», de lo que podría llegarse a inferir que está justificando la anterior masacre de los ocho indígenas y propiciada por el Estado. Los analistas han salido a hacer el debate al respecto, muy a pesar de que el «presidente en la sombra», explicó que había sido malinterpretado.

El dirigente Sergio Fernández escribió: «Es escandaloso y grave que un congresista promueva o justifique la masacre de un grupo étnico. Pedir #MasacreConCriterioSocial es apología al genocidio y en el Código Penal incluye penas hasta de 15 años de cárcel». El artículo 102 de dicho Código establece: «Apología del genocidio. El que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan, el genocidio o el antisemitismo o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses». En Colombia ningún ciudadano se puede ubicar por encima de la ley, lo mínimo que se espera es que la Corte Suprema actúe de oficio. ¡No más impunidad a favor de los poderosos!

Por: José Arlex Arias Arias
Comunicador Social – Periodista
José Arlex Arias Arias