Los latifundistas indignados

No es la primera vez que personas estrechamente ligadas a la renta de la tierra en Colombia afirman que las comunidades indígenas y afrodescendientes son grandes terratenientes.

Hace pocos días, el senador Álvaro Uribe y su copartidaria, María Fernanda Cabal, esposa del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN, reiteraron en espacios públicos esta falsedad, quizá con la intención de enredar el debate sobre la tierra en Colombia.

La afirmación de Uribe y Cabal no solo es demagógica, sino bastante dañina. Pretende ocultar la realidad que viven los pueblos y comunidades indígenas y afrocolombianas, caracterizada por el genocidio y la expoliación que vienen desde la Conquista y se han prolongado a lo largo de la historia. En la actualidad, estos pueblos y comunidades son las principales víctimas del conflicto sociopolítico y armado que persiste en el país, uno de cuyos resultados más concretos ha sido la naturalización del autoritarismo.

Algunos datos

Según cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi consolidadas en el 2009, el área cubierta por los resguardos indígenas legalmente constituidos ascendía a 31.542.257,1795 hectáreas; por su parte, el área en territorios colectivos de comunidades negras era de unas 4.990.349,0862 hectáreas. En total, estos dos espacios territoriales representan cerca de la tercera parte del total del espacio continental de Colombia.

Cuadro 1. Área de los territorios colectivos étnicos.

DescripciónÁrea
Resguardos indígenas31.542.257,1795 ha
Comunidades afrodescendientes4.990.349,0862 ha
Total36.532.606,2657 ha

Con estas cifras, muchos afirman que las comunidades indígenas y afrodescendientes son los verdaderos terratenientes del país. Sin embargo esta lectura es superficial y demagógica, pues, por una parte, desconoce la precariedad de estos territorios, en cuanto a riqueza del suelo, y la vocación productiva de extensas áreas hoy en manos de pueblos y comunidades étnicas; por otra parte, no tiene en cuenta los procesos de despojo, desplazamiento, confinamiento y pérdida de derechos territoriales que han sufrido estos pueblos y comunidades a causa del conflicto armado y otros factores económicos y políticos, como la minería, el acaparamiento, los macroproyectos y el narcotráfico.

Los “terratenientes indígenas”

Al hacer un simple ejercicio de traslape entre los territorios de comunidades indígenas y las diversas vocaciones del suelo, se tiene que de las 31.500.000 hectáreas en resguardos indígenas legalmente constituidos, apenas un 1,4 por ciento tiene vocación agrícola (454.782 hectáreas) y otro 1 por ciento tiene vocación pecuaria (300.950 hectáreas). Esto demuestra su muy limitada  capacidad para usufructuar el suelo.

Al desconocer la calidad de las tierras con vocación agrícola y pecuaria, se pueden inferir conclusiones muy erróneas. Así, los “terratenientes indígenas” tienen dominio sobre un extenso espacio, pero solo pueden cultivar y tener ganado en poco más de 750.000 hectáreas.

De este simple cruce de información se obtiene que el área restante de los resguardos (más de 30.700.000 de hectáreas) corresponde a bosques y áreas protegidas. La distribución específica es así: 29.400.000 hectáreas tienen vocación forestal y agroforestal, y 1.200.000 hectáreas son áreas de conservación de suelos. Así mismo, según los datos suministrados por el IGAC, 203.050 hectáreas son reportadas como “vacías”.

Cuadro 2. Vocación de los territorios indígenas.

Descripción

Área total

Vocación agrícola

Vocación pecuaria

Bosques y conservación

Resguardos indígenas

31.542.257 ha

454.782 ha

300.950 ha

30.786.525 ha

Ahora bien, hagamos un simple cálculo per cápita. Según Roldán y Sánchez, en diciembre del 2012, en los 768 resguardos indígenas existentes en Colombia vivía un total de 1.071.482 personas. Es decir, que si se considera estable la tierra con vocación agrícola y pecuaria (entre 2009 y 2012), el área per cápita en estos usos, para el caso de las comunidades indígenas, sería de 0,70 hectáreas, que equivaldría a menos de 4 hectáreas por familia (considerada como un grupo compuesto por 5 personas). ¿Cuánta será el área per cápita de la familia Uribe Moreno?

Los “terratenientes negros”

De los cerca de 5.000.000 de hectáreas que comprenden los territorios de comunidades negras (en el 2009), apenas el 7,3  por ciento (363.635 hectáreas) tiene vocación agrícola y el 2,5  por ciento (122.607 hectáreas) tiene vocación pecuaria. El resto del espacio comprendido en estos territorios se distribuye así: 82,2  por ciento corresponde a vocación forestal y agroforestal, y el 8,1 por ciento restante corresponde a áreas de conservación de suelos.

Cuadro 3. Vocación de los territorios colectivos de comunidades negras.

Descripción

Área total

Vocación agrícola

Vocación pecuaria

Bosques y conservación

Títulos colectivos de comunidades negras

4.990.349 ha

363.635 ha

122.607 ha

4.504.107 ha

Entonces, sumando las tierras y el uso o potencial uso agropecuario de las comunidades indígenas y afrodescendientes, se tendría, para el 2009, un total del 1.241.974 de hectáreas productivas.

