En este momento hay 320.000 maestros de la educación oficial en paro y ocho millones de niños y adolescentes sin asistir a la escuela por causas que podrían evitarse.

Pero faltan la voluntad política y el compromiso social para acordar una política de Estado que le dé prioridad a la educación de los más pobres.

La situación actual tiene su causa más profunda en un problema estructural de financiación de la educación pública que obliga a los maestros a presionar mediante paros recurrentes para que se valore su profesión y se resuelvan los problemas de funcionamiento y financiación de las escuelas. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que el Estado enfrente seriamente el origen del malestar de los docentes.

A continuación resumo las peticiones de Fecode en relación con siete temas:

  1. Política educativa:
    1. Gratuidad;
    2. Obligatoriedad de los tres grados de preescolar;
    3. Recursos hasta alcanzar el 7,5 por ciento del PIB;
    4. Reforma del Sistema General de Participaciones (SGP); y
    5. Promover la escuela como territorio de paz.
  2. Carrera docente:
    1. Concertar nuevo estatuto docente;
    2. Llevar a cabo la evaluación diagnóstica-formativa de los docentes establecida en el Decreto 1278 de 2002;
    3. Garantizar las condiciones para la jornada única, y
    4. Revisar las condiciones para el nombramiento de orientadores en las instituciones educativas.
  3. Económicos:
    1. Cumplimiento de los acuerdos firmados el 7 de mayo de 2015;
    2. Pago de deudas, y
    3. Mejoramiento salarial para los años 2020 y 2021.
  4. Salud:
    1. Finiquitar el proceso de contratación de servicios para garantizar el acceso a los docentes y a sus familias.
  5. Prestacional:
    1. Fortalecimiento financiero del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y
    2. Reconocimiento y pago puntual de las prestaciones económicas de ley.
  6. Bienestar:
    1. Recursos para los juegos deportivos y los encuentros nacionales de cultura y recreación de los docentes;
    2. Planes de vivienda, y
    3. Recursos para la recibir formación de maestrías y doctorados.
  7. Garantías sindicales, laborales y de participación.

Los deberes de Fecode

Pronunciamiento de la Ministra de Educación sobre paro de docentes. Foto: Ministerio de Educación

Debe notarse que seis de los siete puntos demandan la inversión de recursos adicionales. Y en casi todos tiene razón Fecode. Es claro que el cumplimiento de las anteriores exigencias ayudaría a mejorar el sistema y la calidad de la educación. Sin embargo, al pliego de peticiones le hace falta ir acompañado de un pliego de responsabilidades que comprometa a los maestros con la calidad de la educación de los más pobres. Esta sería la mejor garantía de que se cumplirá de manera integral con el derecho a la educación en Colombia.

Vale la pena recordar que en el pasado el movimiento pedagógico abrió una gran discusión acerca de la importancia del docente en la sociedad y el rol de la pedagogía. El interés por la calidad de la educación surgió en los años ochenta a propuesta de Fecode. Pero también Fecode tiene la obligación debe luchar porque el país tenga mejores facultades de educación para que sus asociados accedan a posgrados en instituciones de alta calidad y se formen adecuadamente.

Acá nadie se puede llamar a engaños: los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales indican que los niños y los adolescentes están recibiendo una educación mediocre, incluso en casos de familias con altos ingresos. Las pruebas Pisa de 2012 mostraron que los estudiantes colombianos de estratos 5 y 6 no alcanzaban a los estudiantes con los peores resultados de países como Canadá, Finlandia o Polonia.

No hay plata para el sector

Por supuesto necesitamos mejorar la calidad de la educación para los más pobres, pero esta es una decisión costosa. Hoy Colombia no tiene recursos suficientes para el funcionamiento del sistema educativo oficial, y para demostrarlo basta recordar que:

  • Faltan recursos para pagar la nómina de los docentes con sus respectivas prestaciones y las deudas por demandas laborales. El atraso institucional es tal que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) no tiene ni puede crear una bolsa de recursos que asegure cada año el pago total de la planta de docentes oficiales y del personal de apoyo de las instituciones escolares. Esto ocurre a pesar de los avances en los sistemas de información y del esfuerzo del MEN por conectar a las secretarías de educación con los colegios oficiales.

En los meses de noviembre y diciembre siempre tienen que trasladarse recursos y girarse complementos para pagarles a los maestros. Esta situación afecta a las entidades territoriales más pobres, que dependen de la financiación nacional para pagar a sus docentes. Entidades territoriales como Bogotá, Medellín y Barranquilla tienen mayor capacidad financiera y pueden cumplir puntualmente con los salarios y demás prestaciones de los docentes, además de financiar el costo de una parte de la nómina con recursos propios.

