Las consecuencias de no renovar el censo durante más de una década en Colombia

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Una persona con la piel oscura puede ser un negro, un afrocolombiano, un afrodescendiente, un libre, un renaciente, un palenquero, un moreno, un raizal o formar parte de la costeñidad en Colombia. La herencia africana y su posterior mestizaje se entienden de tantas maneras como sensibilidades se presentan, aunque sobre el papel sea difícil de explicar. La última vez que se contó a los colombianos fue en el censo de 2005 elaborado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). En ese momento se dibujó un mapa en el que la población afro era algo más del 10% de los 41 millones de habitantes que se registraron. Una década después, las proyecciones superan los 48 y estos pueblos representan entre el 18% y el 20%, según datos de instituciones paralelas como la Universidad del Valle en Cali. Casi 10 puntos de diferencia. Esta es solo una de las taras de un padrón que tenía que haberse renovado en 2016 y, que por el momento, se ha aplazado a “algún momento de 2017”, dice Mauricio Perfetti, responsable del DANE. La mesa interétnica en la que se han reunido indígenas y afros duda de que esto vaya a suceder.

Para intentar solucionar estos fallos censales, el Gobierno colombiano se ha pasado los últimos 10 años parcheando las estadísticas con la ayuda de una encuesta agropecuaria y cruzando datos de diversas administraciones públicas para “minimizar el efecto” que el tiempo ejerce sobre las proyecciones, explican desde el organismo de estadísticas. Aún así, los pueblos indígenas de Colombia tampoco están bien contados. “Tenemos censos propios en los que se han registrado tres millones de personas, el DANE nos da 1,5 [3,4%]”, asegura Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Indígena Nacional (ONIC), representante del 80% de las asociaciones. Su capacidad para la autogestión, legislada por decreto tras la Constitución de 1991, les ha permitido una organización que se refleja en estructuras propias que contribuyen a la mejora de las estadísticas.

“¿Si no se sabe cuántos somos cómo se van a aplicar políticas públicas, cómo podemos reclamar nuestros derechos?”, plantea Dora Inés Vivanco, representante del equipo técnico de CNOA que agrupa a 178 organizaciones afro. Una consulta a los datos que maneja el DANE sobre las zonas más pobres de Colombia arroja una triste coincidencia: allá donde viven indígenas y afros los índices se acentúan. En el departamento de Chocó, en la costa Pacífico, territorio negro, la pobreza alcanza al 62% de la población, según cifras de 2015. En La Guajira, la casa de los indígenas Wayuu, al 53%.

El DANE es consciente de este problema, su director se empeña en repetir que trabajan por “un censo incluyente” a través de una prueba experimental que se está realizando en Jamundí, una población piloto en el Valle del Cauca. Y ambas partes reconocen que trabajan de manera conjunta en la elaboración de un cuestionario y en la formación del personal para ayudar a la gente a identificarse correctamente o, por lo menos, de la manera más precisa.

Cuando un afro se enfrenta al formulario del censo encontrará cuatro opciones para identificarse: negro, raizal, palenquero o ninguno. Al no reconocerse en estas categorías apostará por la última o, en el peor de los casos, el censista decidirá por él. “Si Colombia desde su creación republicana hubiera asumido que las personas tienen derecho a saber de dónde vienen y por qué, o no hubiera procesos de racismo tan profundos, probablemente tendríamos una sola categoría y todo sería mucho más fácil”, opina Claudia Mosquera, profesora de la Universidad Nacional y directora de IDCARAM, organismo dedicado al estudio de los costeños del Caribe, “un sancocho de identidades”, precisa. “Es muy importante que los censistas sean del territorio”, plantea Mosquera. La sensibilidad es mayor cuando un vecino le pregunta a otro sobre su raza.

El más de medio siglo de guerra entre las guerrillas, los paramilitares y el Ejército ha vedado determinadas regiones de Colombia a los funcionarios públicos, incluidos los del DANE. Es en este punto donde indígenas (no tienen graves problemas para autorreconocerse) y afrocolombianos se encuentran. Hay otra terrible coincidencia al sobreponer el mapa étnico con el de la violencia. “Por desgracia”, dicen los tres representantes. El Pacífico colombiano o la frontera con Venezuela, zonas controladas por las guerrillas de las FARC y el ELN, son dos de los ejemplos donde se concentra esta población y donde hay mayores fallas en los datos. Estos colectivos lanzan una pregunta al Estado: “¿Colombia puede planear un posconflicto sin censo?”.

Un tercer factor afecta a estos pueblos. La geografía colombiana es más adversa donde ellos viven. “Cuando el DANE dice que ha ido a las zonas rurales dispersas, como por ejemplo las orillas de los ríos donde por tradición viven los afro, o las profundidades del Amazonas como el Chiribiquete, no es cierto, lo hemos comprobado”, plantea Mosquera.“No quiero decir que miente, lo llamaré omisión censal”. Desde el organismo aseguran que durante el censo agropecuario de 2010 se solventaron estas carencias y lo justifican con un mapa colgado en uno de los salones del departamento donde, por colores, se identifican estas regiones. “Es la cartografía que les entregamos”, apostilla Arias.

A la espera de saber si finalmente en 2017 se realizará un nuevo censo, las organizaciones étnicas se muestran esperanzadas por la actitud del organismo de estadística, sin ocultar ciertos miedos. Las predicciones económicas poco halagüeñas para Colombia les hacen temer que el presupuesto proveniente de las cuentas generales no sea suficiente. “Por el momento se ha cumplido”, responde Perfetti y se encarama al censo experimental y al digital que están probando ya.

La otra duda tiene que ver con la apuesta tecnológica. Todas las partes coinciden en la necesidad de modernizar la consulta, pero los indígenas y los afros son conscientes de sus carencias. “Necesitaríamos tres días para rellenar el formulario”, dice con sentido del humor Arias. Expertos del DANE argumentan que, según la encuesta de calidad de vida, el 53% de los hogares colombianos cuentan con acceso a internet.

“Ya estamos experimentando con tres comunidades”, dicen. Un equipo del DANE se trasladó hasta el Putumayo, en la frontera con Ecuador, para probar con el pueblo indígena cofan el censo digital. En la casa de la comunidad convocaron a 20 personas para que rellenaran el formulario y concluyeron que los jóvenes serán la mejor ayuda para los ancianos. “Hemos comprobado que una persona se demora 20 minutos en hacer el cuestionario, si el servidor falla se puede recurrir al sistema offline, es decir, descargar el documento y enviarlo cuando vuelva la conexión, y estamos estudiando la posibilidad de llevar tecnología a determinados lugares”, explican. ¿Cuánto ralentizarían estas prácticas el censo?, ¿se encarecería mucho? “Creemos que no”. Por el momento, las respuestas no son concluyentes.


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