Hace unos días la congresista Clara Rojas radicó un proyecto de ley  para multar hasta con 23 millones de pesos a quien pague por tener relaciones sexuales.

Las mujeres directamente afectadas por esta propuesta son relativamente pocas en relación con el total de la población colombiana (digo “mujeres” porque se trata sobre todo de prostitutas, aunque también hay hombres y personas transgénero que se dedican a esta actividad); pero aunque quienes ejercen la prostitución sean una minoría, el asunto es relevante en el imaginario colectivo –tanto para mujeres como para hombres– y va a despertar fantasmas y a desatar lenguas.

Se van a reciclar argumentos como que la prostitución es el oficio más viejo del mundo, aunque la esclavitud también fue una institución ancestral y el combate de ideas –y algunas guerras civiles– acabaron con ella. Será interesante oír los argumentos de unos y otros:

  • ¿Es un derecho ir de putas?
  • ¿Por qué los clientes de la prostitución son mayoritariamente hombres?
  • ¿Cómo se relaciona el ir de putas con la construcción de la virilidad?
  • ¿Una vez que se ha pagado se puede exigir cualquier cosa a una prostituta?
  • ¿Una mujer infiel es una prostituta?
  • ¿Por qué es un grave insulto tratar a una mujer de “puta” pero ser “seductor” está bien visto?

Las respuestas a este tipo de preguntas serán una buena medida del nivel de desigualdad entre hombres y mujeres en Colombia.

clara rojas
Representante a la Cámara y promotora de la sanción en cuestión, Clara Rojas.
Foto: Flickr ICP Colombia

Una propuesta en una confusa madeja legal

La legislación colombiana sobre prostitución es profusa, difusa y contradictoria. Se superponen códigos de policía, disposiciones del Ministerio de Trabajo, sentencias de la Corte Constitucional, reglamentos locales y leyes nacionales, además de las disposiciones que rigen a los establecimientos y de la legislación sobre la trata de personas.

Con respecto a la prostitución las leyes son coherentes en estos tres puntos:

  1. Las personas que ejercen la prostitución no pueden ser perseguidas por ejercer esta actividad.
  2. La prostitución por parte de menores está penalizada.
  3. Los establecimientos donde opera la prostitución tienen amplias garantías.

Los dos primeros puntos obedecen a políticas de derechos humanos, son objeto de consenso y no se ponen en tela de juicio –salvo por sectores moralistas–.

El tercer punto es de otro orden, tiene que ver con la organización económica de esta actividad. Este tema es polémico y por eso muchos países del mundo (como Francia, Italia y Gran Bretaña) prohíben los burdeles. Incluso donde no se prohíben (Alemania, Suiza) se debaten sus consecuencias negativas para la sociedad y para las mujeres.

En Colombia es muy fácil abrir establecimientos (bares con mujeres, burdeles, lugares destriptease) en torno a los cuales se multiplican las modalidades de la prostitución. Solo en Bogotá hay alrededor de 450 establecimientos de este tipo, y en muchos lugares de Colombia es el único lugar de esparcimiento que existe.

La prostitución, es la mejor opción que encuentran muchas mujeres y personas transgénero en Colombia.

¿Por qué esto no se cuestiona si es allí donde ocurre la mercantilización capitalista del cuerpo de las mujeres, en condiciones de ejercicio opacas y con grandes beneficios económicos para quienes explotan estos cuerpos? La experiencia internacional indica que la existencia de estos lugares produce un aumento del número de prostitutas y alimenta la trata.

La ley que propone Clara Rojas no modifica el marco legal que permite la existencia de estos establecimientos. ¿Qué implicaría entonces la ley? ¿Persecución a los clientes que ronden por las calles pero no a los que estén en los establecimientos? Algo así se aprobó en Escocia, y con esto se penalizó sobre todo a las prostitutas independientes o “de calle”.

Tendría más sentido una ley que frene la creación de estos establecimientos, que son verdaderas instituciones en Colombia (¿o qué pueblo no tiene su parroquia y su burdel?). Para esto se podría partir de preguntas básicas:

  • ¿Es inevitable que existan burdeles?
  • ¿Se puede ejercer la prostitución sin burdeles?
  • ¿Existen otras formas de organización de esta actividad –como las cooperativas, de las que existen ya experiencias internacionales– que la hagan menos explotadora?

Hace falta una revolución social y cultural

Llegamos ahora al nudo del asunto: la prostitución, pese a ser una actividad peligrosa en la cual se sufren vejámenes y violencias, es la mejor opción que encuentran muchas mujeres y personas transgénero en Colombia.

