“El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es la base de las políticas gubernamentales de los presidentes de Colombia. Liga las propuestas de los aspirantes a la presidencia con su gestión durante su gobierno. Para ello la Constitución y la Ley han ordenado la práctica de la planeación en Colombia… La práctica de la planeación fue establecida en Colombia a comienzos de los años 1950 en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, con el apoyo de una misión del Banco Mundial: la Misión Currie, emprendida en 1949 por Lauchlin Currie, economista canadiense enviado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo integrante del Banco Mundial, y creado también en los Acuerdos de Bretton Woods de 1944. En 1968, la puesta en marcha de la planeación en Colombia recibió un impulso con la creación del Departamento Nacional de Planeación. La Constitución política de Colombia de 1991 señala que habrá un Plan Nacional de Desarrollo”, explica Wikipedia.

Lo anterior deja claro que estos Planes de Desarrollo son para implementar las propuestas del candidato ganador, que siendo el actual presidente Iván Duque de corte neoliberal, propende en profundizar las grandes desigualdades que ha generado dicho modelo económico, pues se fundamenta en dar más garantías a los inversionistas, a través de rebajarles los impuestos, abaratar la mano de obra y entregarles libertad de tarifas y precios para que recompongan su tasa interna de retorno. En vista de que la rebaja de impuestos a los potentados genera un déficit en el gobierno central, recurre a aumentar los gravámenes a las clases media y pobre y a quitar los subsidios a los servicios públicos esenciales y derechos fundamentales, recurriendo a la argucia del DANE que señala que en Colombia “una persona es de clase media si está ganando al día entre $15.000 y $75.000″, es decir, que si Usted gana más de $450.000 mensuales es de clase media. Por esa vía han desaparecido a los pobres y justifican la disminución o retiro de los subsidios a la luz eléctrica, gas, agua, alcantarillado, salud, educación, etc, e impulsan una nueva estratificación.

Varios sectores han denunciado lo dañino del “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, porque incluye facultades al presidente para modificar la estructura del Estado –liquidaciones y privatizaciones–, así como para modificar el Sistema General de Participación –el Congreso no discutirá el presupuesto de salud, educación, agua potable, ni saneamiento básico–, crear licencias mineras exprés, dar vía libre a la técnica del fracking –que permite triturar la corteza terrestre con infiltración de químicos para la extracción de gas y petróleo–, atentar contra las políticas públicas de la mujer y género, e incluir reformas tributarias, laboral y de pensiones y decretar impuestos entre otros. El Plan de Desarrollo, como lo señaló el senador Robledo, es “un Plan de Subdesarrollo” y por lo antipopular lo van a imponer a “pupitrazo limpio”; esa es la estrategia uribista y para sacarla avante, sin importar llevarse al país por delante, han puesto en la agenda el debate de la “guerra y paz”, mediante la objeción parcial a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, como un verdadero distractor. ¡La defensa del Acuerdo de Paz se debe encadenar a la lucha contra el Plan de Desarrollo con un paro cívico nacional!

Por: José Arlex Arias Arias
Comunicador Social – Periodista
José Arlex Arias Arias