En un hecho histórico para Colombia, la plenaria del senado en último debate, aprobó con 77 votos por el sí y o por el no, el proyecto de acto legislativo “por medio del cual se modifica el artículo 34 de la constitución política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable”, el cual permite “De manera excepcional, cuando se cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menor de 14 años, se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua”.

De acuerdo a la exposición de motivos, el fundamento legal para proponer esta modificación fue el artículo 44 de la Constitución Política, el cual señala que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Lo que no se dijo en la exposición de motivos, es que este artículo señala que los niños, además de ser protegidos contra el abuso sexual, también tienen derecho a la vida, la salud, la alimentación, la educación y a ser protegidos contra toda forma de explotación laboral. Sin embargo, según diversos informes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estos derechos no son garantizados por el Estado colombiano.

Infortunadamente, para cumplir compromisos políticos adquiridos durante su campaña, el Presidente de la República y los congresistas que hacen parte de la coalición de gobierno, cuya impopularidad está en el 86%, han aprobado una reforma constitucional populista, ilógica e innecesaria. ¿Por qué si el bien más preciado de las personas es la vida, en adelante, los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales van a tener una pena superior? Además, no es necesaria, habida cuenta que en el país están vigentes leyes como la 599 de 2000, que establece penas de hasta 60 años de prisión y la 1098 de 2006, que prohíbe otorgarle subrogados penales y rebajas de pena con base en preacuerdos y negociaciones a los autores de estos delitos.

En Colombia los únicos violadores de los derechos fundamentales de los niños no son los llamados “violadores”, habría que mirar, ya que se dio el primer paso, la posibilidad de aplicar la prisión perpetua también a los funcionarios públicos y gobernantes que le causan daño, no a un niño, sino a miles de ellos, cuando se apropian de los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), por ejemplo. En este país de hipócritas no importan los niños, si de verdad importaran, los promotores y defensores de esta reforma, deberían empezar por recoger a los niños de todas las ciudades del país, que, en los semáforos, desescolarizados, semidesnudos y hambrientos suplican una moneda para calmar el hambre y el de sus hermanitos.

Por: Luis Ángel Martínez Á.