El caso de la prostitución gay es un poco distinto: está circunscrita a los menores de 30 años, no suele funcionar en burdeles y no suele haber proxeneta.

Salvo una pequeña minoría, las prostitutas preferirían otra actividad, siempre y cuando les dé medios suficientes para la subsistencia. La prostitución es una opción económica para muchas que no podrían sostener a sus hijos con los bajísimos salarios nacionales. Es también una manera de escapar de padres o cónyuges violentos. Muchas prostitutas han sufrido abuso sexual, físico y psicológico; lo que viven en la prostitución es menor comparado con lo que han tenido que vivir en sus familias.

Una ley como la que propone Clara Rojas no acabaría con la prostitución porque los factores que la producen son estructurales. Tampoco acabaría con los feminicidios, como sugiere Rojas cuando comenta que en Suecia estos bajaron a cero con la ley de multas. En Colombia los feminicidios ocurren en un contexto de elevados niveles de violencia homicida, violencia intrafamiliar, cultura machista, etc.

Por supuesto, las políticas públicas relativas a la prostitución deben ser elaboradas con las prostitutas, no en lugar de ellas. Ahora bien, si lo que se busca es avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres y de este modo quitarle atractivo a la prostitución lo más importante es:

  • Aumentar significativamente los salarios de las mujeres, y
  • Apoyar un cambio cultural profundo en aras de la igualdad de género.

Estos son dos frentes donde el movimiento feminista colombiano y los sectores progresistas podrían trabajar de la mano. El hecho de que en países como Suecia y Francia hoy no haya casi prostitutas nacionales –pues la prostitución se concentra en la población extranjera– se debe a sus políticas de redistribución del ingreso: existen un salario mínimo adecuado y unos subsidios para las personas sin recursos.

Se debe también al cambio cultural, fruto de años de feminismo. En Colombia la mayoría de las mujeres llegan a la prostitución “por los hijos”, que son a menudo resultado de embarazos no deseados, como lo son el 52 por ciento de los embarazos en el país. La educación sexual en los colegios y la aprobación plena del aborto ayudarían más a evitar la prostitución que una ley bien intencionada como esta.

La experiencia de Francia

El proyecto de ley que propone la representante Clara Rojas no menciona a Francia, que en 2016, después de tres años de debates, aprobó una ley que penaliza a los clientes de prostitutas.

En este país, donde la ley prohíbe los burdeles desde 1946, el proyecto fue presentado por dos diputados de las mayorías de centroizquierda (Partido Socialista) y derecha (Unión por un Movimiento Popular). Fue apoyado por gran parte del movimiento feminista y por ONG que trabajan brindando asistencia a las prostitutas. En ninguno de estos movimientos hay prostitutas en ejercicio.

Los principales oponentes a este proyecto fueron el partido verde, un sector del movimiento feminista y los sindicatos de prostitutas. Estos sindicatos están conformados mayoritariamente por personas francesas que ejercen ocasionalmente la prostitución. Las prostitutas extranjeras –que son el 90 por ciento del total- tuvieron poca voz, pero al ser encuestadas también se opusieron a la ley porque “espanta a los clientes”.

La educación sexual en los colegios y la aprobación plena del aborto ayudarían más a evitar la prostitución.

Después de un año de promulgada sus resultados no son tan contundentes como se esperaba: el número de clientes multados es bajo. Los policías no pierden mucho tiempo en ello, sobre todo porque deben probar el delito y es difícil hacerlo. La prostitución de calle sigue prácticamente igual. Las mujeres nigerianas, búlgaras, rumanas, chinas y las trans latinoamericanas siguen ejerciendo la prostitución en bosques y bulevares, y se siguen quejando por sus bajos ingresos y lo duro del oficio. La prostitución en línea y las acompañantes siguen por fuera del radar.

El aspecto positivo más notable de la ley fue el haber dado pie para hablar en otros términos de la prostitución y para reflexionar acerca del estigma de la “puta”. El aspecto más preocupante es que ha sido motivo de incomprensión y rechazo por parte de quienes ejercen la prostitución, que aún hoy salen a la calle y buscan su derogación. En suma, la función simbólica de la ley ha sido más importante que su función punitiva o de transformación social.

Esta experiencia enseña que no por oponerse al sistema de la prostitución se puede abolir a las prostitutas. Deben darse dos luchas distintas: la primera es luchar junto a las prostitutas para mejorar sus condiciones de vida; la otra es educar para la igualdad, de modo que no den ganas de comprar sexo con una persona en posición de subordinación.

Por: Olga L. González
Doctora en sociología de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París, ha realizado investigaciones sobre prostitución en Colombia, España y Francia.