«2018, peor año para defensores de Derechos Humanos», es el titular del informe del programa Somos Defensores, de la Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical, publicado el 26 de abril de este año. Indica que «en 2018 se presentaron 805 agresiones contra activistas de derechos humanos, 2,2 en promedio por día, lo que significa un incremento en las agresiones del 43,75 % en relación con 2017. La cifra más alta desde 2009. Estas 805 agresiones comprenden homicidios, amenazas, atentados, desapariciones, detenciones, judicializaciones y robos de información. El mayor número fueron amenazas, con 583 casos, el 72,4 % del total. Pero lo que más preocupa es que los asesinatos se incrementaron de manera alarmante. En el 2017 registramos 106, y en el 2018 la lista subió a 155, un incremento del 46 %. En esta lista figuran 10 líderes sindicales». Esta sola información habría dado para que, en un país civilizado, la población entera se levantara en la defensa de la vida y sus inalienables derechos fundamentales, así como para desenmascarar a los autores intelectuales y materiales.

El Espectador del pasado 28 de abril realiza un reportaje también escalofriante, según el cual «en 2018 fueron asesinadas en el país 12.575 personas y en los últimos dos años desplazadas más de 72 mil personas… Hay cerca de 26 estructuras armadas –bandas criminales, disidencias y guerrillas– que operan en 354 municipios”. El Espectador señala el asesinato de 145 líderes sociales, distribuidos por subregiones: 24 en Bajo Cauca, 17 en El Catatumbo, 17 en Urabá Antioqueño y Chocó, 60 en el Suroccidente, 11 en el Corredor Central y 16 en Putumayo. Al hacer un mapa de la guerra en Colombia, el periódico precisa: «Una de las evidencias de la focalización se encuentra al escudriñar las cifras de homicidios desde 2012 hasta 2018, período en el que mataron a 92.235 personas, en promedio, una cada 39 minutos».

La situación se hace más grave ante el hecho de los asesinatos de excombatientes de las FARC reinsertados a la vida civil, al parecer con el objetivo de hacer fracasar el Proceso de Paz de La Habana. Este año, ese partido político denunció que “los resultados en materia de cumplimiento por parte del Estado han sido desalentadores. En ese lapso han sido asesinados más de 400 líderes sociales y más de 85 exguerrilleros”, que el alto consejero presidencial para el posconflicto, Emilio Archila, atribuye a que “la gran mayoría de ellos, lamentablemente, habría vuelto a actividades ilícitas”, pero la oficina del alto consejero para el posconflicto de la ONU asegura que «solo 36 de 85 de los asesinatos, en las investigaciones preliminares, están relacionados con Grupos Armados Organizados (GAO)”. “En nombre de los 4.000 hombres que tengo el honor de comandar, les pido perdón”, dijo el general Diego Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano que patrulla en el Catatumbo, donde fue asesinado Dimar Torres, otro reinsertado de las FARC, quien recibió tres disparos de fusil; el general afirmó que ese crimen no debió ocurrir, que no fue una acción militar y prometió que en este caso no habrá impunidad. “Es que no mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad”, dijo el general. Pero es un hecho: ¡En Colombia siguen exterminando a los líderes sociales!

Por: José Arlex Arias Arias
Comunicador Social – Periodista
José Arlex Arias Arias