El Gobierno Nacional sancionó el pasado 22 de junio la Ley 1902 de 2018, por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones.

Además de algunas precisiones relacionadas con el objeto de la libranza, como un instrumento que posibilita la adquisición de productos y servicios financieros o bienes y servicios de cualquier naturaleza, acreditados con el salario, los pagos u honorarios o la pensión, siempre que medie autorización expresa de descuento dada al empleador o entidad pagadora, la nueva ley reitera la obligación, esta vez para todas las entidades operadoras, de indicar en su objeto social la realización de operaciones de libranza y el origen lícito de sus recursos, aspectos que como reiteradamente lo ha señalado esta Confederación, no son elementos propios del objeto social de las empresas y por esa razón pedimos, sin éxito, que se eliminara del texto de la Ley 1527 de 2012 y que no se tuviera en cuenta en el proyecto recientemente aprobado.

Adicionalmente, la nueva ley aclara el concepto de la libranza como un mecanismo de recaudo de los créditos otorgados y se establece con total claridad que las entidades operadoras, de acuerdo con su naturaleza, serán objeto de inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Economía Solidaria, la Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia del Subsidio Familiar, según sea el caso.

Como una nueva obligación para todas las operadoras de créditos, se consagra en la Ley 1902 la de contar con un departamento de riesgo financiero al interior de la organización, por medio del cual deberán adelantarse los correspondientes análisis de viabilidad, sostenibilidad, operatividad y demás estudios, con fines de pronóstico y evaluación del riesgo financiero y control de lavado de activos.

En materia de protección al consumidor, se reitera que, con excepción de las entidades operadoras de libranza vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio será la entidad encargada de velar por la protección al consumidor en las operaciones de crédito otorgadas por entidades operadoras de libranza y en los contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios en que la entidad operadora otorgue financiación de forma directa, siempre que dicha vigilancia no haya sido atribuida a otra autoridad administrativa.

Entre las principales adiciones que hizo la nueva ley, se tiene un artículo referente a las sumas que se reputan como intereses, con el cual se elevó a rango legal la disposición contenida en el numeral 5º del capítulo XI del título V, de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, de la siguiente manera:

“Sumas que se reputan intereses en créditos de libranza. Para todos los efectos legales se reputarán intereses las sumas que la entidad operadora reciba del deudor de un crédito de libranza sin contraprestación distinta al crédito otorgado, aun cuando las mismas se justifiquen por concepto de honorarios, comisiones u otros semejantes. Así mismo, se incluirán dentro de los intereses las sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito en exceso de las sumas que señale el reglamento.”

Vale la pena recordar que esta Confederación ha venido adelantando gestiones en el Congreso de la República, desde el momento en que se inició el trámite del Proyecto de Ley 034 de 2016 en el Senado. El interés gremial apuntaba especialmente a que se permitiera a las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, vender en forma directa los títulos valores que instrumentan los créditos otorgados mediante el mecanismo de la libranza.

No obstante, tal solicitud no fue acogida y, creemos que, como consecuencia de la situación ocurrida en 2016 en el mercado de las libranzas, el artículo 6º de la Ley 1902 de 2018 incluyó un artículo en el que se dispone:

“Se adiciona el siguiente artículo a la Ley 1527 de 2012:

Artículo 17. Venta de cartera. La entidad operadora de libranza no vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia que pretenda enajenar, total o parcialmente, derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza, a favor de personas o entidades no sujetas a la vigilancia de la mencionada superintendencia, solo podrá hacerlo a favor de:

  1. Patrimonios autónomos administrados por Sociedades Fiduciarias sujetas a la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia.
  2. Fondos de Inversión Colectiva.

En cualquiera de los eventos anteriormente descritos, la enajenación podrá realizarse en desarrollo de un proceso de titularización.

El patrimonio autónomo o fondo de inversión colectiva deberá efectuar la operación de adquisición, recibir los recursos de los descuentos de parte de los empleadores o entidades pagadoras y, en general, administrar la cartera”. (…) (Subrayamos)

La anterior restricción aplica a todas las operadoras no vigiladas por la Superfinanciera, incluso a las cooperativas que ejerzan la actividad de crédito o la actividad financiera bajo la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria, las cuales, cuando pretendan vender títulos valores o derechos de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza, deberán hacerlos a través de las dos figuras mencionadas en la norma.

En el mismo sentido y como medidas de protección para las personas que compren derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza, a entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera, se adicionan los siguientes derechos:

  1. El derecho a que el contrato de compraventa conste en un documento en el que se identifique detalladamente la cartera adquirida, de cuya existencia y estado se le deben entregar los respectivos soportes.
  2. 2. El derecho a que se le informe de manera detallada y completa sobre los riesgos de la operación de compraventa de cartera y sobre la situación de la cartera comprada.
  3. 3. El derecho a que se le revele la situación financiera del vendedor.
  4. 4. El derecho a que el vendedor implemente mecanismos de gestión de los riesgos de la cartera y de su administración.

Por otra parte, se le agrega al Registro Único Nacional de Operadores de Libranza, la función de incorporar información de las operaciones de compra, venta y gravámenes que se hayan efectuado respecto de los derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza, realizados por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, ello con el fin de que el público pueda acceder a la información relacionada con tales enajenaciones y gravámenes, tratando de evitar que a futuro se repita la situación ocurrida hace algunos años, cuando, abusando del desconocimiento de las personas, entidades inescrupulosas enajenaron varias veces los mismos derechos de contenido crediticio, defraudando a muchos inversionistas.

Es importante mencionar que el artículo 10 de la Ley 1902 de 2018, adicionó un aparte al artículo 1º del Decreto 4334 de 2008, en virtud del cual puede generarse la intervención estatal, por conducto de la Superintendencia de Sociedades, en los negocios, operaciones y patrimonio de las personas naturales o jurídicas, cuando dichas personas realicen operaciones de venta de derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Finalmente, la ley estableció un régimen de transición para los artículos 6 y 8, los cuales entrarán en vigencia después de 6 meses siguientes a su promulgación, es decir, a partir del 22 de diciembre de 2018.

Consulte aquí el texto de la Ley 1902 de 2018.