Primer punto: Reforma rural integral

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Álvaro Morales
Álvaro Morales

Por Álvaro Morales

Miércoles 7 de septiembre de 2016

El actor y productor de cine y televisión de origen italiano, nacionalizado colombiano, Salvo Basile, nos recuerda en una de sus columnas de un capitalino periódico, que sólo el 1,6 % de la población colombiana es poseedora de más de la mitad de la tierra.

Y es que ese bajísimo número de “compatriotas” que acapara la mayor parte de la propiedad de la tierra son los latifundistas y terratenientes que por obvias razones son los que se oponen al Acuerdo de Paz, en especial al Primer Punto del mismo, el de la Reforma Rural Integral, y sobre todo al componente que trata sobre la democratización y uso de la tierra.

En gran parte, ha sido la inequidad en la propiedad, tenencia, o posesión de la tierra el núcleo de los grandes conflictos que ha sufrido y sufre este país; siendo el despojo bajo presión, sobre todo la violenta, la forma como muchos pequeños campesinos productores han sido desarraigados no sólo por los diferentes grupos alzados en armas sino, también, por grandes terratenientes y latifundistas que disfrazados se cobijan bajo el amparo de gremios del sector, y del poder político que han ostentando.

Hasta ahora, muchas han sido las zonas rurales de Colombia vedadas a la paz y tranquilo vivir. Con masacres y presiones armadas, pequeños productores de pancoger fueron despojados y desarraigados de sus predios.

Se propone entonces el componente de Democratización y Uso de la tierra contenido en el primer punto del Acuerdo, el de la Reforma Rural Integral, luchar contra la ilegalidad en la posesión y propiedad de la tierra, evitar el despojo, y levantar una Carta Catastral Rural, inexistente en la actualidad, la cual conllevará a que los grandes propietarios tributen al Estado de acuerdo a la extensión de tierras que posean; y por las cuales nunca lo han hecho, ni mucho menos han contribuido impositivamente con la jurisdicción municipal a la que pertenecen.

Se entienden entonces las razones por las cuales dichos contradictores cobijados en curules de partidos políticos de oposición al gobierno se desgañitan tratando de convencer al pueblo sobre las inconveniencias del Acuerdo incitándolo a votar por el NO en el plebiscito convocado.

Es que de ahora en adelante, una vez implementado el Acuerdo, a terratenientes y latifundistas no sólo les tocará pagar impuestos por la totalidad de sus predios rurales, sino que les tocará restituirlas, si es que no pueden demostrar la manera legal como los adquirieron.

Finalmente, contempla este primer Punto del Acuerdo, entre otros aspectos, atacar el latifundio improductivo, el cual es predominante entre los que poseen las más grandes extensiones en el campo colombiano.

Seguramente, cuando estos tributos comiencen a ingresar a las arcas de cada municipio colombiano, que se esperan sean manejados con pulcritud, servirán para la reivindicación de las tan paupérrimas condiciones y mala calidad de vida en las que han vivido la mayoría de tales entes territoriales del país.


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