Monsanto amenaza quemar miles de toneladas de su nueva soja transgénica

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MonsantoEl conflicto entre el gobierno y la empresa Monsanto está escalando a situaciones impensadas. La filial argentina de esa compañía ordenó a sus proveedores de semillas que quemen o destruyan las variedades de soja RR2 Xtend, un nuevo transgénico que se pensaba comercializar en la próxima campaña agrícola.

Tras esta decisión, deberían quemarse varias miles de toneladas de esas semillas que habían sido producidas sobre 3.000 hectáreas sembradas en diferentes lotes de Nidera, Don Mario, ACA, Satus Ager, Sursem y hasta por la Estación Agropecuaria Obispo Colombres de Tucumán. Lo confirmaron a Clarín fuentes de Monsanto y también el presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro, quien de todos modos reveló negociaciones de último momento para evitar que la sangre llegue al río. 

La soja Roundup Ready 2 Xtend, que combinaba resistencia al tradicional glifosato y a otro herbicida llamado Dicamba, ya pasó los filtros del Senasa y la Conabia, pero todavía resta un pronunciamiento del Ministerio de Agroindustria para su aprobación definitiva. Por esa razón, Monsanto ya había ordenado comenzar a producir las semillas en el país, pensando en disponer de esa variedad a partir de octubre, con la nueva siembra de la oleaginosa.

Pero en estos planes está metiendo la cola la creciente pelea entre Monsanto y el gobierno de Mauricio Macri por la vieja demanda del sector semillero de que el Estado le asegure un marco propicio para que quien desarrolla nuevas variedades obtenga por ellas las regalías que le correspondan. En realidad, ambos actores están de acuerdo en que el objetivo a lograr es erradicar la venta de semilla de soja por los canales informales, que no pagan esos derechos. Pero mientras Monsanto avanzó con la implementación de un sistema de control propio en los puertos, el ministro Ricardo Buryaile se puso del lado de los productores que argumentan que ninguna compañía privada tiene derecho a ejercer controles y descuentos compulsivos sobre sus cosechas. Por eso Agroindustria dictó la Resolución 140, que obliga a Monsanto a contra con una “homologación” oficial de su sistema. Mientras esto no suceda, para el Estado no tienen valor legal.

Monsanto, el lunes, emitió un comunicado en el que mostró su decisión a tensar al máximola cuerda. “Aunque el gobierno de Argentina nos ha hecho saber que están comprometidos a apoyar un entorno propicio para la inversión continua y el desarrollo a largo plazo de la agricultura a través del reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y el reconocimiento de los contratos privados, las recientes acciones no son coherentes con esa posición”, señaló la empresa estadounidense, al anunciar que haría “una revisión completa”de sus planes en el país. La orden de quemar las nuevas semillas transgénicas se inscribe dentro de esa revisión.

Frente a esta actitud, Buryaile replicó que los ejecutivos de Monsanto “creen que están por encima del Estado y por encima del presidente Macri“. En declaraciones al diario La Nación, el ministro reconoció que la firma tiene derecho a cobrar el desarrollo tecnológico, pero aclaró que el Gobierno está “en desacuerdo en cómo se pretende llevar adelante” y que “no va a dejar que manejen el comercio de granos” con sus controles compulsivos en puertos y acopios.

Paseyro, en este contexto, reveló a este diario que no están agostadas las vías de negociación y confió en que podría llegarse a un acuerdo en las próximas horas, que incluso podría ser anunciado por Macri en su visita a la Bolsa de Cereales, este jueves por la tarde. “Es necesario un acuerdo, porque si no la decisión de Monsanto va a traerconsecuencia colaterales, porque las otras empresas difícilmente tampoco harán los lanzamientos que tenían previstos”.

La posible prenda de paz, según pudo saber Clarín de fuentes del mercado, pasaría por un sistema de transición en el que convivan ambos controles para detectar si una semilla de soja tiene tal o cual tecnología transgénica: el de Monsanto para aquellos productores que lo acepten de modo voluntario, y otros controles del propio Estado para quienes decidan mantenerse al margen, a través del Instituto Nacional de Semillas (INASE).

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