Es poco probable que esta cifra haya cambiado radicalmente bajo el Gobierno Santos porque cada ampliación de un resguardo indígena corresponde, en gran medida, a áreas protegidas o Parques Nacionales, y no a tierra con vocación agropecuaria.

Aún más – y al revés de lo que ocurre con los verdaderos terratenientes del país, cuyas propiedades crecen rápidamente- tanto los indígenas como los negros están sujetos a los tiempos ineficientes de adjudicación, titulación, saneamiento y ampliación de sus territorios (estas adjudicaciones y demás procedimientos pueden tardar entre 11 meses y 11 años) por unas entidades que no han dejado de fracasar en sus tareas, como Incora e Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras.

“Terratenientes” sin poder ni tierra

Hablar de “terratenientes” implica, por lo menos, la existencia de poder y control sobre las tierras.

Sin embargo, si algo ha caracterizado la lucha histórica de las comunidades indígenas y negras, ha sido la exigencia de su derecho a la autonomía. En contravía de esta reivindicación, todo el mundo quiere los territorios colectivos: las empresas mineras legales y las no legales, los empresarios agroindustriales, los grupos armados y hasta el mismo Estado. Esta situación puede ser ilustrada con dos ejemplos.

  • El resguardo Tahamí, en el Alto Andágueda, departamento del Chocó, perteneciente al pueblo Emberá Katío, tiene un total de 50.000 hectáreas, que fueron restituidas mediante la primera sentencia para comunidades indígenas en el 2014. Solo a través de este proceso se hizo público, incluso para las autoridades indígenas, que el Estado había adjudicado títulos mineros a varias empresas sobre el 62 por ciento del territorio. Esta sentencia también reconoció  la violación de derechos humanos que había sufrido la comunidad y que la convertía en víctima del conflicto. Dicho de otra manera, a estos “terratenientes” nadie les respeta sus tierras y, por el contrario, ellas los convierten en blancos de abuso y victimización.
  • El caso  del territorio colectivo de comunidades negras en la cuenca del río Cacarica (el escenario de la famosa “Operación Génesis”)  tuvo que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia de noviembre del 2013 reconoció los hechos aberrantes a los que fue sometida esta comunidad. Entre otras disposiciones, la sentencia establece la responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la propiedad colectiva, en perjuicio de los miembros de la comunidad afrodescendiente desplazada de su territorio y de los miembros del Concejo Comunitario.

También vale la pena destacar que de conformidad con los últimos datos disponibles, el área total que cubrían los títulos mineros en territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes era de 667.491 hectáreas, o sea, un espacio casi igual al área con vocación y uso agrícola de las tierras de estas comunidades. A lo cual debemos añadir  que para el año 2014 las comunidades étnicas reclamaban alrededor de 1.200.000 hectáreas por hechos de despojo.

Barbarie, concentración y uso irracional de la tierra

A pesar de todas estas adversidades e injusticias, las comunidades indígenas y afrodescendientes han cumplido de manera muy sofisticada, y en medio de enormes dificultades, con una extraordinaria labor de conservación de la verdadera ventaja comparativa de la cual aún dispone Colombia: la biodiversidad.

Deberíamos no solo luchar contra nuestros prejuicios sino aprender de su saber hacer para diseñar políticas realmente pertinentes en los tiempos que corren. Que nuestra sociedad no sepa aprovechar dicha riqueza y que otros sí lo hagan, no es culpa de estas comunidades ni las convierte en “terratenientes” ni en “latifundistas”.

Por lo demás, en temas de conservación de la biodiversidad no tenemos ninguna lección que darles. De hecho, Uribe y Santos atentan indiscriminadamente contra la biodiversidad con sus proyectos de profundizar el modelo minero-energético y la agricultura de gran plantación vía ZIDRES, PINES, proyectos de autopistas 4G y “reglamentación” (liquidación) de la consulta previa. Eso los convierte en los verdaderos bárbaros del subdesarrollo.

Finalmente, ¿hay o no hay concentración de la propiedad de la tierra en Colombia? Claro que sí, solo que el suelo con potencial productivo (no los bosques ni áreas protegidas) no está en manos de los campesinos, negros o indígenas, sino de grandes terratenientes que justifican esta posesión amparados en una supuesta función social de la propiedad, cuando en verdad se sirven de sus extensas propiedades para criar tres vacas por cada 100 hectáreas.

Y es que las cifras no mienten, como sí lo hacen Álvaro Uribe y el Centro Democrático. Según el Censo Nacional Agropecuario del 2015, el 0,4 por ciento de las unidades de producción agropecuaria posee el 65,1 por ciento del área con vocación o uso agrícola y pecuario. Los microdatos de este censo están disponibles para el público. Con estos se puede calcular el coeficiente de concentración de la propiedad aducida como privada en Colombia (sin contar la propiedad colectiva de indígenas y afrodescendientes), equivalente a un espantoso 0,902.

Por: Sandra Naranjo, Juan Pablo Sandoval, Carlos Suescún y Francis Vargas

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