En las instalaciones de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, el señor director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE),
Mauricio Lizcano, compartió una serie de documentos relacionadas con el presupuesto
ejecutado por parte de varias entidades del Estado por concepto de prestación de servicios que en su concepto serían nóminas paralelas por la contratación de personal para los años 2021 y 2022 que ascendería a 4.5 billones de pesos.

De lo manifestado en su consideración, advierte algunas irregularidades encontradas, entre
ellas, se observa una política laxa en la supervisión de contratos de prestación de servicios,
existe similitud en el objeto contractual a realizar a través de prestación de servicios y las tareas propias de los funcionarios de planta y finalmente se constató que algunas personas son beneficiadas de varios contratos en distintas entidades estatales.

El señor Lizcano en su declaración recalcó: “La información brindada hace parte de los datos no verificados de personas que manifestaron presuntas irregularidades sin precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, que en todo caso entrarán a realizar las verificaciones de rigor en el futuro”.

El señor Lizcano manifestó la necesidad de realizar una auditoría sobre estos contratos. La
revisión de los documentos realizados por la Fiscalía establece que una labor de escrutinio fiscal no es competencia del ente acusador por cuanto se desbordan las funciones y competencias de la entidad.

En ese sentido, La Fiscalía General de la Nación remitirá la información a la Contraloría General de la República para que de acuerdo a sus funciones, de considerarlo necesario, establezca la auditoria a los contratos que presenten irregularidades y de encontrarse algún hallazgo se haga la compulsa de copias a la Fiscalía para adelantar las acciones investigativas de carácter penal que procedan.