Acontecimientos de este mes de mayo dejan claro que las políticas del gobierno «UriDuque» no podrán resolver la grave crisis del país, que por el contrario se hunde en unas profundidades con consecuencias inimaginables. Según el periodista Nicholas Casey, de The New York Times, en el artículo «Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, dicen oficiales», hay una directiva militar que podría contener las razones de las amenazas y asesinatos de los líderes sociales, cuyas estadísticas se han disparado con este gobierno. Casey tuvo que abandonar el país ante publicaciones amenazantes, explicando que ha tomado la medida “por las acusaciones falsas que fueron lanzadas por la senadora uribista María Fernanda Cabal, acusándolo de ser pago por las FARC”. El articulista añade en su cuenta de Twitter: «Falsos positivos: los inocentes asesinados en Colombia por militares para cumplir con las cuotas, es una frase que muchos quieren olvidar. Pero las palabras son las que los oficiales de alto nivel están hablando de nuevo”. A estos hechos se agrega que la presión de EEUU para la extradición de colombianos a ese país tiene en vilo el «Proceso de paz de La Habana» –quizás el mayor logro conseguido por el Estado colombiano, evitando la muerte de una cuantía indeterminada de colombianos– exigiendo al Congreso y a la Corte objetar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de la Paz –JEP– y con ello acabar el núcleo principal de la propia JEP.

Pero en materia económica y social las cosas son peores. Según “Transparencia por Colombia”, entre enero de 2016 y julio de 2018 se pusieron en juego, en 207 hechos de corrupción solo reportados por la prensa, cerca de $17,9 billones, el equivalente a la mitad del presupuesto de inversión en el sector educativo. Y la alternativa de los partidos políticos es aprobar en la Cámara de Representantes que los congresistas se repartan el 20 % del presupuesto de inversiones, reviviendo así los auxilios parlamentarios, hoy conocidos como “la mermelada”, ejes de la corrupción.

Otro golpe es el estancamiento de la economía, que en el primer trimestre de este año creció 2.8 %, muy por debajo de las predicciones, y en cuyo componente las actividades que más aumentaron fueron: comercio, gasto del Estado, industria, actividades inmobiliarias y minerales, que aportaron 73 de cada 100 pesos que produjo la economía. Este estancamiento afecta a la generación de empleo y es consecuencia también del pésimo balance del TLC con Estados Unidos, al cumplirse 7 años de su implementación: «Nuestra balanza comercial con esa nación pasó de positiva en 8.990 millones a negativa en 1.702 millones de dólares. Una pérdida de 10.700 millones de dólares. Las exportaciones cayeron a la mitad, el déficit comercial industrial acumulado suma 49.238 millones de dólares, y Colombia se convirtió en el principal comprador de productos agropecuarios norteamericanos en Suramérica», afirmó el senador Jorge Robledo. Y todo será peor de cumplirse lo aprobado –a «pupitrazo limpio»– en el Plan Nacional de Desarrollo, como es la venta de los activos que le quedan al Estado y la profundización de la privatización de los derechos fundamentales y esenciales de la población. ¡Con razón el 60 % del pueblo colombiano desaprueba a «UriDuque»!

Por: José Arlex Arias Arias
Comunicador Social – Periodista
José Arlex Arias Arias