Procuraduría pidió modificar licitación para contratar vigilantes en colegios de Cartagena

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La Procuraduría General de la Nación pidió a la alcaldía de Cartagena modificar la licitación abierta para adjudicar el servicio de vigilancia en los colegios públicos de la ciudad, contrato que supera los 22 mil millones de pesos.

En desarrollo de su función preventiva, la Procuraduría Provincial de Cartagena detectó algunos puntos de la licitación, convocada por la Secretaría de Educación y que cierra el próximo 21 de febrero, que no se ajustan a lo establecido en los procesos de contratación estatal, fijan exigencias de difícil cumplimiento o no son claros en los requerimientos que se hacen a las empresas licitantes, entre otros.

En lo relacionado con la experiencia que deben demostrar las empresas interesadas, el Ministerio Público consideró que de acuerdo con los procesos de contratación estatal los oferentes pueden acreditar libremente su experiencia, y por lo tanto no es correcto que el pliego de condiciones los limite a certificar como máximo la ejecución de solo dos contratos de similares características.

El órgano de control señaló que se deben aclarar los parámetros establecidos para calificar la formación de las personas que cumplirían las funciones de consultor en seguridad privada, porque las exigencias planteadas hacen que sea casi imposible para los participantes lograr el puntaje exigido. Para la Procuraduría, esa situación lleva a que la calificación se haga de manera subjetiva, afectando el principio de transparencia en la selección.

También solicitó aclarar el punto denominado ‘propuesta técnica’, que otorga una calificación a la propuesta que ofrezca un ahorro en el valor del contrato, porque no fija con claridad las exigencias y requerimientos que deben cumplir los oferentes, lo que podría inducirlos al error.

Para el Ministerio Público, es necesario que la alcaldía haga los ajustes necesarios a la licitación, porque tal como está planteada no permite la pluralidad de oferentes ni el cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad, legalidad y libre concurrencia en la contratación pública.


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