  • Faltan recursos para garantizar a los estudiantes un mínimo de bienestar que les permita acceder y permanecer en las escuelas (transporte, alimentación escolar, salud y ayuda sicosocial), así como las condiciones materiales para realizar el proceso educativo (infraestructura, dotaciones escolares, bibliotecas, entre otros). Este año se necesita más de un billón de pesos para alimentación escolar, transporte y pago de nóminas que permitan que el sistema educativo público logre funcionar.
  • Y, lo más grave, faltan recursos para resolver problemas básicos de cobertura. La historia muestra que el país solo se interesó por universalizar la educación primaria en la década de 1980, y aún no logramos que los niños asistan al preescolar y que los jóvenes terminen la educación media. La cobertura en educación preescolar es del 40 por ciento, y el 50 por ciento de estas matrículas corre a cargo de instituciones privadas, lo que quiere decir que a los niños pobres no se les garantiza el derecho a los tres grados de preescolar.

Un estudio de las universidades Nacional y Andes concluye que en 2014 la tasa de graduación en la educación media alcanzó el 55,7 por ciento. Las zonas urbanas –donde la tasa fue del 63 por ciento– fueron las grandes favorecidas, mientras que en las zonas rurales solo el 31 por ciento logró graduarse.

En el período 2008–2014 la tasa de graduación en la educación media aumentó en promedio 0,92 puntos por año (1,51 en el área rural y 0,7 en el área urbana). Se estima que a este ritmo solo cerca del año 2042 estaremos alcanzando tasas cercanas al 80 por ciento, aunque para ese momento la tasa de graduación en el sector rural seguirá siendo de menos del 70 por ciento.

Colombia invierte menos


Presidente Juan Manuel Santos y actual Ministra de Educación, Yaneth Giha.
Presidente Juan Manuel Santos y actual Ministra de Educación, Yaneth Giha. Foto: Presidencia de la República

Para resolver el problema de la financiación de la educación pública el país debe aumentar en más de 2 puntos del PIB el gasto en educación. Esto acercaría el gasto en educación de Colombia a la cantidad que destinan países de la región como Chile, Brasil y Argentina.

Y esto sería importante porque con solo observar el gasto promedio por estudiante de los países de la OCDE puede notarse que Colombia está muy lejos de una asignación adecuada de recursos para la educación. En 2013 los países de la OCDE invirtieron en promedio 8.477 dólares por estudiante en primaria y 9.980 en secundaria. En Colombia el gasto promedio para el mismo año fue de 2.074 dólares para primaria y 2.728 para secundaria. Estos promedios incluyen el gasto de la educación privada. Si solo se tuviera en cuenta la educación oficial el gasto promedio en Colombia sería cercano a los 1.200 dólares al año por estudiante, mientras que el de Chile, Argentina y Brasil estuvo en promedio en 3.729 dólares para primaria y 5.266 dólares para secundaria.

En relación con esto, también se puede comparar el gasto anual por estudiante de la educación oficial (entre 3 y 4 millones de pesos) con los más de 10 millones de pesos que gastan la mayoría de familias que pagan educación privada para sus hijos en Colombia. Además, los 1.936.336 estudiantes que asisten a la educación privada, de los cuales cerca de 400.000 son financiados por el Estado mediante educación contratada, no han sido afectados por el paro.

¿Cuál cinturón apretar?

Es verdad que los gobiernos tienen el reto de alcanzar y mantener los equilibrios macroeconómicos y una política fiscal sana, pero esto no se puede realizar en detrimento de los recursos del sector educativo.

No obstante, el Acto Legislativo 01 de 2001 y la Ley 715 de 2001 desligaron los recursos del sector educativo de los ingresos corrientes de la nación (ICN). El resultado se logró: equilibrio fiscal a costa de recortar el presupuesto de la educación. En efecto, se pasó de invertir el 32 por ciento de los ICN en el año 2000 a solo un 22 por ciento en 2016, tal como muestra la siguiente gráfica elaborada con datos del Ministerio de Hacienda.

Es un hecho que los recursos del Estado son limitados, pero en Colombia hace falta una discusión seria acerca de cuáles son las prioridades de gasto y cuáles podrían ser las fuentes de financiación seguras para la educación. La corrupción, la mala gestión de lo público y la informalidad deslegitiman al Estado y atentan contra la financiación del sector social. Y, sin embargo nos negamos a buscar nuevos mecanismos para conseguir y garantizar recursos que permitan pagarles bien a los docentes y contar con escuelas de alta calidad para los niños y jóvenes.

Por: Ángel Pérez