Franklin Paul Hernández Quezada, se llama. Le conocen como Franklin Masacre, sin duda un gran alias para un jefazo criminal. Porque eso es: un individuo con múltiples entradas y salidas de la cárcel que un día decidió que la mejor forma de hacer negocios era tomar el control de una prisión. Y le fue bien durante un tiempo.

En Venezuela la jerga de los delincuentes inventó un vocablo para nombrar a quienes de verdad mandan en los centros penitenciarios: “pran”. No importa ya cómo surgió, las explicaciones sobran y se enredan: en este país todo el mundo sabe lo que es un pran.

En diciembre de 2015 Franklin Masacre entró por voluntad propia a la Penitenciaría General de Venezuela, una cárcel ubicada en San Juan de los Morros, en el estado Guárico. Entró como visitante y con un plan bien trazado. Conocía el lugar: allí estuvo interno entre 2003 y 2011 condenado por robo. En su prontuario hay mucho más: su expediente policial lo identifica como secuestrador, extorsionador, ladrón y homicida. Su pasantía por la PGV –hacinada como todas las prisiones venezolanas- le habría permitido entender que allí estaría más seguro que afuera y además vislumbrar un nuevo emprendimiento: el control del espacio, de la comida, de la cuota para mantenerse vivo, del derecho a dormir, a respirar, del paso de drogas, de alcohol… La nota policial cuenta que entró, asesinó al pran que estaba allí y montó su “gobierno”. Así le dicen al régimen: gobierno. Y para eso se trajo a los suyos: otros más que vinieron de la calle.

Las fotos de Carlos Hernández muestran los rostros de quienes escaparon del “gobierno” de Masacre

En octubre Franklin Masacre divulgó unos videos dirigidos a la ministra Iris Varela, la encargada de los asuntos penitenciarios del país. Allí mostraba a reclusos con tuberculosis y solicitaba ayuda médica inmediata. Para entonces se hablaba de una inminente intervención del penal entre otras cosas porque las autoridades responsabilizaban a algunos internos del robo de 84 granadas ocurrido en una instalación militar en ese mismo estado. El 6 de octubre se informaba de la muerte de un preso por tuberculosis y de otros 27 con síntomas de la enfermedad. El 9 de octubre se hizo pública la denuncia de siete fallecidos por falta de medicamentos y se conoció que muchos de los más de 11 mil presos llevaban varios días sin recibir alimentos.

El 18 de octubre el Ministerio para el Servicio Penitenciario anunció un “plan de pacificación” para la PGV donde ya había un motín en desarrollo. Ese día se reforzó la militarización de las zonas aledañas. El 21 comenzó el traslado de presos a otros lugares de reclusión en medio de enfrentamientos con disparos.

El 30 de octubre la prensa dio a conocer la existencia de fosas comunes en la PGV y se desconocía el número de muertos víctimas del “gobierno” de Franklin Masacre y del propio enfrentamiento con las autoridades militares y policiales. Para entonces más de 4.500 internos habían logrado escapar del lugar huyendo del pran y poniéndose a disposición para el traslado. Ese mismo día Franklin Paúl Hernández Quezada fue imputado como responsable del conflicto, lo mismo que otros miembros de su banda: El Ratón, Chimaras e Iscuas. Todos fueron acusados de tráfico ilícito de armas y municiones, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, homicidio intencional, asociación para delinquir agravada, intimidación pública y lesiones intencionales graves.