El Decreto 659 de 2018 fue bien recibido por los usuarios de las zonas francas, ya que con ello se da claridad y transparencia a más de 52 trámites aduaneros y de comercio exterior, que obstaculizan la actividad de 920 empresas en las zonas francas.

De acuerdo con Edgar Martínez, Director de la Cámara de usuarios de Zonas Francas de la ANDI, “el decreto, es lo que estábamos esperando para mejorar la competitividad de los usuarios.”. “El crecimiento de las zonas francas es constante y en el último año las inversiones acumuladas alcanzaron un valor de 43.5 billones de pesos, el movimiento de mercancías pasó de 45 a 50 millones de toneladas, se movilizaron alrededor de 500 mil contenedores, se realizaron 300 mil viajes y se transaron cerca de 700 mil millones de pesos en fletes”.

Si bien el decreto trae más de 52 ajustes, entre los que entran en vigencia de forma inmediata, se pueden resaltar los siguientes 10 cambios:

  1.  Aclara que los procesos industriales pueden ser también en materia de servicios.
  2.  Esclarece que los industriales podrán nacionalizar partes y piezas para atender garantías postventa.
  3.  Permite a los usuarios postular el reemplazo del usuario operador, cuando este pierda su declaratoria.
  4.  Permite el traslado total de un usuario de una zona franca a otra, sin cumplimiento de compromisos de inversión y empleo.
  5. Establece que los nuevos proyectos de zonas francas, deben alinearse a la Política de Desarrollo Productivo.

En lo aduanero:

  1. Permite la salida al resto del mundo de exportaciones por tráfico postal y envíos urgentes. 2. Amplia los procesos parciales para realizar pruebas técnicas.
  2. Facilita la salida de bienes, equipos y partes para reparación.
  3. Aclara las operaciones entre usuarios de zonas francas.
  4. Facilita la salida de las zonas francas de salud de equipos para atender tratamientos postquirúrgicos.

Estas medidas favorecerán a más de 900 empresas en 112 zonas francas localizadas en 19 departamentos.

En concordancia con lo anterior, “este nuevo decreto garantiza transparencia, seguridad, estabilidad y reduce los conceptos de interpretación aduanero, evitando que las empresas pierdan competitividad y además evita sobrecostos administrativos tanto para los usuarios como para la administración aduanera” subrayó Edgar Martínez.

Sin embargo, la preocupación del sector es que el 50% del decreto, solo entrará a regir dentro de 20 meses, una vez se haya desarrollado la plataforma informática de la DIAN, es decir hasta noviembre de 2019; lo que no permitirá que dichos cambios favorezcan desde ya la operación aduanera y de comercio exterior de los usuarios de las zonas francas. “Se hubiera dado un impulso fuerte a la competitividad, si nuestra petición en el sentido de poner en vigencia por lo menos 25 de esos artículos hubiera sido atendida, pero lamentablemente no fue así y dichos cambios solo se verán en el próximo gobierno”, señaló el representante gremial.